Pésimo suministro de agua potable y falta de tratamiento de la planta de aguas residuales, poca atención oportuna en salud, sometimiento de las mujeres durante las visitas del día domingo, malos tratos por parte de la guardia y hacinamiento, son algunos de los problemas que deberán desaparecer del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, por orden de la Corte Constitucional.

Según el director del centro penitenciario, capitán Luis Perdomo Claros, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) está haciendo ingentes esfuerzos y destinando recursos importantes para acabar con los problemas de ‘La Tramacúa’, como fue apodada esta cárcel, que nació gracias al Plan Colombia en el año 2000 y como una de las prisiones de máxima seguridad en el país.

El capitán Perdomo, quien también ha dirigido cárceles en Arauca, Florencia y Pedregal en Medellín, dijo a este diario que lo que en realidad se maneja actualmente a nivel local y nacional es un estigma a ‘La Tramacúa’.
“Con su puesta en marcha, se empezaron a depurar el 100% de las cárceles de Colombia, con eso me refiero a que se trajeron los presos que requerían mayor nivel de seguridad para acá”, explicó el funcionario.

Y es que para los directivos de la cárcel, el estigma ha sido creado –básicamente- por los propios internos: “Desde que se creó esta sede en Valledupar, ha sido para los internos un trauma porque se empezó con una disciplina que no existía: la autoridad por parte de la guardia, y el control y la disciplina de los internos en las cárceles. La estructura permite que los internos estén mucho más individualizados, que haya mayor control, que los internos en establecimientos como estos no puedan asumir un cacicazgo, como sucede en cárceles viejas”.

Lo anterior sumado a que existen 64 inhibidores de señal que evitan cualquier tipo de comunicación vía celular a 300 metros del centro penitenciario, lo que trunca directamente las intenciones que puedan tener algunos reos en cuanto a extorsión.

Soluciones a la vista
Según el director del Centro Penitenciario y Carcelario de Mediana y Máxima Seguridad de Valledupar, las siguientes han sido las soluciones dadas a cada problema denunciado en la tutela 288, que provocó la visita de inspección del pasado 19 de enero, donde estuvieron presentes el magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo del Cesar, José Antonio Aponte Olivella, y representantes de la Defensoría, la Procuraduría y diversas ong.

Hacinamiento y malos tratos de la guardia
Este establecimiento tiene capacidad para 1632 internos y actualmente cuenta con 1412, por lo que es único del país que no tiene hacinamiento, contrario a los que ocurre en la otra prisión de la capital del Cesar, la Judicial ubicada en el barrio Dangond, diseñada para 256 internos pero que alberga a 1623.

En cuanto a los malos tratos de la guardia, el funcionario señaló que “si bien es cierto que al comienzo de pronto hubo malos tratos por algunos funcionarios y se excedió en la fuerza, poco a poco a nivel de control interno disciplinario se ha manejado el tema; la misma Procuraduría ha visto algunos casos y día a día como cuerpo de custodia y vigilancia hemos tomado conciencia de que la autoridad en las cárceles no se gana a punta de la fuerza ni gases, sino con autoridad que se gana incluso dando la mano”.

Cabe destacar que luego de las denuncias interpuestas el año anterior por parte de algunos reclusos, hubo intervención por parte de la Procuraduría Regional del Cesar y la Defensoría del Pueblo, que consideraron poner buzones en cada torre para que los internos depositaran allí sus peticiones o quejas. “Ellos tienen lápiz y papel, semanalmente se recogen entre 200 y 250 peticiones. Hasta el momento 500 de ellos son educativas, yo les permito el ingreso de resmas de papel y, de hecho, todas las semanas salen peticiones para los entes de control, los juzgados, entre otros”, precisó Perdomo Claros.

Suministro de agua potable

EL PILÓN quiso constatar la existencia permanente de agua en las celdas de los reclusos, sin embargo no se permitió por parte del Inpec pasar hasta esa zona del país. Sin embargo, de acuerdo con el director del centro carcelario, “en la visita del 19 de enero se pudo ir hasta esas celdas y el magistrado corroboró que había agua; que si bien es cierto hay fallas en el suministro del líquido, como las ha habido en toda Valledupar, aquí los internos tienen agua hora y media en la mañana, hora y media a medio día y hora y media en la tarde. En su momento hubo torres a las que no les subía el agua al quinto piso, pero al 100% de los internos se les suministró un galón para albergar 20 litros de agua. De 5 am a 7 am se les pone el agua, luego salen a la parte común, se les pone agua de 12m a 2 pm y luego que se encierran se les pone agua de 4pm a 6 pm”, relató.

En palabras del funcionario, todos los internos tienen su balde y algunos acumulan hasta 5. En el momento realizan una brigada para renovar los baldes en mal estado.  En este sentido, señaló que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –Uspec- asignó 1.200 millones de pesos para intervenir varias torres. “Tenemos el caso de la torre 6 que por 2 años estuvo inhabilitada, se intervino, se le adecuaron todas las baterías sanitarias, toda la parte hidráulica y eléctrica; la torre 2 también está haciendo habilitada, a todas las celdas se les va a hacer mantenimiento”.

En la actualidad existen tres contratos con vigencia 2015 que se están ejecutando, “se le mostró a las autoridades competentes el contrato para la intervención de las 9 torres, a 31 de diciembre de 2016 tienen que haber sido intervenidas; en un mes podemos estar entregando la torre 2, la 9 también se está interviniendo. Vamos arreglando torres y reubicando internos. Como tenemos 200 internos menos, eso nos permite tener torres desocupadas para irlas arreglando”, añadió.

Acceso a la salud
Hace una semana Caprecom dejó de prestar el servicio de salud a los internos del Centro Penitenciario de Mediana y Alta Seguridad de Valledupar. En el 2008, el Inpec asumía el 100% de la atención en salud, en 2009 hubo un convenio entre el Ministerio de Justicia y Caprecom, y a partir de ese año asumió la salud de los internos esta eps, que ahora está en liquidación. “Al Inpec, Uspec y Ministro de Justicia nos preocupa eso, se emanó un decreto de parte de Presidencia en donde la Uspec asume en su totalidad la atención en salud de los internos; ya está contratando con una fiducia la atención de los internos, el 100% de los internos será atendido por la fiducia como convenio directo con la Uspec y poder atender de manera prioritaria y objetiva a los internos”.

Pese a que las fallas de Caprecom eran continuas, según el capitán Perdomo se adelantaron numerosas atenciones médicas. “Lo que pasa es que en esos espacios cualquier gripa es más fuerte, se propaga más fácil. Cuando ingresan, generalmente tienen sus patologías”, dijo.

En la actualidad, en todo el penal hay cuatro internos infectados con Sida y quienes, según el capitán, reciben su medicación de alto costo sin interrupción. No existen reclusos afectados con enfermedades transmitidas por vectores, como dengue o zika, pero sí hay 20 esperando autorización para cirugía en el Hospital Rosario Pumarejo de López, que es donde reciben atención.

Mujeres maltratadas durante visitas

“Nuestra intención no es jugar con los visitantes, sino que todo el mundo entre, pero también nosotros debemos preservar la seguridad en el penal”. Así se refirió el director de ‘La Tramacúa’ a los procedimientos, en ocasiones engorrosos, para algunas mujeres que pretenden visitar a sus cónyugues o hijos recluidos.

Y es que no es para menos, puesto que las mujeres se ven expuestas al olfato de un perro adiestrado para detectar explosivos y estupefacientes.  “El perro se suelta y da una señal positiva donde olfatea estupefaciente o explosivo, allí el perro se sienta; ponemos a la persona a que se cambie de silla y si el canino vuelve a sentarse al frente, cambiamos de canino para corroborar que esa persona pretenda entrar con algún material prohibido”, describió.

En el 2015 fueron 17 mujeres judicializadas por pretender ingresas estupefacientes a la cárcel. Según el capitán, recientemente hubo un procedimiento con el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), que generó el traslado de algunas mujeres, pero Perdomo Claros aseguró que no tuvo nada que ver con el Inpec.

“Algunas se sienten maltratadas porque les toca devolverse, sino que se ve una señal activa y no podemos dejarlas pasar. Pero son procedimientos legalmente establecidos para nosotros verificar que elementos prohibidos no entren”, culminó.

¿Qué sentenció la Corte Constitucional?
Mediante la sentencia T282/2014, que obliga al mejoramiento de las instalaciones y acabar con los maltratos a los internos, se responde a la tutela interpuesta en 2011 por un grupo de reclusos, que consideraba que se le estaban violando por lo menos seis derechos fundamentales. El primero es el suministro de agua. Otro es el problema hidráulico de manera definitiva, puesto que el agua no llega con presión. La directora general encargada de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), Claudia Gelvez, dijo al diario El Espectador que “la Tramacúa tiene problemas con el sistema hídrico desde su construcción misma”.

Para solucionarlos, se han construido tres tanques de almacenamiento de agua (de 1.000, 100 y 400 centímetros cúbicos), todos insuficientes, según Claudia Gelvez. Por eso, la Uspec ha firmado dos contratos para mejorar al menos seis pabellones. Espera firmar uno este año, por dos mil millones, para reparar los tres restantes. Solo el primer contrato -que mejoraría la red hidráulica en los pabellones 6, 2 y 9-, firmado en 2014 con el Fondo de Desarrollo de Cundinamarca, ha sido puesto en marcha. Mejoras en “el rancho”, donde se preparan los alimentos, también han sido implementadas, dice Gelvez. Solo un informe de la Secretaría de Salud de Valledupar, que inspeccionó el lugar a finales del año pasado, dirá si éstas han sido efectivas.

Ultimátum de la Corte Constitucional

‘La Tramacúa’, la Cocuc de Cúcuta; La Modelo de Bogotá; Bellavista de Medellín; San Isidro de Popayán y la de Barrancabermeja, son las cárceles de donde provinieron nueve tutelas presentadas por internos, que examinaron los magistrados de la Corte Constitucional que pusieron un plazo al Gobierno Nacional para garantizar los derechos fundamentales no sólo de los presos de estas penitenciarías, sino de todo el país.

El ultimátum por crisis carcelaria se produjo por los reclamos de los internos que dicen que continúa la situación crítica, por lo que el fallo constitucional advierte que el escenario es tan grave que no aguanta más aplazamiento.

Los testimonios de los reclusos del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad, fueron fundamentales para la sentencia. En la denuncia, los internos dieron a conocer que el servicio de agua solo llegaba a los dos primeros pisos del penal y que tenían que pagar mil pesos para comprar baldes sucios con los que se bañaban y hacían aseo los internos de los demás pisos. Los internos de la penitenciaría ubicada en la capital del Cesar indicaron que eran sometidos a malos tratos y torturas. Al parecer, había restricción de servicios de salud y saneamiento básico, limitaciones en la comunicación y estaba prohibido el uso de ventiladores y, sobre todo, de sistemas de aire acondicionado.

En la denuncia de los internos quedó registrado que algunos de ellos recibían sus comidas en bolsas plásticas o en su defecto, en tarros de gaseosa. También, existe reporte de comida entregada en estado de descomposición.

El defensor del Pueblo, regional Cesar, Omar Contreras, solicitó a Salud Municipal y Departamental una visita para que emitan un informe que dé como resultado la evolución del saneamiento en materia de alimentos, dado que en un informe anterior se encontraron rastros de heces fecales en los alimentos.

El fallo advierte que si las medidas no empiezan a garantizar los derechos fundamentales de los presos, en tres años esos penales serían cerrados. Además pidió evaluar si en dichas cárceles se conserva la memoria de las tragedias que ocurrieron en esas edificaciones.

EL PILÓN hizo presencia en el Establecimiento Penitenciario de Mediana y Alta Seguridad de Valledupar para conocer de primera mano cómo se adelantan las adecuaciones, que por sentencia de la Corte Constitucional, deben hacerse para no cerrar el penal.

Actualmente en este penal se encuentran recluidos 1412 internos, y su capacidad máxima es de 1632.

Entre 200 y 250 peticiones y quejas se recogen semanalmente en los buzones instalados en cada una de las torres de ‘La Tramacúa’.

Por Jennifer Del Río Coronell
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