La historia de Fiduciaria Petrolera S.A. –Fidupetrol- que ha generado polémica a nivel nacional, por involucrar además al magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt Chaljub, y que se origina en algo que en su momento fue conocido como el escándalo de las fiduciarias, pudo haber destruido las finanzas del departamento del Cesar.

En el 2007, cuando estaba como gobernador, Rodrigo Canosa Guerrero, su grupo de asesores encabezado por Francisco Canosa y Jairo Calderón, trajeron a Jaime Walfredo Estrada Sarmiento, y a miembros del equipo de Fidupetrol para realizar un negocio que ponía en riesgo la economía del departamento. Los asesores le hicieron la propuesta al Gobernador para que cediera los derechos de un fideicomiso a Fidupetrol.

En ese momento los miembros del Consejo de Política Fiscal del Departamento y el Jefe de la Secretaría de Hacienda analizaron juiciosamente lo que este negocio significaría para las finanzas del Cesar y evidenciaron los riesgos para el departamento, por lo que sugirieron a Canosa Guerrero que no era conveniente firmar ese fideicomiso.

EL PILÓN habló con el entonces secretario de hacienda del Cesar, Luis Alberto Piñeres Cerro, para conocer detalles de por qué el gobernador Canosa no llevó a cabo esta oferta comercial. “Los recursos de regalías del Departamento venían siendo manejados por la fiducia en Bancolombia, con un fideicomiso en Fidecolombia, precisamente que había sido contratado en el año 1996; y que hábilmente los asesores que tenía el doctor Canosa le hicieron la propuesta para que cediera los derechos a Fidupetrol, lo que nos preocupó grandemente, por lo que realizamos un estudio minucioso que nos permitió evidenciar los graves riesgos a que se exponía al celebrar un contrato de esa magnitud. Eso nos permitió realizar algunas recomendaciones y nos negamos de manera radical a ejecutar ese contrato; lo cual se lo hicimos saber al Gobernador a través de una comunicación firmada por todo el Consejo Fiscal”, explicó Piñeres Cerro.

¿Cuáles eran los riesgos de firmar el fideicomiso?
En la comunicación enviada al entonces Gobernador, los miembros del Consejo Fiscal le dieron a conocer cuáles eran los riesgos financieros en los que incurriría el departamento, si se celebraba dicho contrato: “la fiducia, en caso de que no existan los recursos al momento de redimir o asumir la readquisición de los derechos de beneficio a favor del Departamento del Cesar, la fiduciaria procederá de conformidad con lo establecido en el contrato, el cual no conocemos y por consiguiente no podemos conceptuar sobre su conveniencia”.

Así mismo hicieron ver que en el evento que el oferente Jaime Walfredo Estrada no situara los recursos para el pago de la obligación de readquisición, se expondría al Departamento al riesgo de no recibir la totalidad de los recursos entregados; “por consiguiente no consideramos conveniente exponer al Departamento a ese riesgo innecesario”, expresaron en la comunicación.

“Una de las cosas graves que notamos es que el fideicomiso pretendía en uno de los puntos del contrato, que el inversionista beneficiario podía quedar en una persona que éste determinara, y gravísimo que fuera una persona natural, en ese caso Jaime Walfredo. Inexplicablemente Fidupetrol, siendo una fiduciaria, utilizaría el nombre de una persona que desde luego ponía en riesgo las finanzas públicas, porque en cualquier momento se podía declarar en quiebra y lógicamente los recursos iban a estar desamparados. No había garantías por parte de Fidupetrol de resarcir ni siquiera el capital, mucho menos los interés que estaban previstos se podría ganar el departamento”, acotó Luis Alberto Piñeres.

De igual manera dio a conocer que el Consejo Fiscal, dirigido por Fernando Benavides y la Secretaría de Hacienda, evidenciaron que los intereses que pagaría esta fiducia estaban muy similares a los que venía pagando Fiducolombia, que era la empresa que venía administrando los recursos de regalías del Cesar, por lo que no resultaba atractivo para el departamento porque no iba a generar unos rendimientos financieros significativos que le permitiría mejorar su condición financiera, a cambio de un riesgo tan alto.

Piñeres Cerro dijo además que se “estaba violentando la Ley 80 de contratación porque la única forma de realizar este tipo de operación sin que fuera licitada, era que esa operación financiera fuera conexa a un crédito; pero nosotros en ese momento teníamos uno con la Corporación Andina de Fomento para el plan de agua del departamento; por lo que esa figura no se daba en ese momento, por el contrario si se hacía ese contrato debía hacerse a través de una licitación, cosa que no contemplaba la oferta que hacía Fidupetrol, lo que nos llevó a tomar la decisión de no aceptar ese tipo de operaciones y amparar los recursos del departamento”.

¿Cuánto dinero hubiese invertido el Cesar?
Según se pudo conocer, la administración departamental de la época, estuvo a punto de invertir un monto de 40 mil millones de pesos, una suma bastante significativa para el Cesar, que hubiese generado un desfalco muy grande a las finanzas de la región; “este dinero había sido recibido por parte del sistema de regalías que llegaban a Fiducolombia, que tenía el contrato de las fiducias que hacía la administración de los recursos de regalías que a través de la Ley 756 tenían una destinación específica”, indicó el entonces Secretario de Hacienda.

De acuerdo con los ejercicios realizados, por el Consejo Fiscal del departamento, en ese momento la inversión de 40 mil millones de pesos durante un año generaría unos rendimientos por el orden de los 10 mil millones, que correspondería a una tasa de interés equivalente al 10% año vencido; mientras que en la certificación expedida por Fiducolombia deja ver un rendimiento de 7.57%, lo cual representa una rentabilidad casi similar a la obtenida con la operación que se proyectaba a realizar, sin tener que someter al riesgo que pudo generar una operación como la que se pretendía adelantar.

¿Qué pasó en Casanare?
La historia de las fiducias inició en 2007 cuando el entonces gobernador de Casanare, Withman Porras, depositó en Fidupetrol 25 mil millones de pesos para que esta fiduciaria se los administrara en un patrimonio autónomo.
La Gobernación de Casanare quedó como acreedor de Fidupetrol en una fiducia, de la que luego se extravió el dinero, y ahora espera que se le respete el pago de estos recursos, con lo que se liquide de esta empresa.

La administración logró quedar en la acción legal de reclamación, que se efectuó ante la Superintendencia Financiera, luego de que el agente liquidador de dicha firma lo aceptara, ya que antes no lo había podido realizar, porque esta compañía se declaró en quiebra.

Por este caso fue condenado a 18 años de prisión el exgobernador Whitman Herney Porras Pérez, quien ha anunciado la presentación de una acción de revisión de su caso, por considerar que los que deben devolver los dineros son los representantes de estas empresas, que fueron los que se apropiaron ilegalmente de estos recursos. En total, en Casanare están en riego de perderse, por estas fiducias y patrimonios, cerca 60 mil millones de pesos.
En el fallo condenatorio la Corte Suprema de Justicia concluyó que Porras Pérez era responsable porque aprobó la inversión irregular de dineros de regalías por medio de fiduciarias sin revisar los riesgos financieros y administrativos que estas actividades tenían.

La caída de Petrelt
El caso de Fidupetrol fue el que puso a tambalear a la Coste Constitucional, cuando el abogado barranquillero Víctor Pacheco Restrepo denunció que el magistrado Jorge Pretelt había exigido 500 millones de pesos para favorecer un millonario fallo en manos de ese alto tribunal. Pacheco dijo a tres magistrados que la cifra supuestamente solicitada era la tarifa para impulsar la tutela de su cliente Fidupetrol, con la que intentaba librarse de un pago por 22.500 millones de pesos.

Este monto se generó luego de que la Corte Suprema condenó a esa firma en marzo del 2013, a reembolsarle la plata al departamento del Casanare, por manejarla irregularmente y en detrimento de su patrimonio. En ese caso, también fue condenado el entonces gobernador Whitman Porras.

Escándalo por terrenos baldíos
Fidupetrol también estaría investigada por la acumulación irregular de 18 mil hectáreas de terrenos en los departamentos del Cesar y Meta, donde existen predios que aparecen en manos de sus socios y son tierras que deberían ser para campesinos y hoy están en manos de esa compañía.

Los terrenos involucrados se ubican siete de ellos en el municipio de La Gloria, Cesar y 11 más en Puerto Gaitán, Meta.
Al parecer, cuando a las personas se les entregaba el bien, los baldíos tomaban el nombre de patrimonios autónomos, que debían ser administrados por una fiduciaria. La entrega era una fachada, ya que el lote quedaba a nombre del fideicomiso manejado por Fidupetrol, de modo que el legítimo dueño no quedaba figurando como propietario.

Andreina Bandera / EL PILÓN
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