Ante el contralor general Edgardo Maya Villazón, uno de los veedores ciudadanos del Cesar dijo que la falta de acceso a la información impide a la ciudadanía hacer objeciones en caso de no encontrar viables los proyectos contratados por los gobernantes de turno.
Como positivo fue calificado el foro ‘El Cesar frente a la Corrupción’ realizado por el diario EL PILÓN, donde además de contar con la presencia de los mandatarios de Valledupar y el Cesar, así como el contralor Edgardo Maya Villazón, la comunidad tuvo un espacio a través de la veeduría ciudadana de los recursos de regalías del departamento y el municipio, quienes dieron a conocer una serie de denuncias sobre las obras que se ejecutan actualmente y que presentan algunas falencias en el tema de contratación.
A través de Alcibiades Varela que con su discurso dejó en silencio al auditorio por la seriedad e importancia de los temas tratados, la veeduría presentó un informe sobre importantes obras que se llevan a cabo en el departamento y que presentan algunas irregularidades en su ejecución y contratación.
Con esto, los veedores quieren que en el futuro se implementen acciones en torno a mejorar la gestión contractual de quienes administran los recursos públicos. Aseguran además que la gestión pública no se hace de manera transparente, pues la información que debe ser pública no lo es para conocimiento de la ciudadanía, debido a que no hay libre acceso a los documentos que sustentan la aprobación de un proyecto registrado en el Banco de
Proyectos del Sistema General de Regalías.
“Con esto se impide que la ciudadanía pueda pedir aclaraciones a los planteamientos de la administración, lo que hace que a nivel de planeación se tengan talanqueras para el control social, que nos impiden incidir en la orientación de los recursos públicos”, expresó Alcibíades Varela.
Así mismo dejaron ver que muchas veces los diseños y presupuestos contratados no corresponden a lo que se ejecuta, porque a través de actas modificatorias se termina cambiando lo inicial y por consiguiente eso conlleva a requerir más recursos que de no apropiarse se podría estar frente a una obra inconclusa.
“Es el caso del CDT pesquero, el cual se desfinanció para orientar recursos a fin de terminar el CDT ganadero. En el Secop no se publican este tipo de actas, ni las debidas motivaciones que generaron tales modificaciones. Lo mismo ocurre con la adición de contratos”, acotó el veedor ciudadano.
Uno de los ejemplos que puso Varela, quien aseguró además que tiene los soportes de su denuncia, es el caso de la Universidad Nacional que se construye en el municipio de La Paz. Según los registros del Secop, tomados el 4 de marzo de 2017, el plazo del contrato de la construcción del campus terminó el 29 de diciembre del año pasado, según adicional del 26 de julio de 2016 publicado hasta el 17 de noviembre, pero la veeduría visitó el proyecto y recibieron la información de que se suscribió una prorroga hasta el 14 de mayo de 2017, la cual no se encuentra publicado aún.
“Aquí como que no planifican las obras antes de hacerlas, hacen los diseños para después cambiarlos, no los publican en ninguna parte, donde la ciudadanía pueda ingerir. Al Contralor le pedimos que tenga más en cuenta el tema del control social y que trabajáramos en conjunto sobre eso, y que cuando nosotros como veedores ciudadanos hagamos una denuncia nos comuniquen los resultados porque muchas veces no nos responden”, puntualizó Alcibíades Varela.
Otra denuncia está relacionada con el Estadio Armando Maestre Pavajeau, al cual se le hizo una adición del 50% para incluir la tribuna oriental, cuando esta no hacía parte de la etapa 1. “Esta tribuna está inconclusa. Y posteriormente se hace contrato para obras complementarias, como la iluminación, la cual debió incluirse desde el inicio del contrato”, acotó.
“En eventos como estos, uno encuentra que realmente hay motivación para luchar contra el flagelo de la corrupción. Fue muy didáctica la presentación y eso lógicamente creará más conciencia en todos los asistentes y en todos los que podamos llegar de aquí en adelante para que hagamos más visibles todas las inversiones públicas y contrataciones. En la manera en que podamos hacer visible estas actuaciones ayudaremos de manera eficiente y eficaz a que los responsables de la inversión puedan detener actos de corrupción, es decir que puedan beneficiarse particularmente con los dineros de todos”, expresó María Clara Quintero, miembro del consejo editorial de EL PILÓN.
En lo que se refiere a la etapa de planeación y de apropiación de recursos, la veeduría pidió a quienes tienen la competencia de revisar y aprobar los proyectos, ser más estrictos con respecto a la estructuración de los mismos y no se limiten a chequear un listado de requisitos y así no tener más obras inconclusas o sin responsables de su operación y mantenimiento una vez sean entregadas.
“Solicitamos a las administraciones e interventores mayor exigencia para el cumplimiento de las especificaciones contratadas y del plazo de ejecución, excepto por causas imprevistas o de fuerza mayor”, indicó Varela.
Otro caso denunciado es el diseño de la Plaza de Banderas de la Gobernación del Cesar, en el cual no tuvieron en cuenta los diseños de la vía y de espacio público de la avenida Fundación que había realizado el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar, Siva, lo que obligará a hacer ajustes a los mismos, al menos en las carreras 12 y 14.
Estas denuncias llamaron la atención del contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, quien pidió al veedor ciudadano una copia del informe presentado durante el foro para analizarlo.
A corregir errores
Los mandatarios de Valledupar y el Cesar no refutaron lo expresado por la veeduría ciudadana. Sin embargo el alcalde Augusto Ramírez Uhía aseguró que su gobierno decidió ser abierto a la participación ciudadana, porque le rinde cuentas al pueblo y firmó el Pacto de la Transparencia.
“Somos un gobierno transparente porque también acabamos la corrupción en la Secretaría de Tránsito Municipal, erradicando las malas prácticas, avanzando por buen camino. Como gobierno estamos dispuestos a reconocer donde nos hemos equivocado, a corregir y a seguir trabajando. Nos han elegido para servirles a los ciudadanos, para nosotros los recursos públicos son sagrados. Estamos comprometidos para que lo público sea eficaz y las obras se vean y el dinero de los ciudadanos se vea invertido en bienestar social”, acotó el mandatario de los vallenatos.
Ramírez Uhía también se refirió al foro ‘El Cesar frente a la corrupción’ y dijo que su administración celebra espacios de interlocución como este, para ahondar en las buenas prácticas de gobierno y transparencia.
“Recordamos que recibimos un municipio con muchas dificultades, en ley 550, en rezago de recaudo, con muchos problemas pero con muy pocos recursos, sin embargo en este año hemos multiplicado los recursos públicos, que son sagrados y por eso los invertimos donde más se necesitan, construyendo obras para el bienestar de toda Valledupar”, puntualizó el alcalde.
Pronunciamiento del gobernador
El gobernador del Cesar, Francisco Ovalle Angarita, dijo durante su participación en el Foro ‘El Cesar frente a la corrupción’, que su sentido de ser es respetar los valores dentro del plan de ejecución de su gobierno.
“Celebramos que en nuestro departamento se propicien diálogos de participación, donde las veedurías ciudadanas fueron importantes, los medios de comunicación y los organismos de control, para revisar la importancia de los recursos públicos”, destacó Ovalle Angarita.
Aclaró que con la división en dos grupos del Programa de Alimentación Escolar, con igual número de contratistas, mejoró la entrega de alimentos a unos 154.000 niños en 1.020 instituciones educativas de 24 municipios del departamento.
Sobre la Universidad Nacional refirió que espera en mayo próximo recibir la primera etapa de la obra terminada, así realizar el primer consejo superior universitario y crear la vida jurídica, con el fin de abrir el establecimiento educativo en el segundo semestre y recibir 2.100 estudiantes, con recursos que pueda brindar el Ministerio de Hacienda.
Según la denuncia de la veeduría, en algunas ocasiones las adiciones que se le hacen a los contratos, estas perecen corresponder a criterios personales y no técnicos de la administración de turno, como lo ocurrido con la plazoleta de la Gobernación del Cesar, que no tuvo en cuenta los diseños de la vía que ahora interviene el Siva.
Andreina Bandera/ EL PILÓN
[email protected]
Ante el contralor general Edgardo Maya Villazón, uno de los veedores ciudadanos del Cesar dijo que la falta de acceso a la información impide a la ciudadanía hacer objeciones en caso de no encontrar viables los proyectos contratados por los gobernantes de turno.
Como positivo fue calificado el foro ‘El Cesar frente a la Corrupción’ realizado por el diario EL PILÓN, donde además de contar con la presencia de los mandatarios de Valledupar y el Cesar, así como el contralor Edgardo Maya Villazón, la comunidad tuvo un espacio a través de la veeduría ciudadana de los recursos de regalías del departamento y el municipio, quienes dieron a conocer una serie de denuncias sobre las obras que se ejecutan actualmente y que presentan algunas falencias en el tema de contratación.
A través de Alcibiades Varela que con su discurso dejó en silencio al auditorio por la seriedad e importancia de los temas tratados, la veeduría presentó un informe sobre importantes obras que se llevan a cabo en el departamento y que presentan algunas irregularidades en su ejecución y contratación.
Con esto, los veedores quieren que en el futuro se implementen acciones en torno a mejorar la gestión contractual de quienes administran los recursos públicos. Aseguran además que la gestión pública no se hace de manera transparente, pues la información que debe ser pública no lo es para conocimiento de la ciudadanía, debido a que no hay libre acceso a los documentos que sustentan la aprobación de un proyecto registrado en el Banco de
Proyectos del Sistema General de Regalías.
“Con esto se impide que la ciudadanía pueda pedir aclaraciones a los planteamientos de la administración, lo que hace que a nivel de planeación se tengan talanqueras para el control social, que nos impiden incidir en la orientación de los recursos públicos”, expresó Alcibíades Varela.
Así mismo dejaron ver que muchas veces los diseños y presupuestos contratados no corresponden a lo que se ejecuta, porque a través de actas modificatorias se termina cambiando lo inicial y por consiguiente eso conlleva a requerir más recursos que de no apropiarse se podría estar frente a una obra inconclusa.
“Es el caso del CDT pesquero, el cual se desfinanció para orientar recursos a fin de terminar el CDT ganadero. En el Secop no se publican este tipo de actas, ni las debidas motivaciones que generaron tales modificaciones. Lo mismo ocurre con la adición de contratos”, acotó el veedor ciudadano.
Uno de los ejemplos que puso Varela, quien aseguró además que tiene los soportes de su denuncia, es el caso de la Universidad Nacional que se construye en el municipio de La Paz. Según los registros del Secop, tomados el 4 de marzo de 2017, el plazo del contrato de la construcción del campus terminó el 29 de diciembre del año pasado, según adicional del 26 de julio de 2016 publicado hasta el 17 de noviembre, pero la veeduría visitó el proyecto y recibieron la información de que se suscribió una prorroga hasta el 14 de mayo de 2017, la cual no se encuentra publicado aún.
“Aquí como que no planifican las obras antes de hacerlas, hacen los diseños para después cambiarlos, no los publican en ninguna parte, donde la ciudadanía pueda ingerir. Al Contralor le pedimos que tenga más en cuenta el tema del control social y que trabajáramos en conjunto sobre eso, y que cuando nosotros como veedores ciudadanos hagamos una denuncia nos comuniquen los resultados porque muchas veces no nos responden”, puntualizó Alcibíades Varela.
Otra denuncia está relacionada con el Estadio Armando Maestre Pavajeau, al cual se le hizo una adición del 50% para incluir la tribuna oriental, cuando esta no hacía parte de la etapa 1. “Esta tribuna está inconclusa. Y posteriormente se hace contrato para obras complementarias, como la iluminación, la cual debió incluirse desde el inicio del contrato”, acotó.
“En eventos como estos, uno encuentra que realmente hay motivación para luchar contra el flagelo de la corrupción. Fue muy didáctica la presentación y eso lógicamente creará más conciencia en todos los asistentes y en todos los que podamos llegar de aquí en adelante para que hagamos más visibles todas las inversiones públicas y contrataciones. En la manera en que podamos hacer visible estas actuaciones ayudaremos de manera eficiente y eficaz a que los responsables de la inversión puedan detener actos de corrupción, es decir que puedan beneficiarse particularmente con los dineros de todos”, expresó María Clara Quintero, miembro del consejo editorial de EL PILÓN.
En lo que se refiere a la etapa de planeación y de apropiación de recursos, la veeduría pidió a quienes tienen la competencia de revisar y aprobar los proyectos, ser más estrictos con respecto a la estructuración de los mismos y no se limiten a chequear un listado de requisitos y así no tener más obras inconclusas o sin responsables de su operación y mantenimiento una vez sean entregadas.
“Solicitamos a las administraciones e interventores mayor exigencia para el cumplimiento de las especificaciones contratadas y del plazo de ejecución, excepto por causas imprevistas o de fuerza mayor”, indicó Varela.
Otro caso denunciado es el diseño de la Plaza de Banderas de la Gobernación del Cesar, en el cual no tuvieron en cuenta los diseños de la vía y de espacio público de la avenida Fundación que había realizado el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar, Siva, lo que obligará a hacer ajustes a los mismos, al menos en las carreras 12 y 14.
Estas denuncias llamaron la atención del contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, quien pidió al veedor ciudadano una copia del informe presentado durante el foro para analizarlo.
A corregir errores
Los mandatarios de Valledupar y el Cesar no refutaron lo expresado por la veeduría ciudadana. Sin embargo el alcalde Augusto Ramírez Uhía aseguró que su gobierno decidió ser abierto a la participación ciudadana, porque le rinde cuentas al pueblo y firmó el Pacto de la Transparencia.
“Somos un gobierno transparente porque también acabamos la corrupción en la Secretaría de Tránsito Municipal, erradicando las malas prácticas, avanzando por buen camino. Como gobierno estamos dispuestos a reconocer donde nos hemos equivocado, a corregir y a seguir trabajando. Nos han elegido para servirles a los ciudadanos, para nosotros los recursos públicos son sagrados. Estamos comprometidos para que lo público sea eficaz y las obras se vean y el dinero de los ciudadanos se vea invertido en bienestar social”, acotó el mandatario de los vallenatos.
Ramírez Uhía también se refirió al foro ‘El Cesar frente a la corrupción’ y dijo que su administración celebra espacios de interlocución como este, para ahondar en las buenas prácticas de gobierno y transparencia.
“Recordamos que recibimos un municipio con muchas dificultades, en ley 550, en rezago de recaudo, con muchos problemas pero con muy pocos recursos, sin embargo en este año hemos multiplicado los recursos públicos, que son sagrados y por eso los invertimos donde más se necesitan, construyendo obras para el bienestar de toda Valledupar”, puntualizó el alcalde.
Pronunciamiento del gobernador
El gobernador del Cesar, Francisco Ovalle Angarita, dijo durante su participación en el Foro ‘El Cesar frente a la corrupción’, que su sentido de ser es respetar los valores dentro del plan de ejecución de su gobierno.
“Celebramos que en nuestro departamento se propicien diálogos de participación, donde las veedurías ciudadanas fueron importantes, los medios de comunicación y los organismos de control, para revisar la importancia de los recursos públicos”, destacó Ovalle Angarita.
Aclaró que con la división en dos grupos del Programa de Alimentación Escolar, con igual número de contratistas, mejoró la entrega de alimentos a unos 154.000 niños en 1.020 instituciones educativas de 24 municipios del departamento.
Sobre la Universidad Nacional refirió que espera en mayo próximo recibir la primera etapa de la obra terminada, así realizar el primer consejo superior universitario y crear la vida jurídica, con el fin de abrir el establecimiento educativo en el segundo semestre y recibir 2.100 estudiantes, con recursos que pueda brindar el Ministerio de Hacienda.
Según la denuncia de la veeduría, en algunas ocasiones las adiciones que se le hacen a los contratos, estas perecen corresponder a criterios personales y no técnicos de la administración de turno, como lo ocurrido con la plazoleta de la Gobernación del Cesar, que no tuvo en cuenta los diseños de la vía que ahora interviene el Siva.
Andreina Bandera/ EL PILÓN
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