En las afueras del Centro de Formación Juvenil del Cesar (CFJ), antiguo Centro de Rehabilitación y Observación del Menor Infractor (Cromi), se apostaron 21 de los 22 empleados de la entidad que iniciaron un cese de actividades indefinido debido al incumplimiento en el pago de los salarios de diciembre, enero y febrero.

El coordinador del CFJ,  César Fernández, ha liderado al grupo de empleados que debieron recurrieron al paro para reclamar los recursos que ya han ganado trabajando con los jóvenes infractores de la ley.

“La directora Rosalbina Herrera estuvo gestionando esa parte, escuchamos una comunicación que tuvo con uno de los funcionarios de la Gobernación y dijo que él no podía hacer nada, que el mes de diciembre y sus respectivas prestaciones lo tenía que solucionar el gobierno que salió”, explicó el funcionario.

Las instalaciones están paralizadas y recordó que esta situación afectaría los procesos judiciales de los menores porque al no ser presentados ante las autoridades competentes puede presentarse vencimiento de términos, por lo que los empleados del CFJ solicitan a la Gobernación del Cesar el giro de los recursos necesarios para normalizar la atención.

“Que el gobernador tome esto como suyo, que no sea ninguno de sus funcionarios. Aquí han venido representantes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Defensoría del Pueblo, pero no preguntan por la situación en nuestros hogares. Cómo es posible que no hayamos podido matricular a nuestros hijos porque no nos han pagado. Ya está bueno de tanto atropello”, afirmó Fernández.

Sin embargo, sobre los problemas financieros del CFJ, representantes de la administración municipal ha explicado la dirección de la institución no había sustentado las razones por las cuales el presupuesto del año anterior se gastó en 10 meses.

Según el secretario de Gobierno del Cesar, Delwin Jiménez, el presupuesto del proyecto presentado a la administración departamental para este año tiene un aumento del 180%, y al requerírsele a la directora del Centro de Formación Juvenil, Rosalbina Herrera, un balance de la inversión realizada en el 2015, demoró más de cinco días para entregarlo.

“Lo estudiamos en mesa directiva y desnudamos las situaciones que vienen llevándose mal, que nos lleva a pedir la reformulación del proyecto. Entre esas situaciones están el no pago de prestaciones sociales, porque si se planifica un presupuesto y posteriormente una parte para sus prestaciones, ¿por qué no se les pagaron las prestaciones?”, explicó.

Mientras se resuelve el problema presupuestas, en el Centro de Formación Juvenil permanecen internados 26 jóvenes, de los cuales nueve tienen detención preventiva y a 17 les fue impuesta la privación de la libertad.  De acuerdo con las estadísticas de Gobierno Departamental, cada menor recluido costó en el 2015 68 millones de pesos, cifra cuatro veces mayor que la de otros CFJ del país, donde el costo promedio por menor es de 15 millones de pesos.

De acuerdo con las estadísticas de Gobierno Departamental, cada menor recluido costó en el 2015 $68 millones, cifra cuatro veces mayor que la de otros CFJ del país, donde el costo promedio por menor es de $15 millones.

Por Jennifer Del Río Coronell
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