José Luis Peralta recuerda 20 años después con tristeza el momento en que las autodefensas y la guerrilla sometieron su pueblo a la violencia. Reseña que aquellos bombardeos, secuestros y asesinatos que mancharon la tierra de Las Minas de Iracal, corregimiento de Pueblo Bello, marcaron su vida y también la de su familia.

“Desde joven crecí en el campo sembrando café, pero las Farc y las Auc comenzaron a llegar con amenazas a la finca de mi papá, disminuyendo así la cosecha. Desde entonces los secuestros y asesinatos, que cercaron al pueblo, sembraron el miedo y mis padres se enfermaron ante tanta atrocidad, porque veíamos constantemente gente plagiada, asesinada y amenazada al igual que nosotros”, expresó Peralta, asesor en la Mesa de Víctimas Departamental Cesar.

Escenarios de amenaza como los de José Luis Peralta, hacen parte de las 314.000 víctimas en el Departamento de Cesar que esperar resarcir sus derechos mediante la Ley 1448 de 2011, la cual consiste en el reconocimiento a las víctimas y devolverles la dignidad que históricamente perdieron a causa de la violencia.

La ordenanza de esta ley permitió a las víctimas crear desde la Mesa Departamental de Víctimas (MDV) proyectos de desarrollo que incentivarán el cumplimiento de los objetivos propuestos en la citada ley.

Actualmente en el Cesar, mediante esta Mesa se está trabajando en incrementar en la población rural la actividad agropecuaria mediante el desarrollo de un plan pactado entre el Ministerio de Trabajo y la Organización de Naciones Unidas (PNUD), teniendo en cuenta que esta parte fue la que mayor incidencia de afectación presentó durante la guerra.

De acuerdo a Peralta, exrepresentante y asesor de la MDV, como parte de esta iniciativa se sembrará en las tierras del corregimiento de San José de Oriente, jurisdicción de La Paz, Cesar, 65 hectáreas de lulo, plátano hartón y aguacate hass. Asimismo, 800 de cebada, plátano y cacao, que beneficiarán a 130 familias.

“Aunque todavía hay que trabajar por las víctimas en todas las áreas de su condición de vulnerabilidad que establece el decreto de la ley 1448, es urgente restaurar y aumentar a partir de esta ley y el nuevo proceso de paz la vida, laboral agropecuaria, ya que el conflicto armado nos afectó considerablemente nuestra actividad, que vimos disminuir o desaparecer nuestras cosechas.”, afirmó Peralta.

Otra iniciativa que benefició esta población se presentó a finales de diciembre del año anterior, donde 80 familias de los municipios de Curumaní, Pailitas y Astrea, hicieron parte del proyecto Unidades Productivas Ovinas. El proyecto se desarrolló en el marco de la implementación de política pública establecida por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que buscó el apoyo de entidades territoriales para la atención y reparación de las víctimas del conflicto forzado a nivel nacional.

En ese sentido, el gobernador del Cesar, Francisco Ovalle Angarita, disponía de un monto de $400 millones, que serían sumados a $ 969 millones aportados por la Unidad de Victimas y cinco millones de cada municipio, para un total $1.385 millones, para el desarrollo de dicho proyecto en los tres municipios mencionados.

Ambas iniciativas enfocadas a restaurar el factor socioeconómico de todas las víctimas del conflicto armado colombiano en la región.

En el Cesar, según el Registro Único de víctimas hay 314.099 víctimas, ocasionadas de distintos hechos como desplazamiento forzado, homicidio, pérdida de bienes, desaparición, secuestro, amenazas, minas antipersonal, perdida de inmuebles, entre otros.

Según la Unidad para las Víctimas, en Las Minas de Iracal se registraron un poco más de 70 asesinatos, establecidos por grupos paramilitares, numerosos casos de violencia sexual, pérdida de liderazgos, eventos masivos de desplazamiento.

Día de las Víctimas

La ley 1448 de reparación, no solo propició acciones de restablecimiento de los derechos de las víctimas sino que también generó un cambio en la memoria colectiva en la región, indicando además que a partir de 2012, todos los 9 de abril se celebra en el territorio nacional el ‘Día Nacional de Memoria y Solidaridad con las Víctimas’, fecha en la que el gobierno colombiano desde entonces se comprometió a realizar eventos de conmemoración de los hechos que victimizaron a quienes sufrieron el conflicto armado.

Esta fecha fue escogida a causa del recordado ‘bogotazo’ que marcó los vestigios de la violencia en el país, durante el homicidio del excandidato presidencial, Jorge Eliécer Gaitán Ayala, el de abril de 1948.

No obstante, después de medio siglo del comienzo de la era más violenta en el país, las víctimas del conflicto armado en Colombia recibieron el 26 de septiembre del año anterior la noticia de la firma del proceso de paz entre el Estado nacional con las Farc.

Contexto sociopolítico, que algunas víctimas del Cesar miran con entusiasmo y otras como la oportunidad de que las administraciones gubernamentales se comprometan aún más con las víctimas.

“Los que somos víctimas de esta guerra en donde no podíamos dormir tranquilos o presenciamos como se nos llevaban y asesinaban a los amigos o familiares, que nos tocó lo más amargo de escuchar explotar minas, sonar balas y ver secuestros, se le hace a veces difícil a las otras personas entender porque algunas perdonamos y otros no. Pero es de respeto entender que no todos enfrentamos las secuelas que esto deja de la misma manera.

Personalmente yo perdoné, veo la oportunidad de reconstruir el campo y las cosechas que alguna vez sembré con mis padres para empezar de nuevo”, puntualizó José Luis Peralta.

En los acuerdos establecidos por el gobierno nacional con las Farc existe un eje expeditivo exclusivo para las víctimas llamado, Justicia, Reparación y Verdad para las Víctimas, que consiste en que sean reparadas y que se conozca la verdad de lo que pasó en la guerra con el principio que “deberá repararse el daño causado y restaurarse cuando sea posible”.

Este sistema judicial tiene cinco órganos, encabezados por un Tribunal para la Paz, compuesto por 20 magistrados, que tendría la última palabra en las sanciones que recibirían los culpables de delitos graves.

En ese aspecto, la directora de la Unidad de Atención a Víctimas del Cesar y La Guajira, Juana Ramírez, aseguró que siendo las víctimas el centro de la paz, como lo dijo en su momento el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, es fundamental que la institucionalidad trabaje en la transformación de las costumbres políticas para reconstruir el tejido social y darles a las víctimas no solo el debido proceso de satisfacción sino también esa paz estable y duradera.

Por su parte, Mara Nieto, acotó “aún falta mucho por trabajar en sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de que nos ayuden a integrarnos como una comunidad, que los derechos sean totalmente reivindicados.

Y que haya más compromiso dado que aún notamos como van asesinados 126 líderes sociales y 580 amenazas contra los que están vivos. Sin duda falta que se apropien más por construir un verdadera paz, porque nosotros como víctimas somos los primeros que la queremos materializar”, puntualizó Nieto, a quien le asesinaron su hermano y aún desconoce a los responsables del crimen.

Ante estas dos situaciones transcendentales para las víctimas de la violencia en Colombia, en el departamento del Cesar el Coordinador de la Mesa Departamental de las Víctimas, Nicolás Baute, indicó que es necesario que las víctimas siendo un colectivo importante en el proceso de paz se abran al diálogo y reconciliación que atraviesa el país. Recordó además que es necesario que los dirigentes continúen haciendo efectivo el cumplimiento de los derechos de las víctimas establecidos en la Ley 1448, que establece la reivindicación de sus derechos.

Por Jennifer Polo / EL PILÓN