El ente de control entregó un alarmante diagnóstico sobre la crisis ambiental en el puerto de cargue de carbón.
A través de un control de advertencia, la Contraloría General de la República exigió a las distintas autoridades y entidades nacionales y locales, así como los ministerios de Ambiente, Minas, Transporte y Comercio, acciones concretas para atender la problemática ambiental que afronta la Bahía de Santa Marta por el carbón que extrae Drummond en el Cesar.
El organismo de control puso de presente la crisis ambiental de la zona afectada por el transporte y cargue de carbón. En concretó señaló: “problemas generados por el cargue y transporte de carbón en puerto y en buque, la operación del Emisario Submarino, el río Manzanares como aportante de residuos sólidos y sedimentos al mar caribe, la construcción de la Marina y el funcionamiento del relleno sanitario Palangana y Botadero Veracruz, entre otros”.
Igualmente, recuerda que se adelanta una actuación especial sobre el incidente de la barcaza de la multinacional Drummond que dispuso inadecuadamente carbón en el mar el pasado 13 de enero de 2013.
Según público el diario El Espectador, además de estos hechos generadores de contaminación, la Contraloría puso en evidencia la desarticulación que hay entre las distintas entidades del Estado que tienen relación con la problemática de contaminación que se presenta en el Distrito de Santa Marta y en el municipio de Ciénaga, Magdalena.
“…si bien es cierto las autoridades ambientales deben cumplir un papel preponderante en las situaciones antes evidenciadas, debe señalarse que también tienen alto grado de responsabilidad los Ministerios de Transporte, de Minas y Energía, de Comercio, Industria y Turismo, la Superintendencia General de Puertos, la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI, la Dirección General Marítima –DIMAR, el Distrito de Santa Marta, el municipio de Ciénaga, el Departamento del Magdalena y la sociedades portuarias y demás actores particulares que utilizan en forma inadecuada los bienes de la Nación, ocasionando severos daños ambientales a los mismos”, añadió la contralora Sandra Morelli Rico.
Por Redacción / EL PILÓN
El ente de control entregó un alarmante diagnóstico sobre la crisis ambiental en el puerto de cargue de carbón.
A través de un control de advertencia, la Contraloría General de la República exigió a las distintas autoridades y entidades nacionales y locales, así como los ministerios de Ambiente, Minas, Transporte y Comercio, acciones concretas para atender la problemática ambiental que afronta la Bahía de Santa Marta por el carbón que extrae Drummond en el Cesar.
El organismo de control puso de presente la crisis ambiental de la zona afectada por el transporte y cargue de carbón. En concretó señaló: “problemas generados por el cargue y transporte de carbón en puerto y en buque, la operación del Emisario Submarino, el río Manzanares como aportante de residuos sólidos y sedimentos al mar caribe, la construcción de la Marina y el funcionamiento del relleno sanitario Palangana y Botadero Veracruz, entre otros”.
Igualmente, recuerda que se adelanta una actuación especial sobre el incidente de la barcaza de la multinacional Drummond que dispuso inadecuadamente carbón en el mar el pasado 13 de enero de 2013.
Según público el diario El Espectador, además de estos hechos generadores de contaminación, la Contraloría puso en evidencia la desarticulación que hay entre las distintas entidades del Estado que tienen relación con la problemática de contaminación que se presenta en el Distrito de Santa Marta y en el municipio de Ciénaga, Magdalena.
“…si bien es cierto las autoridades ambientales deben cumplir un papel preponderante en las situaciones antes evidenciadas, debe señalarse que también tienen alto grado de responsabilidad los Ministerios de Transporte, de Minas y Energía, de Comercio, Industria y Turismo, la Superintendencia General de Puertos, la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI, la Dirección General Marítima –DIMAR, el Distrito de Santa Marta, el municipio de Ciénaga, el Departamento del Magdalena y la sociedades portuarias y demás actores particulares que utilizan en forma inadecuada los bienes de la Nación, ocasionando severos daños ambientales a los mismos”, añadió la contralora Sandra Morelli Rico.
Por Redacción / EL PILÓN