El contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, visitó a Valledupar el pasado martes y participó en el foro ‘El Cesar frente a la corrupción’, que fue convocado por esta Casa Editorial, en el que hizo múltiples pronunciamientos que generaronreacciones a nivel nacional.

Decir que “el debate sobre corrupción decidirá quién será el próximo Presidente del Colombia”, hizo que los medios de comunicaciónnacionales le dieran despliegue a la aseveración de Maya Villazón.

Sobre el Cesar, advirtió que el máximo órgano de control fiscal encontró a los mismos contratistas que en otras regiones del país tienen inconvenientes, por no cumplir con lo pactado en la contratación.

“El gasto público en Colombia es hoy elevado. Lo que hay es plata y lo que hay que hacer es manejarla bien. Y lo que tenemos que hacer los servidores públicos es una sola cosa: cumplir con nuestro deber: en la vigilancia, en el trámite de las licitaciones y en las funciones del cargo”, destacó Edgardo Maya Villazón.

De manera exclusiva, EL PILÓN tuvo acceso a la información de casos que son investigados por la Contraloría General de la República en el Cesar, entre los cuales se destacan la pavimentación de vías terciarias en las zonas corregimentales de Chiriguaná y San Martín e indicios de corrupción en La Jagua de Ibirico y otros municipios.

Caso Galofre

La Contraloría General de la República advierte que en el Cesarparece haberse convertido en práctica administrativa, la celebración de contratos con contratistas foráneos, es decir, que no pertenecen a la región, y quienes finalmente, como lo ha evidenciado el ente de control, terminan incumpliendo y causando un daño al erario del departamento.

Denuncia el caso del contrato de obra que en diciembre del 2009 celebró la Gobernación del Cesar con una Unión Temporal representada por Mauricio Galofre Amín, para la pavimentación de vías terciarias en las zonas corregimentales de los municipios de Chiriguaná y San Martín.

A este proceso, la Contraloría lo sigue de cerca por las irregularidades e incumplimientos al contrato de obra por valor de 4.760 millones de pesos, de los que posiblemente se malgastaron el anticipo del 25 %, equivalente a 1.467 millones de pesos.

En los próximos días Edgardo Maya Villazón tomará decisiones de fondo dentro del proceso que le tiene abierto.

¿Qué pasó en La Jagua de Ibirico?

Un “capítulo aparte”, así calificó el contralor Maya Villazón los hechos que sucedieron en el municipio de La Jagua de Ibirico.

Según explicó el Contralor, durante las vigencias 2012, 2013 y 2014 en dicha población ubicada en el centro del Cesar se gastaron más de 127.000 millones de pesos en proyectos de vivienda de interés social. Solamente en uno, durante la administración de Didier Lobo Chinchilla, invirtieron recursos por más de 35.000 millones, cuando el Gobierno Nacional, para la misma época, estaba financiando los proyectos de este tipo de vivienda, a los que la administración municipal hubiera podido acceder.

“Resulta entonces muy difícil de entender cómo, La Jagua de Ibirico, teniendo una menor población, resultó invirtiendo sus recursos en una política que no solo el Gobierno Nacional hubiera podido financiar, sino en cuantías muy superiores a las destinadas por otros municipios de mucha más población”, advirtió Maya Villazón.

Denunció que en el marco del Programa de Alimentación Escolar evidenciaron hallazgos por 1.169 millones. Por la contratación de kits y paquetes nutricionales, le iniciaron procesos fiscales por más de 2.384 millones, por sobrecostos y servicios pagados por encima de los precios de mercado.

“A manera de ejemplo y para ilustrar lo comprobado por la Contraloría, la Alcaldía de La Jagua de Ibirico pagó por cada libra de harina 2.250 pesos, cuando una libra de harina en el mercado, para la época de los hechos, era de 1.370 de pesos; se pagó por una avena 4.596 pesos, cuando su precio real era de 1.980 pesos, que al final, multiplicado por todos los kits contratados y por todos los meses que duró la contratación, representa una pérdida de recursos por más de 2.000 millones de los cesarenses”, señaló el Contralor General de la República.

Por estos hechos, la Contraloría dio instrucciones a la gerencia en Valledupar y a la Unidad Anticorrupción, priorizar los asuntos donde se evidenciaron actos de corrupción en La Jagua de Ibirico, Alcaldía que en el pasado cuatrenio recibió los recursos de regalías más altos de su historia, y fue el municipio que a nivel nacional recibió más recursos provenientes de regalías, que antes venían suspendidas o ‘congeladas’, como las llamaron.

Otros municipios

Pero la Contraloría General de la República tiene evidencias que además de la Gobernación del Cesar, en su capital Valledupar y en municipios como La Jagua de Ibirico, se han establecido actos de corrupción, y hallazgos fiscales por la ineficiente gestión fiscal. En la lista de investigaciones aparece el caso de Becerril, Aguachica y Agustín Codazzi, entre otros, en lo que también se determinó cuantiosos hallazgos que hoy son objeto de investigación.

Por ejemplo, en junio del año pasado, como resultado de una auditoría a los recursos del Sistema General de Participaciones ejecutados por la Gobernación Departamental, se establecieron hallazgos con alcance fiscal, en cuantía de 3.325 millones de pesos.

Durante una investigación adelantada en Becerril, sobre los recursos de regalías correspondientes a las vigencias 2012 a 2015, el ente de control pudo establecer que de los más de 59.000 millones incorporados al presupuesto por regalías, más del 66% se gastó en contratos y proyectos de inversión.

Al municipio la Contraloría le dio concepto desfavorable por no haber cumplido con los principios generales de administración pública, como son los de economía, eficiencia, eficacia y equidad.En el 2010, el Departamento Nacional de Planeación le había suspendido los giros al municipio. Sin embargo, esta medida fue levantada en el año 2012, y entre 2012 y 2014 le asignaron e incorporaron al presupuesto recursos de regalías por 100.726 millones de pesos.

En el caso de Aguachica, la Contraloría General de la República estableció hallazgos fiscales por 849 millones, entre los cuales se destacan las irregularidades y conductas punibles en la contratación y operación del Programa de Alimentación Escolar, hechos que dieron con la captura del alcalde Henry Alí Montes y otros funcionarios de la administración municipal.

En esa localidad ubicada al sur del Cesar, evidenciaron mayores valores pagados por raciones, kits nutricionales, atención a la primera infancia y adolescencia, y unas jornadas de recreación con adulto mayor, de las que no hay ningún tipo de registro que soporte que las mismas se hayan llevado a cabo; de lo que sí hay registro es de los pagos, que sí se hicieron por dicho concepto, indica la Contraloría.

En Agustín Codazzi evidenciaron hallazgos en cuantía de898 millones, relacionados no solo con el Programa de Alimentación Escolar, sino también con las dotaciones de los Centros de Desarrollo Infantil – CDI.

En dicho municipio se gastaron “de manera aberrante” los recursos del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia, al contratar con sobreprecios “enormes” la compra de muñecas de trapo, pelotas para piscinas y pelotas ortopédicas, así como en armarios, sillas y caballitos de madera, generando, solo por estos conceptos, un presunto detrimento patrimonial por más de 230 millones.

En Agustín Codazzi detectaron hallazgos en cuantía de 898 millones, relacionados con el Programa de Alimentación Escolar y con las dotaciones de los Centros de Desarrollo Infantil – CDI.

“Es un tema de actitud ciudadana y de cultura. Quienes se criaron en un ambiente corrupto y mafioso, se mueren siendo corruptos y mafiosos, porque fue el ejemplo que vieron. Si usted es criado en un hogar honesto, sencillo, con dignidad, transmite eso de mayor”: Edgardo Maya Villazón.

El contralor Edgardo Maya Villazón denominó como “capítulo aparte”, los hechos que sucedieron en La Jagua de Ibirico durante las vigencias 2012, 2013 y 2014.

Por Carlos Mario Jiménez
[email protected]