El único pueblo del Cesar reasentado por las empresas mineras que explotan el carbón en el centro del departamento, que pasó de ser un caserío a un sitio desolado luego de más de 80 años de fundado, hoy es nuevamente poblado por 76 de las 98 familias que un día tuvieron que partir de ese lugar.

A través de las Resoluciones 0970 del 20 de mayo de 2010 y 1525 del 15 agosto del mismo año la autoridad ambiental, en su momento Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ordenó a las empresas mineras Drummond LTD., Sociedad Colombian Natural Resources I SAS- CNR, Prodeco S.A y Vale Coal Colombia LTD., Sucursal Colombia, presentar para su aprobación un plan de reasentamiento de las viviendas y poblaciones afectadas por la explotación de carbón, cuando las demás medidas de control de la contaminación no permitían reducirla a niveles no nocivos para las poblaciones del área de influencia de los proyectos mineros.

Fue así como luego de la creación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), mediante el Decreto Ley 3573 del 27 de septiembre de 2011, estas empresas fueron obligadas al proceso de reasentamiento de comunidades ubicadas en el área de influencia de la explotación de carbón desarrollada en este departamento durante más de 15 años, específicamente en los municipios de Becerril, El Paso, La Jagua de Ibirico, Chiriguaná y Codazzi.

La norma estableció reasentar a las poblaciones de Plan Bonito, en el municipio de El Paso, en un término de un año y las poblaciones de Hatillo (de El Paso) y Boquerón (de La Jagua de Ibirico) en el término de dos años siguientes a la ejecutoria de ese acto administrativo.

Es así como en enero de 2011 se presentó un acuerdo entre las empresas mineras que regulan las actividades de las mismas frente a los procesos de reasentamiento, según lo establece un documento del Departamento de Tierras de la empresa Drummond, entregado a EL PILÓN con fecha 13 de marzo de 2015, en el cual explica el avance de este proceso.

El informe indica que se conformó un Comité Administrativo para tomar todas las decisiones pertinentes. Durante el primer año de implementación las minas contaron con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) como operador, función que comenzó a ejercer a partir de marzo de 2012 rePlan Inc., empresa que se caracteriza por ser la entidad de consultoría más grande por su capacidad de planificar y gestionar los reasentamientos complejos.

En ese mismo año empezó el proceso de reasentamiento. El primer lugar en reubicar fue la comunidad de Plan Bonito, que optó por una negociación individual. Luego se empezó a crear el documento PAR (Plan de Acción de Reasentamiento), que guía y da las directrices de lo que se va a llevar a cabo. Allí están plasmados cada uno de los convenios, de la forma como se llegó a cada uno de los acuerdos de viviendas, terrenos y demás.

El 29 de enero de 2014 se logró la firma de la comunidad, fueron beneficiarias del reasentamiento 174 familias (98 residentes y 76 tenedores o no residentes).

Para este proceso se crearon 15 comités de concertación, 32 mesas de trabajo, 25 reuniones comunitarias, toma de decisión en consenso, participaron las autoridades como el ANLA, Defensoría del Pueblo y la Alcaldía de El Paso. Fueron 21 meses de trabajo con los actores, según las empresas mineras.

En el documento de Drummond aparece que las familias fueron reubicadas de la siguiente manera: En la Loma 67, en La Jagua de Ibirico ocho, tres en Ciénega, tres en Valledupar, dos en Aguachica, dos en San Juan del Cesar, una en Mariangola, una en Ariguaní, una en Barranquilla, una en Becerril, una en Bogotá, una en Casacará, una en Codazzi, una en Curumaní, una en Riohacha, una en Santa Marta y tres faltaron por definir en ese entonces, para un total de 98 familias.

No obstante, uno de los siete representantes de la comunidad, Nelson Tesilla, manifestó que la mayoría de las familias fueron reubicadas en el casco urbano de La Loma, corregimiento de El Paso.

El traslado de los hogares comenzó el 15 de febrero de 2014 y finalizó el 31 de julio del mismo año. Todos los edificios fueron demolidos y el sitio estaba siendo rehabilitado.

Se lograron 173 de 174 acuerdos individuales concertados y realizados, igual número para contratos de transacción firmados. En dicho momento, 171 de las 173 recibieron su pago completo.

Conformaron la cooperativa Coomultraplan de antiguos habitantes de Plan Bonito. Dentro del plan de restablecimiento de medios de vida está el soporte a la restauración de ingresos familiares (capacitación, planes de inversión, microcréditos y el programa de atención psicosocial para el manejo del cambio de lugar).

Para este componente se contrató a Fundes Colombia, firma que empezó operaciones del 16 de febrero de 2015.

Pese a que las fases de un proceso típico de reasentamiento son: Evaluación y diagnóstico, concertación colectiva, concertación individual e implementación inicial y apoyo a largo plazo, al parecer, varios de estos puntos fueron incumplidos por las empresas mineras, hecho que conllevó a los reasentados a volver a sus tierras de forma casi que obligatoria.

El retorno

El 30 de junio del presente año 76 de las 98 familias reasentadas en diferentes poblaciones del Cesar decidieron retornar a las tierras que un día los vio crecer y que permaneció solitaria durante aproximados 12 meses.

Hoy día comienzan a reaparecer las edificaciones en ese caserío de más de ocho décadas que un día celebró la llegada de las grandes multinacionales productoras de carbón al creer que mejorarían su calidad de vida y la población tendría mejor desarrollo urbanístico.

Las familias que están en proceso de identificación de sus predios en donde un día fueron demolidas las viviendas en las que reposaban las historias de varias generaciones, dicen que después de un año el ítem del convenio que comprende temas sociales como: educación, proyectos productivos, microcréditos y un componente de salud no se ha hecho realidad.

“Esta fue una población que no le dictaron una orientación psicosocial, capacitaciones, que no se le dio todo ese apoyo para que se les restaurara en su medio de vida, lo que quiere decir que el documento en esa primera instancia incumplió”, dijo a EL PILÓN Nelson Tesilla.

El representante de la comunidad indicó que las empresas mineras dejaron a un lado el arraigo cultural, todo eso que vivió Plan Bonito por más de 80 años.

Tesilla manifestó que el 25 de abril de 2015 los líderes de la comunidad le solicitaron a las empresas sentarse y revisar los contratos de transacción antes cancelados, puesto que ellos observaron que les faltaban algunos derechos.

“Encontramos errores pequeños. En lo patrimonial no incluyeron estructuras. En el tema de educación sólo hace dos meses tienen el convenio con el Icetex y fue limitado porque solo pueden acceder personas hasta 26 años.

Hace unos días nos paramos de la mesa porque hemos revisado 37 contratos de los 173 y evidenciamos errores, se han burlado de la comunidad porque han dilatado el proceso”, aseguró.

Al parecer las empresas se llevaron dichos contratos para revisarlos y después de un tiempo indicaron que eran insuficientes los 37 porque mínimo necesitaban 50, por tal motivo los líderes se pararon de la mesa y el miércoles anterior realizaron una denuncia formal en la Asamblea y anunciaron que la comunidad retornaba a sus tierras por el incumpliendo de algunos acuerdos.

“Las empresas mineras hicieron con esta comunidad los que se les dio la gana y hoy día tienen un problema social. Queremos que ellos se sienten con nosotros. En la Gobernación hay un derecho de petición porque en Plan Bonito hay derechos no compensados”, mencionó el líder.

Otro de los líderes de Plan Bonito, José del Carmen Jiménez, especificó que “las empresas no nos quieren cumplir con lo pactado, simplemente nos pagaron terrenos y casas y no quieren pagar más nada porque dicen que no tienen derecho a eso. Los adultos mayores también están siendo vulnerados”.

Proceso en El Hatillo y Boquerón

En la población de El Hatillo, jurisdicción del municipio de El Paso, se realizó el censo a la población en 2012 (140 residentes y 140 no residentes).

En febrero del presente año finalizó la actualización de la información censal, así como una instancia adicional denominada Comité de Transición para hacer seguimiento al Plan de Transición.

Por el momento se avanza en el documento del marco jurídico y se reactivó la mesa para la identificación de los terrenos para la reubicación del Nuevo Hatillo.

En cuanto a la población de Boquerón, del municipio de La Jagua de Ibirico, el proceso se encuentra en censo e inventario de bienes.

En la fecha de corte establecida en la Resolución, año 2010, residían en Boquerón aproximadamente 200 familias.

Hoy están establecidas entre 400 y 500 familias, un gran porcentaje de estas han llegado en el último año. La comunidad ha aprobado la realización del Levantamiento Topográfico del Centro Poblado. Se está preparando la metodología e insumos para la socialización de las actividades de levantamiento topográfico en la comunidad.

Por Merlin Duarte García/El Pilón
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