Un frondoso árbol de Cañaguate es el principal testigo de la tragedia que vivió Matilde Epiayú. A tres metros, una casa de bahareque con techo de zinc oxidado y una terraza construida en madera devorada por el comején, le hacen sacar varias lágrimas a la robusta mujer.

Irrumpe en llanto cada vez que recuerda la muerte de sus dos hermanos a manos de un grupo armado ilegal. Desde ese día su vida cambió porque tuvo que dejar todo lo que un día construyó a punta de sudor. No le importó la inclemencia de la noche de un 17 de junio de 2013 para huir del miedo. Las oscuras trochas y el ruido de los animales de monte no fueron inconvenientes para su desesperado éxodo. Quiso poner su vida a salvo mientras los cadáveres de sus hermanos Tomás y Ricardo yacían en una zona enmontada, cerca de Nuevo Espinal, una comunidad wayuu, a 45 minutos del municipio de Barrancas, en La Guajira.

Cada uno registraba un tiro de fusil en la cara. Nadie supo quién fue porque “el que abriera la boca se moría”, tal como aseguró uno de los al menos 100 habitantes que regresó a su tierra natal después de vivir en carne propia el flagelo del desplazamiento forzado.

Ayer no fue un día cualquiera para ellos porque recuperaron su territorio ancestral, a través de un fallo que constituye la titularidad sobre más de 466 hectáreas tal como lo admitió el Tribunal Superior de Cartagena después de un proceso de más de dos años que inició en 2014 con una demanda interpuesta por la Unidad de Restitución de Tierras.

Y mientras se desarrollaba el protocolo por parte del director de la Unidad en el Cesar y La Guajira, Jorge Chávez Perdomo, a un lado de la ceremonia, Matilde Epiayú irrumpió en lágrimas al recordar su tragedia que dejó a un lado más de 25 años de historia en la comunidad indígena de Nuevo Espinal. Mira a su alrededor y asegura que “llegó la hora de retornar al medio donde me crié”.

“Mis hermanos los mataron cuando regresaban de trabajar en la finca llamada ‘Abre El Ojo’ en donde laboraban como motosierristas, eso fue como a las seis de la tarde yo ese día estaba de viaje y cuando regresé, encontré la noticia, no supe qué hacer, lo que se me ocurrió fue huir porque posiblemente vendrían por nosotros. Me fui para Hatonuevo con mis tres hijos y mi esposo, es la hora y todavía no sabemos por qué los mataron”, recordó la mujer, mientras camina 300 metros de un sendero enmontado hacia el lugar en donde creció.

El panorama era deprimente: una casa de barro abandonada y devorada por la maleza, con ventanas aprisionadas con cartón y zinc, con solo el esqueleto de una terraza construida en madera que parece caerse a pedazos. Ahí estaban los recuerdos de doña Matilde, que irrumpe de nuevo en llanto para contar su desdicha.

“A mí siempre me ha gustado vivir en el monte, criar chivos y gallinas, de esos vivimos, cuando nos fuimos todo desapareció, a veces hago chinchorros y mochilas para vender. Yo nací en Hatonuevo pero a los siete años me trajeron para acá y voy a regresarme para vivir en Nuevo Espinal”, aseguró la mujer, quien celebra el fallo del Tribunal Superior de Cartagena.

El proceso

Jorge Chávez Perdomo, como de la cabeza de la Unidad de Restitución de Tierras seccional Cesar- Guajira, lideró el proceso que hoy le permite a más de 100 familiar retomar la confianza para volver a sus territorios ancestrales.

“Estamos en la tarea de reconocer el derecho a la restitución a una comunidad indígena, a través de la Unidad de Restitución de Tierras, a la fecha hemos efectuado cuatro actos similares en todo el país y lo seguiremos haciendo, en esta oportunidad ofrecemos todas las garantías para que esta comunidad wayuu para que en su totalidad retornen a sus territorios. Ellos le dan un valor colectivo a sus territorios, diferente al campesino que la trabaja de manera individual, eso hace parte del proceso porque sin sus terrenos los indígenas comienzan a perder su identidad y al huir tienen que trabajar en algo que no saben hacer”.

Recalcó que “son cien familias las que esperamos retornen en su totalidad, con esta sentencia se abren las puertas a que estos hechos de violencia ocurridos en Nuevo Espinal quedaran como una verdad porque judicialmente ninguna autoridad la había probado”, puntualizó.

Después de sufrir el reasentamiento de su territorio por la fuerte actividad minera que se adelanta en el departamento de La Guajira, esta comunidad indígena sufrió los hostigamientos, amenazas y arremetidas de los grupos armados ilegales que luchaban por el control del corredor estratégico entre la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta. Sufrió las arremetidas violentas de los frentes 59 y 16 de las Farc, de los grupos de autodefensas al mando de Hernán Giraldo, cabecilla del Bloque Resistencia Tayrona de los paramilitares.

Sus habitantes

En la misma ceremonia, complementada por actos culturales y danzas como la chichamaya, estuvo el cabildo gobernador de esta comunidad indígena, Álvaro Ipuana, quien explicó a fondo los problemas que se registran en El Nuevo Espinal.

“Nosotros sufrimos mucho por la presencia de los grupos armados ilegales, incluso nos mataron a tres miembros de nuestra familia. El 12 de diciembre de 1997 fue el primer desplazamiento forzado debido al asesinato de uno de nuestros líderes, huimos por miedo a que también corriéramos la misma suerte, no sabíamos quién era quién porque había una disputa por el territorio entre las autodefensas y la guerrilla”, dijo.

Sobre el proceso, exaltó la labor del gobierno nacional por permitirles retornar a sus ancestros. “Este hecho nos llena de satisfacción porque han sido muy generosos con nosotros, pero a la vez queremos que nos apoyen con la implementación de proyectos productivos y de seguridad jurídica. Tenemos un colegio que no más llega hasta primera y los jóvenes tienen que irse a otras regiones, el agua es regular porque viene de un miniacueducto”.

La sentencia

Según la Unidad de Restitución de Tierras, la demanda fue interpuesta en 2014 hizo posible que cuatro predios denominados El Cerrito, Las Palmas, Nuevo Sincelejo y Hatonuevo se convirtieran en un resguardo inalienable, inembargable e imprescriptibles que reciban las rentas nacionales que por años fueron negadas al carecer de una protección constitucional.

En la sentencia se ordena a la Agencia Nacional de Tierras adelantar un proceso de titulación en un término no superior a tres meses; exige a la Fiscalía General de la Nación adelantar acciones para no dejar en la impunidad los hechos que afectaron a la comunidad de Nuevo Espinal y solicita a la Unidad Nacional de Protección aplicar medidas que garanticen la seguridad de las autoridades indígenas.

La misma figura jurídica demanda a la Procuraduría General de la Nación abrir una investigación para determinar por qué el Incoder no reconoció durante dos décadas los derechos fundamentales de estas comunidades.

La historia

La comunidad de Nuevo Espinal fue reasentada en 1993 por el avance del proyecto carbonífero. En 1997 se presentó el primer desplazamiento por el asesinato de una autoridad indígena encargada de gestionar la titulación colectiva del territorio. En 2013 fueron asesinados los hermanos Ricardo Andrés Epiayú y Tomás Pusiana lo que generó la segunda inmigración.

La sentencia también ordena a la Unidad de Restitución de Tierras la traducción de la misma al wayuunaiki, como lengua propia de la etnia wayuu y medidas de reparación integral.

Unas vías convertidas en trochas deterioradas es el camino de herradura para llegar a la comunidad indígena de Nuevo Espinal, ubicada a 45 minutos del municipio de Barrancas, La Guajira.

Por Nibaldo Bustamante/EL PILÓN