El sonido de las máquinas, explotaciones y el aire contaminado hizo que salieran de Plan Bonito. No podían convivir en paz, mientras conversaban el ruido era su principal obstáculo y cuando querían conciliar el sueño, un constante movimiento en las minas carboníferas los interrumpía.

Los habitantes de esta vereda del corregimiento de La Loma, que fue borrado de la geografía colombiana por estar a menos de 200 metros del área de influencia de proyectos mineros a cielo abierto entre los municipios de El Paso y La Jagua de Ibirico, centro del Cesar.

Por decisión del Gobierno Nacional en 2010 las multinacionales Drummond Ltd., Prodeco y CNR, por disposición de las resoluciones 970 y 1525 de 2010, expedidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, deben reasentar las poblaciones de Plan Bonito y El Hatillo, en jurisdicción del municipio de El Paso, y Boquerón en La Jagua de Ibirico, en un periodo no superior a los dos años teniendo en cuenta los altos niveles de contaminación en esa zona.

Plan Bonito es el único reubicado hasta ahora. Sin embargo, hace tres meses 27 personas regresaron al caserío que ahora es fantasma; no tiene ningún servicio público ni garantías en seguridad.

EL PILÓN llegó al sitio y dialogó con los retornados. Uno de ellos es José Ángel Peña Ochoa, un hombre que quiso hacer otra vida en San Juan del Cesar, La Guajira.

“Desocupamos porque confiamos en la buena fe de las empresa y regresamos porque nos quedaron mal al no cumplir con la segunda parte del dinero que tenían que ofrecernos para nosotros hacer un modo de vida estable”, indicó el hombre de 56 años.

En Plan Bonito las casas fueron destruidas, la plaza se perdió entre la maleza. En la escuela de Plan Bonito al tablero le quedan escarchas de color porque el agua y el sol lo dañaron, permanecen varillas que sostenían las vigas del techo y algunos clavos en las paredes. Quedan de recuerdo los nidos de las palomas en los tres salones de clases que existían.

Con una temperatura que sobrepasa los 36 grados de temperatura, José Ángel recorre lo que queda del lugar sin camisa, cubre su cabeza del tormentoso sol con una gorra y unas desgastadas chancletas que abren paso por la maleza que ya consumió el pueblo.

Dice que no quiere repetir la historia del 2012, cuando recurrieron a las vías de hecho, generándose disturbios por enfrentamientos entre la comunidad y la Policía Antimotines, cuando resultó muerto un uniformado y 46 personas resultaron heridas.

Piensan salirse si llegan a un acuerdo con las multinacionales, por el momento seguirán postrados sobre cambuches hechos con plástico, sacos y el techo de zinc, y alimentándose gracias a lo que cocinan en fogones orquestados sobre dos llantas de maquinaria pesada donde ponen la leña y cocinan sobre las ollas tiznadas.

No descartan regresar
“Vamos para tres meses de estar en Plan Bonito, hemos tenido un acercamiento y estamos dialogando con las empresas, pero siempre que hay reuniones son plazos, en el último encuentro íbamos a tocar el tema de lo intangible y aplazaron la reunión para el 29 de octubre”, declaró para este medio Franklin Arias, representante de 27 personas que retornaron a lo que era una vereda.

Según los censos realizados al inicio del proceso, las familias involucradas en el reasentamiento, incluyendo residentes y no residentes, era 172 familias en Plan Bonito y 277 familias en El Hatillo. En Boquerón no se había efectuado el censo, pero se estimaban alrededor de 400 familias.

“Nos fuimos con otras expectativas de vida, hoy en día la comunidad de Plan Bonito está en peores condiciones que cuando estábamos acá, antes de partir no se pagaba luz, agua, tenían su trabajo y cuando salimos encontramos que debíamos pagar todos esos servicios, la competencia laboral es alta porque se debe estar certificado por el Sena, tener experiencia, en cambio antes se vivía del trabajo material y el día a día”, resaltó Arias.

Explicó que retornaron por unos incumplimientos, tales como el restablecimiento de los medios de vida; lucro cesante, daño y vida de la relación, salud. “Nada de eso nos lo reconocieron, entonces fue una de las partes para que la comunidad decidiera retornar a la vereda”.

Luego de casi dos años de negociación las partes suscribieron el 29 de enero de 2014, el documento Plan de Acción de Reasentamiento (PAR) para la reubicación y compensación de las familias involucradas en el proceso. “Hay personas que recibían 170 millones de pesos y de ahí tenían que comprar la casa con unas exigencias entre ellas, un cuarto para cada miembro, cerámica en los baños, encerramiento. La platica que quedó de la compra de la casa debió invertirse en ella misma porque para recibir la otra parte del dinero debían cumplir las exigencias pactadas, en caso de no hacerlo no se reembolsaba el resto del dinero”, aseguró Franklin Arias.

Hoy siete familias están en Plan Bonito, piensan encontrar una solución al problema. Por lo pronto viven en el caserío a pesar de no tener energía, agua, colegio, ni beneficios del gobierno local y nacional.

Boquerón y El Hatillo
Boquerón es corregimiento del municipio de La Jagua de Ibirico, es el primer pueblo entre esta localidad y La Loma, corregimiento de El Paso, muy cerca de las veredas Plan Bonito y El Hatillo. En el trayecto de 39 kilómetros, en la vía del carbón como se le conoce, que une La Jagua y La Loma está el corazón minero. Existen siete proyectos y cinco empresas. Las minas que rodean a Boquerón, Plan Bonito y El Hatillo son Calenturitas, de Prodeco; Descanso Norte y Pribbenow, de Drummond, y El Hatillo y La Francia, de Colombian Natural Resources (CNR), que hace poco compró Murray Energy Corp. A lado y lado de la carretera hay presencia del carbón, enormes y repletos botaderos, montañas de estéril que va dejando la extracción del mineral y que denotan en un paisaje devastado por las explotaciones.

Las empresas mineras buscan que en el corregimiento de Boquerón sea declarado “inviable” el reasentamiento, porque desde que mudaron a los habitantes de Plan Bonito la población aumentó en un 100 por ciento. El Hatillo, en El Paso, está muy cerca de llegar a un acuerdo y ya se habla de febrero de 2016 para hacerlo. El Hatillo es el más afectado, con una montaña de desecho a menos de 50 metros de las casas.

El secretario de Gobierno de La Jagua de Ibirico, Luis Montaño, advierte que las resoluciones emanadas por el Ministerio de Ambiente han sido incumplidas en cuanto a términos de tiempo.

“Quizás por los malos procesos que sean manejados con algunos operadores de estas empresas mineras y que no han sido diligentes, esos retrasos han conllevado a que haya un repoblamiento y hoy tenemos a Boquerón con una súper población”, eso según Montaño ha ocasionado problemas de orden público, salud, social, saneamiento básico y servicios públicos.

Además el funcionario indica que el gobierno de La Jagua de Ibirico tiene prohibido hacer inversiones y eso genera mayor traumatismos.
El Ministerio del Medio Ambiente dio plazo para ejecutar el reasentamiento: un año para Plan Bonito y dos para El Hatillo y Boquerón.

Aumento de enfermedades
La Secretaría de Salud del Cesar explicó que las cifras de enfermedades respiratorias y en la piel en los municipios de El Paso, Chiriguaná y La Jagua de Ibirico, que pertenecen al corredor minero, se establecen según año vencido, es decir, se tienen los casos del año 2014.

En ese sentido, en el municipio de Chiriguaná atendieron 5.060 consultas por enfermedades respiratorias y enfermedades de la piel 693 casos. La mayor carga de enfermedad la aportan con el 29,15 % los residentes de 15 a 44 años, seguido de los de 1 a 4 años con el 20.26 %, y los de 5 a 14 años con el 17,81 %.

En El Paso diagnosticaron enfermedades respiratorias por el orden de 7.023 patologías, y en temas de la piel y tejidos subcutáneos 1.765 casos, repartidos en pacientes de un 1 a 4 años, 5 a 14 y hasta 65 años.

El índice más alto se encontró en La Jagua de Ibirico, donde las entidades de salud reportaron 8.604 consultas por enfermedades respiratorias, la mayor carga de afectación la aportan con el 32,05 % de las consultas el grupo de edad de 1 a 4 años, seguido de los de 5 a 14 años con el 19,46 % y los menores de 1 año con el 15,24 %.

En el 2013 más de 5.900 casos de infecciones respiratorias fueron atendidos en el hospital de La Jagua y en el 2014 las cifras aumentaron a 8.604 personas con afecciones similares, mientras que en La Loma, el 60 % de los pacientes que llegan al puesto de salud lo hacen también afectados por estos mismos síntomas.

En julio de 2014, el defensor del Pueblo Regional Cesar, Omar Contreras, visitó el corregimiento de La Loma y encontró que los pobladores de la zona están sufriendo 22 tipos de enfermedades, en su mayoría respiratorias como asfixia, asma y bronquitis, además de manchas, brotes en la piel y hongos.

Otras patologías detectadas en la inspección de la Defensoría del Pueblo son casos severos de cáncer pulmonar, hipertensión, problemas gástricos severos, neumoconiosis, bronquiectasia, silicoantracosis, neuropatías, sinusitis y apnea del sueño.

Mirada del Estado (Entrevista)
El secretario de Minas del Cesar, Pedro Díaz Campo, considera que el Estado puede reestructurar su política minera y ofrecer mejores beneficios a las poblaciones ricas en carbón, como por ejemplos los del Cesar.

¿Qué está pasando con la minería?
Desde el año anterior venimos en una crisis transitoria a raíz de la baja en los precios del carbón y el petróleo. Ese factor aunado a una medida que tiene la suspensión del tráfico del ferrocarril ha conllevado a que se genere un 25 % de las operaciones en los proyectos carboníferos, por ende se redujo la contratación de mucho personal. Esa reducción deja hoy, según información de los mineros, suspensión a unos 550 trabajadores contratados por bolsas, generando un impacto directo en la economía local al igual que el medio de sustento de estas personas. Por otro lado, la restricción en las operaciones del tren y la no posibilidad de trabajar a plenitud, trae como consecuencia que haya una baja en la producción este año y por ende una reducción en las regalías para las entidades territoriales.

¿Qué pasó con el reasentamiento en la zona minera?
Este es un tema donde el gobierno departamental viene haciendo seguimiento hace más de cuatro años, hoy nos encontramos con unos retrasos en el proceso, porque el reasentamiento debió haberse concluido ya, sin embargo las cosas han tenido unos cambio, caso concreto en Plan Bonito, donde ya se firmó el pacto, pero todavía hay unos puntos por aclarar y son los restablecimientos de medios de vida. Con relación a El Hatillo es un proceso cerrado porque los habitantes no han dejado que se filtren otras personas como sí pasó en Boquerón, hoy El Hatillo tiene definido que para el mes de febrero (2016) pueden estar firmando el Plan de Acción del reasentamiento. Boquerón tiene una situación muy particular que es donde más retrasado está el proceso, hoy preocupa que la población tuvo un crecimiento acelerado, pero se espera que en lo que resta del año hayan avances considerables.

¿Qué propone para para restablecer los derechos a las poblaciones con minería?
Creemos que debe haber un equilibrio apuntando al desarrollo social, económico y ambiental del área de influencia de los proyectos, pero vemos con preocupación que se requiere más acompañamiento del Gobierno Nacional en este sentido, creemos que en esta balanza las regiones aportan unos recursos significativos al Producto Interno Bruto de la Nación y merecemos que el Estado eche una mirada a estos territorios donde se hace minería, creo que el Gobierno debería hacer más presencia para exponer desarrollo porque hoy las regiones mineras en Colombia no son lo que creíamos, por eso nuestros parlamentarios deben apropiarse de todo esto y podamos resarcir esta deuda histórica que se puede hacer con el Ministerio de Minas y hacer una planificación productiva de estos territorios.

La estación de Policía quemada, 46 civiles heridos y un agente de Policía muerto, fue el saldo de las protestas que terminaron en disturbios en La Jagua de Ibirico en el 2007 por el mal estado de las vías y la contaminación que dejan las minas de carbón.

Drummond asegura que su compromiso es “ejecutar y cumplir la resolución” a pesar de que ninguna de las poblaciones queda dentro sus contratos de concesión, ni de influencia directa.

Las minas que rodean a Boquerón, Plan Bonito y El Hatillo son Calenturitas, de Prodeco; Descanso Norte y Pribbenow, de Drummond, y El Hatillo y La Francia, de Colombian Natural Resources (CNR), hoy propiedad de Murray Energy Corp.

“Esta es la forma de presionar nosotros a las empresas y para que el Estado note que están haciendo con nosotros aquí. Este es un proceso muy complejo”: Franklin Arias.

Por Carlos Mario Jiménez
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