De nada sirvieron las denuncias instauradas el año anterior ante la Presidencia de la República, hasta donde se dirigió una comisión del Hospital San Andrés de Chiriguaná para exponer la grave situación financiera que estaba haciendo menguar sus servicios.

De nada valió que el mismo presidente Juan Manuel Santos remitiera el caso con carácter de ‘urgencia’ al Ministerio de Salud, para que revisara a fondo lo que allí ocurría, pues tampoco se lograron visitas de sus funcionarios. Las estrategias para tratar de salvar a este centro asistencial en un gobierno departamental que, según manifiestan sus trabajadores, no lo mantuvo ‘a salvo’ llegaron en el momento en que este ‘paciente terminal’ comenzaba su agonía.

Como tantos otros que hallaron su muerte por aparente negligencia médica, o por no acudir al galeno a tiempo, el hospital San Andrés –por más bloqueos en la troncal que su personal asistencial realizó buscando llamar la atención de las autoridades- parece haber encontrado la suya con el descenso a nivel uno, que recientemente determinó el gobierno departamental, tras la visita del ministro de Salud, Alejandro Gaviria, quien no prometió una salida inmediata a la problemática pero sí una fórmula que permitiera acabarla.

En el olvido
Al visitar el hospital San Andrés se respira la tranquilidad de quien no tiene nada que hacer, a quien todo el mundo olvidó. En las afueras se observan tres ambulancias parqueadas bajo una tenue sombra, que al fin y al cabo no preocupa pues ya no hay muchos pacientes para trasladarlos con urgencia hacia otros centros asistenciales. Solo están contratados nueve médicos generales, dos de ellos hacen parte de planta, otros cinco mediante prestación de servicios y dos más rurales; adicionalmente hay 29 enfermeras distribuidas en diversas áreas, ellas hacen parte de las 65 personas que también contrató la cooperativa, incluyendo camilleros y auxiliares de enfermería.

Recuerda una de las enfermeras que dos años atrás cualquiera de las áreas del hospital no daba abasto con la cantidad de personas que eran remitidas desde centros asistenciales de La Jagua de Ibirico, Pailitas, Astrea, El Paso, Chimichagua, Tamalameque y Curumaní, incluso de otros municipios del Magdalena y el sur de Bolívar.

La situación hoy en día, cuando desde el 30 de junio fueron suspendidos las consultas con especialistas, es totalmente diferente: se ven áreas prácticamente vacías y las esperanzas de mejoría están pendiendo de un hilo que solo es tejido por las autoridades, que viven repartiéndose las culpas y evitando las responsabilidades.

Evidentemente, la situación es crítica a raíz de lo que muchos empleados catalogan como consecuencia de que el centro asistencial se haya convertido en un fortín político. Faver Imbrecht Martínez, ginecólogo, oriundo de La Loma (El Paso) a quien se le adeudan 10 meses de salario, señaló que “actualmente todos los contratos que tiene el hospital son de un grupo político y ese grupo político tiene todo esto dañado, hay que decirlo así sinceramente. Mientras la política sea dueña del hospital, no habrá solución porque siempre tratan de maquillar las cuentas y por eso estamos así ahorita, la perjudicada es la población, son como 10 municipios los que se benefician de este hospital, pero actualmente todos los pacientes tienen que irse para Valledupar, o a El Banco (Magdalena) o San Juan del Cesar (La Guajira)”.

Para este profesional de la salud, lo preocupante son las pacientes maternas, que son las que en su mayoría ocupan los servicios de cirugía y cuya condición obligan a reaccionar de inmediato. “En cualquier momento se pueden complicar y tenemos tantos municipios alrededor, cuando quiera llegar a Valledupar es posible que hayan fallecido, entonces una paciente de Curumaní teniendo hemorragias o aborto y las tienen que remitir, eso lo que dice es que estamos exponiendo a nuestra población a que se compliquen por la falta de atención acá”, afirmó.

Los señalamientos
Jaime Jiménez Reales, coordinador del Comité Cívico en defensa del Hospital San Andrés de Chiriguaná, fue más allá y se atrevió a señalar puntualmente al autor intelectual del que consideran ha sido el robo más grande que le han hecho al mencionado centro asistencial: Luis Alberto Monsalvo Gnecco, exgobernador del Cesar. “Nombró cuatro gerentes en cuatro años, eso dice mucho del desgreño administrativo, y esos cuatro gerentes fueron los autores materiales; ahora el gobernador Francisco Ovalle Angarita nombra al sepulturero, que es el actual gerente Nicolás Mohrez, que acabó el nivel dos, cumpliendo a cabalidad su orden”, precisó.

Según este líder comunal es deprimente que en rubros como el suministro de combustible a la planta de energía, que tiene meses de no usarse puesto que el servicio de Electricaribe no ha fallado, se entregaran mediante un contrato 28 millones de pesos, también le causa estupor el contrato de mantenimiento de equipos que no se usaban y por el que se pagaban 60 millones de pesos mensuales, mientras que los trabajadores esperan desde hace 11 meses el pago de sus salarios.

Indicó Jiménez Reales que, aunque todavía no hayan escogido gerente en propiedad, desconfía del proceso que viene adelantando la Universidad de Medellín, elegida para elaborar las evaluaciones de competencias de los aspirantes al cargo. “Vimos un interés sesgado del gobernador del Cesar en que fuera la Universidad de Medellín la escogida para este proceso, donde a ciencia cierta nos dijeron que él había dado 200 millones de pesos para que le escogieran a la candidata de él, y ya se sabe que va a ser Dalma Ospino, exgerente del Hospital de Chimichagua, en contra de cinco chiriguaneros que están aspirando a la gerencia y merecen serlo, como Anni Martínez, del corregimiento Rincón Hondo, Jorge Luis Ruíz, William Meneses, entre otros”, declaró.

Denuncias ante los entes de control
Gracias a una denuncia entablada por Milson Martínez, un líder chiriguanero, la Contraloría General de la República halló un detrimento al patrimonio público en uno de los rubros a través de los cuales tanto se habló en los corrillos respecto a sobrefacturación: adquisición de equipos médicos.

Así las cosas, la Contraloría encontró que en la compra de 49 equipos médicos hubo un sobrecosto de 209 millones de pesos. De este modo se estableció que cuatro monitores de signos vitales, cuyo valor unitario en el mercado es de 2’610.000 pesos, fue pagado por el Hospital San Andrés al proveedor por un valor de 23’330.273 pesos, evidenciando un sobreprecio total de 82’881.092 pesos. Lo mismo sucedió con la adquisición de un monitor multiparamétrico, cuyo valor unitario en el mercado también asciende a los 2’610.000 pesos pero fue pagada por el centro asistencial en 21’924.000 pesos, reflejando un sobrecosto de 19’314.000 pesos.

Algo similar se halló en la compra de un ventilador de reanimación, que regularmente en el mercado cuesta 8’700.000 pesos pero fue pagado por el hospital en 33’016.944 pesos, es decir, 24’316.944 pesos más. Lo mismo ocurrió con la adquisición de dos máquinas de anestesia, cuyo valor unitario es de 25.520.000 pesos pero fue pagada por unidad en 60’991.808 pesos, es decir, con un sobrecosto de 70’943.616 pesos.

Milson Martínez relató además que “llegaron unos implementos pero los tienen botados, ¿por qué no los ponen al servicio? Los gerentes les pagan a los proveedores, porque ahí encuentran su beneficio, pero no les pagan a los empleados”. Esta semana deberá volver a la Contraloría General de la República, que envió copias de su denuncia a la Procuraduría General de la Nación, donde es probable que los hallazgos del ente de control tengan sanciones penales.

Facturación, la vena rota
Carlos Rosado, médico anestesiólogo que también laboraba en el citado centro asistencial, afirmó que si bien es cierto que éste ha sido un fortín político desde siempre, en el gobierno de Luis Alberto Monsalvo los servicios declinaron con cada gerente que envió. “María Inés Cabas Pumarejo, a mi juicio, fue la sepulturera de este hospital. A ella se le advirtió desde el principio las condiciones en las que estaba el hospital, se le dijo que les diera buen manejo pero hizo todo lo contrario. Sin escrúpulo llevó al hospital al colapso en que está, si había dificultades económicas, sí había problemas de facturación, que es la vena rota del hospital y todo el mundo lo sabe, pero nunca se tomaron los correctivos, como buscar un software moderno para la facturación, esa gerente se negó rotundamente a contratar auditores médicos y eso es gravísimo, todas las cuentas nos las glosaban, rechazaban un gran volumen de cuentas, lo otro era capacitar al personal de facturación o en su defecto tercerizar el servicio porque es lo productivo del hospital”, explicó.

Indicó Rosado que la razón de Cabas Pumarejo para no mejorar el área de facturación es que el valor del servicio a la empresa que lo realizaría era mayor que el salario que ella devengaba. Señaló además que los sobrecostos no solo se dieron en la adquisición de equipos médicos sino también de medicamentos, como el Bupirop, ampolla para anestesiar y cuyo valor en el mercado es de 36.510 cada caja, pero el hospital la pagaba en 99.600 pesos.

Lo aterrador del caso, según el anestesiólogo, son los casos de mortalidad infantil que se puedan presentar de ahora en adelante en esa zona del Cesar. “Una mujer con un desprendimiento placentario, un embarazo ectópico roto, una mujer con sufrimiento fetal agudo, que necesite trabajo de parto en cualquier de estos municipios cuando quiera llegar a Valledupar se ha muerto el bebé o el binomio completo, eso me aterra mucho y por eso a esto debe dársele solución pronta”, relató.

Explicó que el volumen más alto de pacientes quirúrgicos son los ginecobstétricos, luego cirugía general y por último ortopedia, pero todos estos deben ser remitidos a centros asistenciales de Valledupar y La Guajira por haberse cerrado la sala de cirugías. “Más que el hecho de que me estén debiendo dinero, lo que más me duele es no prestarle el servicio a la gente. Yo lo dije en la Asamblea del Cesar, no es mi salario, porque si fuera por eso ya me hubiese ido, he vivido de mis ahorros y mi familia, pero aquí la mayor cantidad de la población es pobre y cualquier cantidad de chiriguaneros está ahora en Valledupar o San Juan del Cesar pasando trabajo que se pudo haber resuelto acá”, afirmó.

Otros afectados por el hospital
La crisis de este centro asistencial también ha golpeado a quienes derivaban su sustento de la venta de medicamentos, el transporte de pacientes desde diversos puntos del Cesar, la venta de comidas, entre otras. EL PILÓN dialogó con ellos y así es que han asumido la debacle del Hospital San Andrés.

Manuel Padilla, transportador en ciclotaxi: Esto está teso, sin el hospital no hacemos nada. Ahora mismo no se está haciendo prácticamente nada, pero antes desde el hospital hacía hasta 10 carreras, pero debo moverme en otras partes del pueblo. Mi familia depende de lo que hago aquí.

Heidy García, vendedora de comidas: Tengo como cinco meses de tener este puesto, son poquiticas las comidas que vendo, se ha bajado mucho la venta, en promedio vendo a diario entre 80.000 mil y 90.000 pesos pero antes se vendía más.

David Moreno, conductor de taxi: Hace 20 años laboro como transportador. Antes era muy bueno el movimiento de pasajeros, dependíamos del hospital pero ahora no hacemos ni para comprar los repuestos del carro. Antes nos hacíamos unos 80.000 pesos pero ahora hacemos 15.000.

Alonso Torres, farmaceuta: Ahorita con el paro del hospital eso está en UCI, ahora tiene una mínima parte de su funcionamiento habitual. Antes la cantidad era bastante superior, pero ahora no se vende ni la tercera parte. Aquí se vendían medicamentos que mandaban los médicos, pero ahora no hay ni médico que mande nada.

¿Vendrán soluciones?
Pese al mar de deudas en el que está sumergido el hospital San Andrés, cuyo presupuesto para el 2016 que alcanzaba los 12.000 millones de pesos fue gastado completamente en el primer trimestre de este año (cuadruplicando los gastos que tuvo el hospital en el mismo trimestre del año anterior), los empleados y contratistas mantienen un hálito de esperanza, confiados en la fórmula que prometió el Ministerio de Salud crear para salvarlo.

No obstante, lo preocupante del caso, que no lo explicó el ministro Gaviria cuando vino a Valledupar para hablar sobre este centro asistencial, es que a esta dependencia del gobierno nacional los gerentes siempre reportaron el cumplimiento de los indicadores, por lo que este hospital siempre mantuvo una fachada de ‘buen estado’ para el ministerio que, en efecto, nunca lo incluyó dentro de los planes de mejoramiento ya que ocultó información real que, de haberse mostrado, lo hubiera puesto en riesgo alto y el gobierno nacional le habría destinado los recursos que necesitaba. Sin embargo, frente a ello los empleados y contratistas sólo atinan a decir que también le faltó al Ministerio de Salud palpar directamente la situación que vivía el hospital.

Por su parte, la secretaria de salud departamental, Carmen Daza, enfatizó en que no había dinero para el salvamento del centro asistencial, mientras que el Ministerio de Salud propuso una tercerización de servicios programada, con revisiones mensuales y acompañamiento técnico de sus funcionarios, cosa que no estaría dentro de las expectativas del gerente encargado, Nicolás Mohrez, quien pensaba que la tercerización estaría bajo su total control.

Lo cierto es que a mediados de este mes volverá una delegación del nombrado ministerio para evaluar, una vez más, la situación del hospital chiriguanero, por lo que algunos han solicitado que por fin echen mano del archivo histórico porque ¿cómo evaluar algo que ya no está funcionando como debería?

El presupuesto de 2016 del hospital fue gastado por la gerente saliente durante el primer trimestre de este mismo año.

Entre 2011 y 2015, los procedimientos quirúrgicos disminuyeron casi un 50%, lo cual producía importantes ganancias al hospital.

Por Jennifer Del Río Coronell
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