El ‘ruido’ por hechos de corrupción administrativa ha generado ‘eco’ en los veedores y habitantes del Cesar. Alcaldes como Jhonny Pérez Oñate, Ciro Pupo Castro, Rubén Carvajal Riveira; Lucas Gnecco Cerchar y Hernando Molina Araújo, gobernadores, han sido destituidos y condenados por actos propios de la corrupción. Las investigaciones entregaron desde fraccionamiento de contratos hasta pacto con grupos paramilitares, por estas razones, hay temor que regrese el ‘fantasma político’.
En lo corrido de 2014, a las oficinas de la Procuraduría Provincial y Regional del Cesar han llegado unas 3.220 quejas en contra del gobernador, alcaldes y funcionarios públicos de este departamento. Unas 2.100 pertenecen a la Provincial (vigila 13 alcaldes del Cesar), que lleva alrededor de 500 investigaciones en curso, mientras que 200 expedientes pertenecen a la Regional (procesos de empleados de nivel departamental, alcalde y concejales de Valledupar). Sin contar las de otros entes como la Personería Municipal y las Contralorías (Municipal, Departamental, General Cesar), que no han hecho visible estos datos.

Mandatarios municipales como Fredys Socarrás Reales (Valledupar), Henry Chacón Amaya (Curumaní), Javier Landazabal Gómez (Pueblo Bello), Wilson Rincón Álvarez (La Paz), Wilfrido Ruiz Rada (El Copey), Aideth Barrios Ortega (Astrea), Jorge Patiño Gómez (Bosconia), Alberto Murgas Pupo (El Paso), Walfran Rinaldy Romano (Pelaya), entre otros, igualmente el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, son investigados y podrían ser inhabilitados por las presuntas faltas denunciadas en 31 de los 48 meses de mandato.
El presidente de la Veeduría Ciudadana y el control fiscal, Jayne Alcides Mora Murgas, es el más indignado con los resultados emitidos por los entes de control y vigilancia del departamento.
“Los entes de control y vigilancia se han convertido en los últimos años en escudero y cómplices de los pícaros y corruptos de este país; Valledupar y el departamento del Cesar son víctimas de la corrupción administrativa, aquí no pasa nada, solamente hay pañitos de agua tibia. Para mí los alcaldes después de Rodolfo Campo Soto, deberían estar presos y deben devolver todos esos recursos que se han robado”, dijo Mora Murgas.

El ‘cazador de los elefantes blancos’, como es denominado Jayne Mora, no encuentra explicación ante la decisión tomada por la Procuraduría General de la Nación en cuanto al denunciado caso de la obra denominada plaza de Vendedores Ambulantes del municipio de Valledupar.
En días anteriores, la Procuraduría archivó este proceso de investigación que involucraba a los exalcaldes de Valledupar, Rubén Carvajal Riveira y Luis Fabián Fernández Maestre, a Luis Alfredo Pérez Díaz y William Cortés Díaz en sus condiciones de secretario de Obras del municipio y representante legal de la interventoría.
Los hechos por los que fue archivada la investigación se remontan al año 2011, cuando Jayne Mora interpuso la queja ante la Procuraduría Regional del Cesar, por posibles irregularidades en la ejecución de los contratos de obras públicas 139 y 137. Según el ente investigador, no se demostró la ocurrencia de los hechos.
“Se gastaron toda la plata en remover tierra y cambiar tierra cuando habían 10 bodegas, construidas en material, no hicieron planeación ni estudio de suelo, sino que el dinero en vez de hacer la obra, lo invirtieron en remover tierra”, explicó el líder comunitario.
Con esta decisión, el proyecto para reubicar a 1.100 vendedores ambulantes de la zona centro de Valledupar, con valor de más de 7.000 millones de pesos, sigue ‘en el limbo’ porque actualmente el contrato 407 de 2011 está suspendido.
Uno de los puntos de mayor molestia para Jayne Mora es que la Procuraduría General de la Nación es el máximo organismo del Ministerio Público, así como la Defensoría del Pueblo y las Personerías municipales, “no hacen nada, simplemente no cumplen sus funciones”, explicó.
“En el último año he denunciado una cantidad de irregularidades, por ejemplo, los contratos de los parqueaderos de vehículos a particulares, donde la administración municipal facultó a particulares para que construyeran parqueaderos sin el Municipio recibir un peso; el negoción lo estaban haciendo los dueños del parqueadero, la Policía, los dueños de las grúas y los demás empleados en ese ítem de la movilidad”, declaró Jayne Mora.

Jayne Mora indignado el fallo de la Procuraduría General de la Nación con respecto al proyecto de la nueva galería para vendedores ambulantes. EL PILÓN / Joaquín Ramírez.

Le hizo un llamado al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, que estará hoy en Valledupar, de la siguiente manera: “Le pido al Procurador que le apriete las clavijas a sus subalternos para que cumplan con sus funciones, en Valledupar uno presenta los derechos de petición solicitando los documentos y se la pasan de frescolín, cuando es una cosa grave no contestar un derecho de petición de acuerdo a la Constitución, al artículo 170 de la Ley 850 de 2003. Aquí la Ley se queda en el papel”.
Entre las quejas en contra de mandatarios y funcionarios ante la Procuraduría Provincial y Regional del Cesar están; no haber contestado un derecho de petición, la presunta violación al régimen de inhabilidad, irregularidad en contratación. Otras se hace por paramilitarismo o la presunta implicación en un homicidio.

¿Y los resultados?
Frente a la cantidad de quejas e investigaciones que a la postre proceden, los resultados no son los más alentadores, a esta situación el Procurador Provincial, Alberto Valle Campo, manifestó “hemos sido visibles, hemos trabajado en una campaña de evitar que esos riesgos de corrupción de antaño, se estén repitiendo, a través del eje misional preventivo, una herramienta importante que la carta política que nos rige le dio a la Procuraduría”.
Valle Campo asegura que a más de dos años y medio de su periodo, los administradores no se han visto involucrados en escándalos desagradables y de amplia magnitud, en materia de corrupción como sí sucedió en las administraciones pasadas. “Si revisamos periodo 2011 hacia atrás, siempre a esta época teníamos alcaldes presos, sancionados disciplinariamente y en estos momentos no hemos encontrado esos escándalos en el Cesar”.
La situación para el Procurador Provincial se evidencia en que han “prevenido a través de ese eje misional, la corrupción en el Cesar, y nos satisface porque fue unos de mis objetivos y así fue publicado por EL PILÓN cuando me posesioné. Tengan la completa seguridad que alcalde que cometa un error o un acto de corrupción será sancionado por esta Procuraduría como lo hemos venido haciendo”.
Con respecto al tema sobre denuncias o quejas, Valle Campo aseguró que no son muy relevantes, agregando que es importante la participación ciudadana pero las quejas deben ser fundadas, y no obedecer a caprichos, intereses personales, e inclusive, enemistades personales.
Puntualizó casos como las investigaciones preventivas por las casas de la urbanización Nando Marín, donde encontraron dos anomalías al parecer realizadas por los constructores al momento de levantar los distintos bloques.
Mientras tanto, de por qué alcaldes como Javier Landazabal de Pueblo Bello (señalado de tener vínculos con los paramilitares y actualmente enfrenta un juicio al ser acusado de ordenar la muerte de tres campesinos en el corregimiento Las Minas de Hiracal, en jurisdicción de Pueblo Bello), y Henry Chacón de Curumaní (hoy prófugo de la justicia después de que la Fiscalía 56 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, le dictara junto al excongresistas, Miguel Durán, medida de aseguramiento consistente en detención preventiva), siguen siendo los titulares en sus municipios y no han sido relevados del cargo, Alberto Valle dijo “esos casos (parapolítica) pueden ser investigados por la Procuraduría, tengo entendido que a nivel de Procuraduría existen quejas las cuales nosotros estamos estudiando. A los alcaldes no se les puede violar el debido proceso, pero tengo entendido que en el caso del alcalde de Curumaní (Henry Chacón), la Fiscalía solicitó la suspensión”.
Las críticas del veedor Jayne Mora podrían encontrar un aliado, si se aprueba una proposición del recién elegido Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, quien plantea la eliminación de las territoriales y la implementación obligatoria de las rendiciones de cuenta con rigor.
“En cuanto a la carga burocrática, en la Procuraduría Provincial no existe, a lo contrario nosotros necesitamos más personal para arrojar mayores resultados, esta es una territorial que cuenta con cinco abogados para las investigaciones y tenemos más de 500 investigaciones, nos llegan en promedio unas 300 quejas mensuales, lo que indica que físicamente es imposible sacar todas esas investigaciones con la mayor celeridad por la escasez de recurso humano, y no es carga burocrática, es el personal que se requiere para llevar nuestras funciones a toda plenitud”, expresó Alberto Valle. Esta territorial ha entregado sanciones con inhabilidad a un extesorero de la Alcaldía de Codazzi; sanciones a exalcaldes de Becerril, Chiriguaná, El paso; sanción a concejales de La Paz y Bosconia, entre otros.
Por su parte, el Procurador Regional del Cesar, Perches Giraldo, exhortó “la gente espera que de inmediato se ponga la queja en la Procuraduría se adelante la actuación disciplinaria, inicialmente adelantamos la acción preventiva y de esa acción se puede solucionar el tema o pasamos a la disciplinaria”.

Frente a por qué no se conocen los procesos en curso, Giraldo dijo que los procesos tienen un carácter reservado en virtud del artículo 92 de la Ley 734 del 2000, y por lo tanto, así sea el quejoso no se le da información del proceso hasta que no se produzca una decisión de fondo.
A la fecha, la Procurador Regional ha emitido 13 fallos; nueve en primera instancia y cuatro en segunda. Entre ellos la destitución (primera instancia) de sus cargos e inhabilidad para ejercer funciones públicas durante 12 años a los diputados Manuel Mejía Pallares, Luz Helena Salazar, Eduardo Esquivel López, Celso Vides Córdoba y el exdiputado Ricardo Quintero Baute. Este caso pasó a la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa.

Los casos más sonados
Henry Chacón Amaya, a quien la Fiscalía los acusa de ser uno de los autores intelectuales del homicidio de la exconcejala de Curimaní, Ana Cristina López de Moreno, ocurrido el 26 de noviembre de 2003, a manos de miembros del frente Resistencia Motilona del Bloque Norte de las Auc, es el escándalo más reciente como resultado de las investigaciones judiciales.
Ya se conocía el caso del alcalde y exalcalde de Pelaya, Walfran Rinaldy Romano y Marcos Gutiérrez Cinaci, respectivamente, por sus presuntos nexos con el extinto Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Según los testimonios de varios desmovilizados, Walfran Rinaldy Romano llegó a la Alcaldía en el periodo 2001 a 2003, gracias a acuerdos en el manejo de la contratación con los paramilitares de la región, al mando de alias ‘Omega’ y alias ‘Harold’, con quien se habría reunido en tres oportunidades en las fincas California y La Esmeralda en Chimichagua, Cesar.
Mientras tanto, el alcalde de Pueblo Bello, Javier Landazábal Gómez enfrenta un juicio a cargo del Juzgado Penal Especializado de Valledupar, al ser acusado de ordenar la muerte de tres campesinos en el corregimiento Las Minas de Hiracal, en jurisdicción de la misma población ubicada al norte de Cesar.
Landazábal Gómez es señalado por la Fiscalía por medio de las declaraciones entregadas en febrero del año pasado por el desmovilizado del Bloque Norte de las Autodefensas, John Jairo Sánchez Hernández, alias ‘Centella’, quien dijo que el mandatario se alió con los paramilitares.
Tanto Javier Landazábal Gómez como Henry Chacón Amaya siguen siendo los titulares en sus respectivos municipios, por estos días la Gobernación del Cesar estudia el reemplazo de Chacón Amaya, quien días antes de conocerse la orden judicial solicitó permiso.
Cabe recordar que el primer caso de destitución en el Cesar sucedió en el municipio de González, donde en noviembre del año anterior, el Tribunal Administrativo del Cesar confirmara el fallo de primera instancia que anuló la elección de José Emilio Osorio Rocha, por inhabilidad en el grado de afinidad.
Gobernador investigado
El Gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, hace parte de los gobernadores investigados por la Fiscalía en la Costa Atlántica.
Los mandatarios podrían estar inmersos con parapolítica, desacatos de tutela, celebración indebida de contratos y financiación a campañas políticas con dineros del Estado.
El mandatario del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, es investigado por la Fiscalía General de la Nación por un desacato de tutela, que hace referencia al problema de las invasiones que se presenta en Valledupar.
Según, el Juzgado Segundo Civil del Circuito se fundamenta en el incumplimiento del fallo de tutela T-946 de 2011, emanado de la Corte Constitucional, que ordena el desalojo de las invasiones ‘Los Guasimales’, ‘Altos de Pimienta’, ‘Brisas de La Popa’ y ‘Bello Horizonte’, por este desacato, la Fiscalía investiga al Monsalvo Gnecco.
De igual forma, la Procuraduría Regional del Cesar lleva varias indagaciones preliminares contra el gobernador por casos del hospital Rosario Pumarejo de López y una queja presentada por el Sindicato de la Gobernación.

Confirman sanción
La Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, mediante fallo del 28 de febrero de 2011, sancionó a Rodrigo Canosa Guerrero, en su condición de Gobernador del Cesar para la época de los hechos (2007), con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el término de 15 años. Ante esto, Canosa Guerrero interpuso recurso de apelación contra esa decisión, el cual fue resuelto a través de providencia del 30 de enero de 2014, proferida por la Sala Disciplinaria del mismo organismo, en la cual decidió confirmar la sanción de destitución e inhabilidad.
Según constancia de1 4 de julio de 2014, suscrita por la doctora Sandra Yamile Mesa Díaz, Secretaria del Grupo Asesores Anticorrupción del Despacho del Procurador General de la Nación, la providencia antes referenciada cobró ejecutoria el 7 de junio de 2014 y mediante oficio dirigido al Presidente de la República, esta Secretaría hizo llegar copia de los fallos para que se proceda a hacer efectiva la sanción, dejando confirmada la sanción por 15 años para este exgobernador.

Por Carlos Mario Jiménez / EL PILÓN
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