Las denuncias y la inspección de los sitios la hizo la Defensoría Nacional del Pueblo junto con la Delegada para los Derechos de la Niñez y las Defensorías Regionales.
Incumplimiento de la normatividad sanitaria, problemas de contratación y dificultades de infraestructura para el almacenamiento y manipulación de alimentos escolares, fueron algunas de las falencias que encontró la Defensoría del Pueblo en el departamento de La Guajira luego de inspeccionar centros educativos por denuncias al respecto.
De igual modo, la Defensoría encontró irregularidades en la destinación de los recursos de cofinanciación de los entes territoriales encargados de administrar el Programa de Alimentación Escolar (PAE), pese a dos Conpes a través de los cuales se asignaron partidas presupuestales para la alimentación escolar.
Según el Defensor Armando Otálora, en los centros educativos se está suministrando la alimentación en el piso, bibliotecas o en otros escenarios.
“El tema de infraestructura es uno de los primeros problemas que se presenta. En la mayoría de los centros educativos no se prepara la alimentación si no en otros sitios donde hay condiciones indignas y hay alimentos en estado de descomposición”, dijo el Defensor.
La ausencia de garantías en seguridad social para las manipuladoras de alimentos es otra de las problemáticas encontradas por este ente de control en el departamento vecino, especialmente en municipios como Manaure, Maicao, Riohacha y Uribia.
En uno de estos municipios esta entidad encontró que los comestibles que debieron entregarse el 22 de julio pasado tampoco habían llegado el 7 julio a los centros etno-educativos de Manaure.
En otras instituciones se encontró que los menores tienen que pagar hasta 200 pesos diarios para que les sean suministrados los almuerzos y el complemento alimenticio.
Y como si fuera poco, los funcionarios de la Defensoría encontraron que los alimentos perecederos los ubican en el piso, lo que deja entrever la falta de refrigeradores y alacenas.
Ante este penoso y crítico panorama, esta entidad, en asocio con el Ministerio de Educación, pidió a la Comisión de Anticorrupción para que de manera directa se adelante una investigación penal, fiscal y disciplinaria.
“No tiene presentación que los políticos de la región sigan haciendo ferias y fiestas con la plata de la educación de los niños y niñas. Es hora de que los organismos de control reaccionen de manera coordinada frente a este tema doloroso”, dijo Otálora.
Por su parte, la ministra de Educación, Gina Parody, anunció que el Gobierno Nacional destina casi que un billón de pesos para la alimentación escolar para que al menos se repartan cuatro millones y medios de raciones.
“Necesitamos que los entes territoriales se comprometan con este programa, con mayor control y vigilancia y que entreguen recursos que por ley les corresponde entregar, ahora que estamos en campaña electoral ojalá los candidatos a la alcaldía y gobernación se comprometan a entregar la plata para la alimentación escolar de los niños”, especificó Parody.
Entre los tres peores
La Guajira es uno de los tres departamentos que presentó un reporte negativo ante el manejo de alimentación escolar, así como Atlántico y Chocó.
Ante la penosa situación, la Defensoría del Pueblo visitó a este y dos departamentos más de Colombia donde se generaron denuncias al respecto y comprobó serias irregularidades en los programas de alimentación escolar, no sólo de La Guajira, sino del Atlántico y Chocó.
Se aprovechan
En la visita a La Guajira, la Defensoría recibió denuncias sobre el presunto aprovechamiento de algunos candidatos a las próximas elecciones regionales en el municipio de Barrancas.
Al parecer, los candidatos habrían condicionado futuras soluciones al transporte escolar en comunidades donde desde 2013 los niños y niñas no reciben clase (pese a un fallo de tutela que ordena medidas para garantizar su traslado hacia las escuelas), a la recopilación de firmas para respaldar sus aspiraciones políticas.
En este sentido, la Defensoría solicitó la intervención de la Procuraduría General de la Nación y de la Unidad de Delitos Electorales, para que se investigue esta situación y se revise la conducta de funcionarios públicos que estarían favoreciendo dichas prácticas.
Al problema de la desnutrición infantil que se presenta en La Guajira y que ha conmovido a Colombia, ahora se suman las falencias en la alimentación escolar.
En instituciones educativas de La Guajira, la Defensoría del Pueblo encontró que los niños hacen sus necesidades a campo abierto por la carencia de baterías sanitarias.
Por Merlin Duarte García/El Pilón
[email protected]
Las denuncias y la inspección de los sitios la hizo la Defensoría Nacional del Pueblo junto con la Delegada para los Derechos de la Niñez y las Defensorías Regionales.
Incumplimiento de la normatividad sanitaria, problemas de contratación y dificultades de infraestructura para el almacenamiento y manipulación de alimentos escolares, fueron algunas de las falencias que encontró la Defensoría del Pueblo en el departamento de La Guajira luego de inspeccionar centros educativos por denuncias al respecto.
De igual modo, la Defensoría encontró irregularidades en la destinación de los recursos de cofinanciación de los entes territoriales encargados de administrar el Programa de Alimentación Escolar (PAE), pese a dos Conpes a través de los cuales se asignaron partidas presupuestales para la alimentación escolar.
Según el Defensor Armando Otálora, en los centros educativos se está suministrando la alimentación en el piso, bibliotecas o en otros escenarios.
“El tema de infraestructura es uno de los primeros problemas que se presenta. En la mayoría de los centros educativos no se prepara la alimentación si no en otros sitios donde hay condiciones indignas y hay alimentos en estado de descomposición”, dijo el Defensor.
La ausencia de garantías en seguridad social para las manipuladoras de alimentos es otra de las problemáticas encontradas por este ente de control en el departamento vecino, especialmente en municipios como Manaure, Maicao, Riohacha y Uribia.
En uno de estos municipios esta entidad encontró que los comestibles que debieron entregarse el 22 de julio pasado tampoco habían llegado el 7 julio a los centros etno-educativos de Manaure.
En otras instituciones se encontró que los menores tienen que pagar hasta 200 pesos diarios para que les sean suministrados los almuerzos y el complemento alimenticio.
Y como si fuera poco, los funcionarios de la Defensoría encontraron que los alimentos perecederos los ubican en el piso, lo que deja entrever la falta de refrigeradores y alacenas.
Ante este penoso y crítico panorama, esta entidad, en asocio con el Ministerio de Educación, pidió a la Comisión de Anticorrupción para que de manera directa se adelante una investigación penal, fiscal y disciplinaria.
“No tiene presentación que los políticos de la región sigan haciendo ferias y fiestas con la plata de la educación de los niños y niñas. Es hora de que los organismos de control reaccionen de manera coordinada frente a este tema doloroso”, dijo Otálora.
Por su parte, la ministra de Educación, Gina Parody, anunció que el Gobierno Nacional destina casi que un billón de pesos para la alimentación escolar para que al menos se repartan cuatro millones y medios de raciones.
“Necesitamos que los entes territoriales se comprometan con este programa, con mayor control y vigilancia y que entreguen recursos que por ley les corresponde entregar, ahora que estamos en campaña electoral ojalá los candidatos a la alcaldía y gobernación se comprometan a entregar la plata para la alimentación escolar de los niños”, especificó Parody.
Entre los tres peores
La Guajira es uno de los tres departamentos que presentó un reporte negativo ante el manejo de alimentación escolar, así como Atlántico y Chocó.
Ante la penosa situación, la Defensoría del Pueblo visitó a este y dos departamentos más de Colombia donde se generaron denuncias al respecto y comprobó serias irregularidades en los programas de alimentación escolar, no sólo de La Guajira, sino del Atlántico y Chocó.
Se aprovechan
En la visita a La Guajira, la Defensoría recibió denuncias sobre el presunto aprovechamiento de algunos candidatos a las próximas elecciones regionales en el municipio de Barrancas.
Al parecer, los candidatos habrían condicionado futuras soluciones al transporte escolar en comunidades donde desde 2013 los niños y niñas no reciben clase (pese a un fallo de tutela que ordena medidas para garantizar su traslado hacia las escuelas), a la recopilación de firmas para respaldar sus aspiraciones políticas.
En este sentido, la Defensoría solicitó la intervención de la Procuraduría General de la Nación y de la Unidad de Delitos Electorales, para que se investigue esta situación y se revise la conducta de funcionarios públicos que estarían favoreciendo dichas prácticas.
Al problema de la desnutrición infantil que se presenta en La Guajira y que ha conmovido a Colombia, ahora se suman las falencias en la alimentación escolar.
En instituciones educativas de La Guajira, la Defensoría del Pueblo encontró que los niños hacen sus necesidades a campo abierto por la carencia de baterías sanitarias.
Por Merlin Duarte García/El Pilón
[email protected]