Nuevas denuncias sobre contaminación ambiental y problemas de salud salen a relucir en contra de las empresas mineras del departamento.
Un total de 350 quejas, con históricas clínicas, que demuestran el diagnóstico de los habitantes de la zona carbonífera del Cesar, fueron recibidas por la Defensoría del Pueblo, en días pasados.
Aunque el número de las quejas no es de igual proporción a las instauradas a principios de este año ante la Fiscalía General de la Nación por 7.000 habitantes de esta zona del país, entre trabajadores, extrabajadores y personas de la comunidad, mediante una demanda colectiva, la preocupación es igual o mayor por parte de los residentes de la zona minera del departamento.
Esta vez la mayoría de los denunciantes, perteneciente a los municipios de La Jagua de Ibirico y El Paso, no son empleados de las empresas Drummond, Carbones de La Jagua, Colombian Natural Resources, Prodeco S.A., Consorcio Minero Unido y Carbones El Tesoro, pero están igual o más afectados que el personal de las empresas carboníferas, puesto que las partículas de carbón afectan sus vías respiratorias, por medio del agua que toman o el aire que respiran.

“Dentro de todas esas quejas encontramos las siguientes patologías: Neumoconiosis antracósica, hongos en la piel, en diferentes modalidades; herpes, rasquiña y una cantidad de problemas en la piel que nos llamó mucho la atención. Hay enfermedades pulmonares crónicas, asma, neumopatías, cáncer pulmonar e infecciones respiratorias,” afirmó el Defensor del Pueblo en el Cesar, Omar Contreras.
El funcionario público, quien se interesó en hacer una visita al corredor minero, el pasado 15 de julio, luego de recibir en su despacho cinco denuncias de ciudadanos que no se lucran del negocio del carbón y quienes le reportaron enfermedades respiratorias, encontró que la mayoría de las epicrisis, de los habitantes atendidos por los seis defensores públicos que estuvieron en el sector, demuestran problemas pulmonares.
Precisamente, aquellos que no tienen nada que ver con la explotación minera serían los más afectados, según un informe denominado ‘Enfermedad y síntomas respiratorios en niños de cinco municipios carboníferos del Cesar, Colombia’, realizado por expertos en la materia, y publicado en el 2013.
En el análisis, que tuvo una población objetiva de 1.627 menores de 10 años, reveló que los habitantes de los corregimientos próximos a depósitos mineros y de corregimientos con tráficos de carbón tuvieron mayor proporción de casos probables de asma y enfermedades respiratorias agudas.
La sintomatología de las personas que denunciaron esta vez ante la Defensoría del Pueblo, sería similar a la de los pequeños del estudio realizado por Leonardo Quiroz Arcentales, del Ministerio de Salud y Protección Social; Luis J. Hernández Flórez, de la Universidad de los Andes; Carlos A. Agudelo Calderón y Rocío Robledo Martínez, del Instituto de Salud Pública. Facultad de Medicina, Universidad de Colombia; Katalina Medina, de la Secretaría Distrital de Salud y Samuel D. Osorio García, del Hospital Vista Hermosa, Bogotá.
Desplazamiento forzoso
En la Loma, corregimiento del Paso y en La Jagua de Ibirico, los campesinos, dirigentes comunales y sindicales y comunitarios sufren del mismo mal, enfermos por el polvillo del carbón, por lo que muchos han tenido que desplazarse de manera obligatoria hacia otras partes del departamento o fuera de éste, para evitar morir por la contaminación o que se agrave su salud.
“Las familias del corredor minero se están desplazando, dejando todo lo que ellos tienen allá de muchos años, huyendo a la situación ambiental. Algunas personas han fallecido por enfermedad pulmonar”, afirmó el Defensor del Pueblo.

Omar Contreras aseguró que al echarle un vistazo a la zona rural de La Loma, pudo constatar lo que hace mucho tiempo dijo la columnista Salud Hernández, cuando publicó que La Loma era una espesa sabana, pero que actualmente cuenta con dos montañas, producto del depósito de los residuos del carbón, expuestas a cielo abierto, a la brisa y el impacto ambiental.
Una de las dos montañas de residuos carboníferos, que tiene una altura de 40 a 50 metros, según Contreras, colinda con el patio de algunas viviendas, en una ubicación aproximada a 25 0 30 metros de distancia, lo que hace más vulnerable a dicha población.
“Estamos elaborando un informe, basados también en un estudio que hizo la Organización de Naciones Unidas hace un par de años, en donde desvirtúa muchas de las afirmaciones que hoy, las empresas mineras tienen como sustento y soporte legal para decir que el ambiente es sano en ese corredor minero” aclaró.
Luego que la Defensoría del Pueblo ingrese los datos del informe al sistema, los funcionarios se dispondrán a presentar oficialmente el documento para así iniciar las acciones que le compete a este órgano de control del Estado.
“Pueden ir de acciones desde el punto de vista constitucional, acciones populares, o coadyuvar en las acciones de grupos o acciones penales ante la Unidad Nacional de Delitos contra el Medio Ambiente, porque creemos que en esta población, están presentándose casos graves, e incluso de desplazamiento forzado” concluyó el Defensor del Pueblo.

Sin autoridad en el Cesar
Debido a que los proyectos de minería, por ley le corresponden a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que es la única autoridad que debe poner en cintura a estas empresas carboníferas, quedan sin potestad las entidades de medio ambiente del departamento y por tanto deben esperar a que sea ANLA la que realice los controles al respecto, sin descuidar sus funciones.
El Secretario de Ambiente del Cesar, Andrés Meza Araujo, indicó que, mientras tanto, en el departamento, se ha reactivado la calidad de aire donde le exigen al ANLA su presencia y los controles tendientes a solucionar la problemática de aire que afecta a toda la población.

En el centro del Cesar está ubicada la zona carbonífera del departamento, conformados por los municipios de Becerril, Agustín Codazzi, La Jagua de Ibirico, Chiriguaná y El Paso. Estas poblaciones tienen, según las autoridades ambientales, un alto grado de contaminación, porque al parecer, los planes de manejo ambiental por parte de las empresas carboníferas no se cumplen a cabalidad.
De igual modo, la gobernación le exigió, según Meza Araujo, a la máxima autoridad ambiental, la ampliación de una mesa de concertación donde se pueda trabajar con la comunidad, con las entidades de orden local y con el gobierno departamental e implementar estrategias para mitigar los impactos ambientales, actividades que vayan de la mano con las empresas mineras.
“Parte de los temas que estamos manejando en la Secretaría de Medio Ambiente es que todas las empresas mineras deben compensar los daños ambientales y sociales causados por el desarrollo de su actividad. Nosotros estamos supervisando todos los procesos de concertación y compensación, de tal manera que se realicen tal como se emplean en las licencias ambientales” dijo el secretario.
El gobierno departamental pretende realzar un modelo de calidad de aire, de dispersión y actualización del inventario de misiones de la zona minera, el cual permitirá identificar qué tanto contamina cada una de las empresas para, posteriormente, exigirle su mitigación.
Además, dio a conocer que “el gobernador firmó hoy un oficio dirigido a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, solicitándole audiencia pública ambiental por la ampliación del proyecto CNR en el Hatillo, que afectaría la población de La Loma y tocaría casi que reasentar a la comunidad”, tal como sucedió con Plan Bonito.
El secretario de Ambiente afirmó que se están realizando acciones para que los impactos ambientales y sociales, derivados de la actividad minera se mitiguen, compensen, corrijan y prevengan.

Por Merlin Duarte García/El Pilón
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