Aunque el dolor era notable y sus lágrimas evidentes, habitantes de la invasión Villa Haydith, al sur de Valledupar, fueron conscientes que estaban ubicados en un predio privado, lo que facilitó la diligencia judicial de la Administración Municipal, que días anteriores había notificado de la acción a las más de ocho familias ubicadas en este sector.

“Yo estoy aquí con mi papá, tiene 88 años, discapacitado y mis pelaitas. Yo tengo 63 y no tengo un peso pa’ donde irme, ¿Pa’ onde me voy yo? A mí me van a poner debajo del palo ese esta noche”, dijo con voz entrecortada acompañada de llanto, Sol Marina Barragán, una mujer que dice ser desplazada del corregimiento de La Mesa, pero que nunca ha sido ayudada.

La mujer que afirmó que hace dos años habita en uno de los cambuches de los nueve lotes ubicados en el predio privado, dijo que no tiene trabajo, permanece enferma y por ende, no cuenta con dinero para pagar un arriendo.

Por su parte, Lilia Salazar dijo que tiene carta cheque desde hace varios años para la adquisición de su vivienda subsidiada, agregó que su esposo y ella no tienen el recurso suficiente para pagar los costosos arriendo en Valledupar, y aunque reconocía de su ilegalidad aclaró que era duro abandonar el terreno donde se refugiaba hace seis meses con sus siete hijos y un nieto.

“Yo soy consciente que estamos viviendo en un lugar ajeno”, aseguró Rafael Antonio Daza, compañero sentimental de Lilia, quien indicó que prefería habitar bajo un árbol que en un albergue, al resistirse al encuentro de otras familias en un mismo sitio.

“El Mono Quintero es el dueño de esta tierra, pero cómo es posible que ese hombre con tanto terreno nos quite el pedacito. Ahora nos tocará meternos bajo un palo”, indicó Edilberto Ávila, de 70 años, otro de los ciudadanos desalojados.

Se debía cumplir el derecho constitucional
La secretaria d Gobierno Municipal, Sandra Luz Cujia Mora, aseguró que son escenas sensibles para el ser humano, pero que hay que defender los derechos constitucionales.

“El derecho a la propiedad privada es un derecho del que se desprende toda la actividad aplicable al caso, y como institución tenemos que dar resultados. Son alrededor de ocho predios invadidos de personas conscientes que el predio es privado de Efraín Quintero. Lastimosamente nos toca tomar medidas para entregar el terreno a su dueño.

La funcionaria le recordó a la entidad cercar su terreno para poder protegerlo y la entidad hacer acompañamiento de rigor.

En cuanto a las familias, Cujia Mora manifestó que tienen que acercarse a la Unidad de Víctimas ubicada cerca al Mercado Público para que verifiquen su estado de desplazamiento y se les pueda organizar una hoja de ruta para brindarles un subsidio.

“Muchas veces, personas reinvaden y la ciudadanía tiene que denunciar este tipo de situaciones. Esta administración no permitirá un espacio más de invasión en la ciudad”, especificó la Secretaria.

Este es el segundo desalojo que realiza el Gobierno Municipal en lo que va del año.

Por Merlin Duarte García/EL PILÓN
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