El próximo 30 de septiembre, la ex gobernadora de La Guajira, Suegila Oñate Rosado, quien reemplazara al gobernador dimitente, Juan Francisco Gómez, por espacio de cuatro meses, deberá responder en versión libre, ante la Procuraduría General de la Nación, por seis procesos disciplinarios que le abrió el Ministerio Público, a raíz de supuestas anormalías en varios contratos.

Se conoció que la Procuraduría Regional de La Guajira, delegó a cuatro profesionales especializados; quienes deberán estudiar detalladamente, cada uno de los procesos y determinar hasta dónde llega la responsabilidad de la ex funcionaria en las supuestas irregularidades.

Procesos Investigados

Se estableció que el Ministerio Público aceptó la denuncia interpuesta por la dirigencia Político Administrativa del departamento, por la posible irregularidad en el contrato 179 del 2014, a nombre de Eduard Enrique Camargo Roa, quien estuvo vinculado a la asesoría jurídica en contratación estatal para el apoyo de la gestión contractual del departamento.

Además se le sindica por haber contratado el Programa de Alimentación Escolar ,PAE, al no contar con facultades; además no mostró certificación de publicación en la gaceta oficial del departamento y no contó con la autorización del OCAD Caribe, para apropiar vigencias futuras, violando así el articulo 44 y 97 de la ley 1530 del 2012.

Otra investigación tiene que ver con la violación al régimen  constitucional y legal, es la generada por la no publicación en la Gaceta Oficial del departamento, la ordenanza 001 del 20 de marzo del 2014, que la facultaba para efectuar contratos con organizaciones públicas y privada. Según las investigaciones, al parecer, a través de esta ordenanza se suscribieron varios contratos.

Igualmente, la Secretaria de Apoyo a la Gestión, Ana Carmela Daza Escobar, presentó cargos contra Oñate Rosado, quien la denunció por acoso laboral; alegando que sus funciones, no las pudo desarrollar porque fueron asignadas a personal no vinculado a la administración departamental, rezagándola a ella a un segundo plano.

Por otro lado, se habrían presentado irregularidades, en el pago de las conciliaciones prejudiciales, aprobadas totalmente mediante decisiones judiciales, ejecutoriadas hace 18 de meses, incluidas en el programa de saneamiento fiscal del departamento.

Según los investigadores de la Procuraduría, también se habrían presentado anomalías en los procesos licitatorios: LP 001/14, LP 002/14, LP003/14, LP004/14, en los que no se habría llevado el conducto legal para la escogencia de oferentes.

Por: Jesús Eduardo Ariño Fragozo
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