Las leyes y el sistema de la salud no se ponen de acuerdo en Colombia. Por un lado los congresistas aprueban políticas públicas y por otro el sistema monetario del país lo rechaza. La crisis en el sector ya ocasionó el cierre de numerosos hospitales por la falta de recursos, el Cesar está a punto de caer al abismo donde está Valle del Cauca, La Guajira y otros departamentos.

Cinco de los hospitales más importantes del Cesar tienen sus cuentas ‘ahogadas’. Con información reportada por el 96,2 % de las IPS públicas en virtud del Decreto 2193 de 2004 a la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, la cartera por venta de servicios de salud de las IPS públicas con corte a 30 de junio de 2015, llega a unos 200 mil millones de pesos. Este panorama no es nada alentador y podría generar el próximo año cierres de algunas Instituciones Prestadoras del Servicio en el departamento.

En la red hospitalaria del Cesar la EPS más deudora del régimen contributivo es Coomeva con un saldo de 6.823 millones de pesos, seguida por la Nueva EPS que tiene saldo en rojo por 3.216 millones de pesos y Saludcoop que adeuda 3.028 millones de pesos.

En la parte subsidiada, Caprecom lidera el listado de morosos con 9.910 millones de pesos (será liquidada y se estima que le costará al Estado hasta un billón de pesos), luego está Salud Vida con una deuda de 5.589 millones y Cajacopi que tiene en mora 5.237 millones de pesos.

El Rosario Pumarejo de López de Valledupar), José David Padilla Villafañe en Aguachica, San Andrés de Chiriguaná, Tamalameque e Inmaculada Concepción en Chimichagua, son hospitales que tratan de salir pausadamente de la crisis.

Desde la sanción de la Ley, los hospitales deben tener disponibilidad para todas las personas que necesiten atención médica, suficientes profesionales con el fin de sostener la demanda de los pacientes, aumentar la oferta de medicamentos, y, además, inversión, que por ahora no llega.

Falta de pagos
El principal centro asistencial del Cesar es el Hospital Rosario Pumarejo de López que deja entrever en sus pasillos los síntomas de la crisis, especialmente entre sus empleados, quienes desde agosto no reciben sueldo.

Unos 950 profesionales de la salud, que pertenecen a empresas contratistas, están afectados económicamente, entre ellos enfermeras, médicos generales, instrumentadoras quirúrgicas, administrativos y personal de plantas, dejaron de recibir el pago por sus servicios y eso está reflejado en la atención de pacientes a quienes les toca esperar en los pasillos en sillas y camillas.

Al grupo de ginecología se le venció el contrato el sábado anterior, pero hubo una adición del contrato y llegarán hasta diciembre. Sin embargo, les adeudan septiembre, octubre y lo que va corriendo de noviembre. EL PILÓN conoció que el monto de contratación para los ginecólogos el año anterior era de 180 millones al año y en el 2015 bajó a 130 millones, al parecer para que la administración actual terminara el año sin problemas.

La crisis financiera del Rosario Pumarejo de López no es nueva, según funcionarios que prefieren mantener sus nombres en reserva, desde el 2012 la administración ha tenido ciertas falencias. A corte de mayo de 2013, cuando la administración de Rubén Sierra Rodríguez recibió el hospital, el informe final registraba un presupuesto de 74 mil millones de pesos, pero la ejecución presupuestal del anterior administrador muestra un presupuesto comprometido hasta abril 30 del mismo año de 45.000 millones, es decir que Sierra solo contó con 29.000 millones.

Esperan nueva edificación
En el segundo municipio del Cesar, el hospital local presta servicios de salud de primer nivel de complejidad. La Oficina Jurídica del centro hospitalario advirtió que el hospital está mejorando en la parte de infraestructura, especialmente en la sala de espera. La actual administración con apoyo de la Gobernación del Cesar dotó con equipos de última tecnología las diferentes áreas para entregar un mejor servicio al usuario y realiza pagos oportunos a los trabajadores.

La Gobernación del Cesar trabaja en la construcción de lo que serán las nuevas edificaciones del hospital, proyecto que a pesar de los cuestionamientos de los líderes políticos de Aguachica, está en la etapa final de construcción de la estructura. El lugar tendrá unidades de cuidados intensivos con capacidad para 34 pacientes, que estarán disponibles de la siguiente manera: 10 en pediatría, 10 para adultos, nueve en área de neonatos y cinco en el pabellón de quemados.

Las nuevas instalaciones para el José David Padilla Villafañe, que se construyen con recursos de regalías, por 39.000 millones de pesos, convertirán este escenario en el más importante centro de referencia hospitalaria de la región que integra casi a la mitad del Cesar en su zona sur, y buena parte de los departamentos de Bolívar, Santander y Norte de Santander, para un área de influencia estimada en 500 mil habitantes.

Levantaron paro en Chiriguaná
El caso del hospital San Andrés de Chiriguaná es el de mayor preocupación en el sector salud. Solo hasta el viernes anterior se levantó el paro de profesionales, especialistas, auxiliares y técnicos, a quienes les adeudan ocho meses de salarios.

Carolina Corcho, médico psiquiatra, integrante de la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud, indicó que Colombia está en la crisis más profunda de la salud en los últimos 20 años después de la expedición de la Ley 100.

“Las EPS le adeudan a los hospitales públicos y a las clínicas privadas una cifra superior a 12 billones de pesos, los más críticos son el Hospital Universitario del Valle y el Hospital de la Universidad Industrial de Santander, son aproximadamente 300 hospitales en Colombia en estas circunstancias. Hay hospitales con deudas de cuatro y cinco meses de sueldo, esto deriva en la mala prestación de los pacientes”, reveló Corcho.

La especialista aseguró que el Hospital San Andrés es una víctima más de la crisis a nivel nacional por una deuda superior a los 7.000 millones de las EPS.

Este centro médico a 30 de junio de 2015 tenía pasivos por 12 mil millones de pesos, contra una cartera de 17 mil millones y un déficit presupuestal que la llevó a reducir su presupuesto en unos 6.000 millones. De la cartera las que más adeudan son las EPS subsidiadas Emdisalud, Saludvida, Cajacopi y Caprecom.

La gerente de la entidad, María Inés Cabas, advirtió que el hospital a la fecha trabaja a medias, pero la semana anterior se llegó a un acuerdo entre la gerencia y los empleados para seguir prestando el servicio a la región central del departamento que abarca municipios como Astrea, Curumaní, Pailitas, Tamalameque, Chimichagua, La Jagua de Ibirico y El Paso.

“Firmamos un acta de compromiso de la gerencia y que es en realidad el motivo para que levantaran el paro, porque ningún ente fiscalizador llegó. Hicimos una cantidad de acuerdos que estaban hablados. Estamos trabajando pero todos los problemas que nos dejó el paro fue la renuncia de médicos y enfermeras”, declaró la directora de la entidad.

Remodelación en Tamalameque
Tras marchar pacíficamente y realizar protestas con denuncias sobre las pésimas condiciones del hospital de Tamalameque, el gobierno departamental adjudicó la segunda etapa para la adecuación y remodelación del lugar.

El proyecto tiene un valor de 1.262 millones de pesos y consta de remodelación de las áreas de atención, implementos de médicos y profesionales altamente capacitados para garantizar servicio de la salud.

El consorcio del Río Cesar Almenares Villareal es el encargado de ejecutar la obra, en la que se deben adecuar las áreas de urgencia, hospitalización, servicios generales, sala de eventos o auditorio, zona de operación eléctrica y circulación exterior.

Quiere salir del riesgo
A Chimichagua el departamento le giró 3.500 millones de pesos para el pago de pasivos o deudas de los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y parte del 2012.

El hospital Inmaculada Concepción, ubicado sobre la ciénaga de Zapatosa, mantiene el riesgo alto financiero declarado por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Estos dineros serán administrados y pagados a través del encargo fiduciario suscrito por la entidad para el manejo de los recursos del Fondo de Salvamento y Garantías para el sector Salud, Fonsaet.

Deudas en el Cesar
Olga Lucía Zuluaga, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos – Acesi- indicó que unos 200 mil millones de pesos debe la red que utiliza el servicios de las IPS en el Cesar, incluyendo EPS, entes territoriales, entre otros.

“Si no hay flujo de recursos hay afectaciones, como el caso de Chiriguaná en el Cesar. No tienen cómo pagar trabajadores y comprar insumos. Hay otro tema grave y es que los hospitales que fueron catalogados en riesgo fiscal y financiero, tienen unos planes de saneamiento con el Ministerio de Hacienda que deben cumplir y uno de los principales es el recaudo, y a los otros hospitales a corte de 31 de diciembre, igual como el medidor es recaudo, van a entrar en riesgo fiscal para el año entrante”, aseveró.

El 29 de mayo del 2014, el Ministerio de Salud y Protección Social efectuó la categorización del riesgo financiero de las Empresas Sociales del Estado del Cesar, dando cuenta que están en riesgo alto los hospitales de Aguachica, Astrea, Chimichagua, Gamarra, La Gloria, La Jagua de Ibirico, Pelaya y San Martín.

Audiencias
Desde ayer y hasta el 27 de noviembre la Superintendencia Nacional de Salud realizará en Valledupar una jornada de conciliación que reunirá a representantes de EPS, IPS y entes territoriales del Cesar, con el propósito de solucionar, principalmente, los problemas relacionados con la cartera vencida entre estos actores del sistema.

La EPS del régimen contributivo con más deuda en el Cesar es Coomeva con un saldo de 6.823 millones de pesos.

El principal centro asistencial del Cesar es el Hospital Rosario Pumarejo de López, que dejó de pagar sueldos desde el mes agosto.

A Chimichagua el departamento le giró 3.500 millones de pesos para el pago de deudas de los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y parte del 2012.

La semana anterior se levantó el paro en el Hospital San Andrés de Chiriguaná, que hace más de ocho meses no cancela salario a sus empleados.

Olga Lucía Zuluaga, presidenta ejecutiva de Acesi, aseguró que unos 200 mil millones de pesos debe la red que utiliza el servicios de las IPS en el Cesar, incluyendo EPS, entes territoriales, entre otros.

Por Carlos Mario Jiménez
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