La pobreza en las veredas y municipios del Cesar con asentamientos de empresas carboníferas, son más pobres hoy que antes que llegarán dichas firmas.
Después de una exhaustiva investigación la Organización de las Naciones Unidas, ONU, emitió un informe en el que advierte que la explotación carbonífera a gran escala en tres municipios del Cesar, ha incrementado la pobreza en esta región del país.
El documento fue difundido por este organismo a través de su oficina para los Derechos Humanos en Colombia, tras una visita en el mes de marzo de 2013 en las veredas de El Hatillo y Plan Bonito, del municipio de El Paso, y Boquerón, en La Jagua de Ibirico, poblaciones que han presentado transformación en detrimento de su economía como consecuencia de la minería.
“Desde los años noventa (del siglo pasado), la presencia de la explotación carbonífera a gran escala en inmediaciones de estas veredas provocó agudos cambios en las costumbres de la población”, reseña el informe.
La ONU explica que se ha afectado “principalmente el acceso al agua, la salud, el desarrollo de la actividad agropecuaria y el cambio en su entorno al ver crecer a diario montañas de material estéril o desperdicios de la explotación”.
En el informe se resalta que los habitantes de estos municipios se dedicaban a la pesca, la caza y cultivos, pero que a raíz de la privatización de la tierra, la contaminación ambiental y la pérdida de fuentes hídricas los pobladores sufren ahora de restricción de acceso a los alimentos, o como se diría popularmente ‘no tienen que comer’.
Las empresas que operan en esas tres localidades del Cesar son las estadounidenses Drummond y CNR, así como Prodeco, de la propiedad de la empresa suiza Glencore International.
Desde 2010 estas trasnacionales han estado envueltas en líos jurídicos después de una intervención de las autoridades ambientales, debido a eso el Consejo de Estado emitió un fallo contra ellas debido a la contaminación producida a causa de su actividad.
La sentencia obligaba a cinco empresas carboníferas, entre ellas Drummond, CNR y Prodeco, a reubicar alrededor de dos mil personas de la zona por los efectos de la contaminación, pero tres años después de la resolución aún no se ha cumplido.
En su informe sobre la situación que atraviesan esas tres veredas del Cesar, la ONU hace referencia a la crisis alimentaria, económica, la problemática ambiental y los fenómenos sociales que hoy día se están manifestando.
La ONU hizo referencia en su informe acerca de la situación de El Boquerón, “Ahora existe una restricción en el acceso a los alimentos y una disminución sustancial de su capacidad adquisitiva”, lo que significa que esa población actualmente es más pobre de lo que era antes que llegarán las empresas mineras.
La vereda Plan Bonito, de El Paso atraviesa por la misma situación que la de El Boquerón; La ONU halló que esa población está compuesta por al menos 100 familias, de las cuales sólo 20 tienen algunos de sus miembros laborando en las empresas mineras, lo que quiere decir que las oportunidades laborales en esa localidad en la minería son pocas.
El periodista Miguel Ángel Castilla Camargo publicó en una columna de este periódico, la denuncia de los pobladores de esas poblaciones sobre los perjuicios que han ocasionado las empresas mineras después de varias décadas de funcionamiento en los municipios y veredas del Cesar.
Siete mil habitantes, entre trabajadores, extrabajadores y personas de la comunidad del Corredor Carbonífero del Cesar, de los municipios de La Jagua de Ibirico, El Paso, Chiriguaná, Becerril, y Codazzi, entablaron una ‘Acción de Grupo’ ante la Fiscalía General de la Nación contra las multinacionales Drummond, Carbones de La Jagua, Colombian Natural Resources, Prodeco S.A., Consorcio Minero Unido y Carbones El Tesoro.
La denuncia penal fue presentada por lesiones personales, daños en los recursos naturales y contaminación ambiental, para un total de 43 mil poderes otorgados a las firmas de abogados, DS Legal Solutions y Al Abogados.
¿Qué es una Acción de Grupo?
La acción de grupo se encuentra desarrollada por la Ley 472 de 1998 en el artículo tercero, la principal característica de esta acción es que debe ser presentada por una pluralidad o conjunto de personas a las cuales se les haya causado un daño, es decir, que los perjuicios causados a cada uno de los integrantes del grupo debieron ser generados por las mismas causas, el artículo mencionado define la acción de grupo de la siguiente manera:
“Son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas”.
Mohamed Osman Díaz
[email protected]
La pobreza en las veredas y municipios del Cesar con asentamientos de empresas carboníferas, son más pobres hoy que antes que llegarán dichas firmas.
Después de una exhaustiva investigación la Organización de las Naciones Unidas, ONU, emitió un informe en el que advierte que la explotación carbonífera a gran escala en tres municipios del Cesar, ha incrementado la pobreza en esta región del país.
El documento fue difundido por este organismo a través de su oficina para los Derechos Humanos en Colombia, tras una visita en el mes de marzo de 2013 en las veredas de El Hatillo y Plan Bonito, del municipio de El Paso, y Boquerón, en La Jagua de Ibirico, poblaciones que han presentado transformación en detrimento de su economía como consecuencia de la minería.
“Desde los años noventa (del siglo pasado), la presencia de la explotación carbonífera a gran escala en inmediaciones de estas veredas provocó agudos cambios en las costumbres de la población”, reseña el informe.
La ONU explica que se ha afectado “principalmente el acceso al agua, la salud, el desarrollo de la actividad agropecuaria y el cambio en su entorno al ver crecer a diario montañas de material estéril o desperdicios de la explotación”.
En el informe se resalta que los habitantes de estos municipios se dedicaban a la pesca, la caza y cultivos, pero que a raíz de la privatización de la tierra, la contaminación ambiental y la pérdida de fuentes hídricas los pobladores sufren ahora de restricción de acceso a los alimentos, o como se diría popularmente ‘no tienen que comer’.
Las empresas que operan en esas tres localidades del Cesar son las estadounidenses Drummond y CNR, así como Prodeco, de la propiedad de la empresa suiza Glencore International.
Desde 2010 estas trasnacionales han estado envueltas en líos jurídicos después de una intervención de las autoridades ambientales, debido a eso el Consejo de Estado emitió un fallo contra ellas debido a la contaminación producida a causa de su actividad.
La sentencia obligaba a cinco empresas carboníferas, entre ellas Drummond, CNR y Prodeco, a reubicar alrededor de dos mil personas de la zona por los efectos de la contaminación, pero tres años después de la resolución aún no se ha cumplido.
En su informe sobre la situación que atraviesan esas tres veredas del Cesar, la ONU hace referencia a la crisis alimentaria, económica, la problemática ambiental y los fenómenos sociales que hoy día se están manifestando.
La ONU hizo referencia en su informe acerca de la situación de El Boquerón, “Ahora existe una restricción en el acceso a los alimentos y una disminución sustancial de su capacidad adquisitiva”, lo que significa que esa población actualmente es más pobre de lo que era antes que llegarán las empresas mineras.
La vereda Plan Bonito, de El Paso atraviesa por la misma situación que la de El Boquerón; La ONU halló que esa población está compuesta por al menos 100 familias, de las cuales sólo 20 tienen algunos de sus miembros laborando en las empresas mineras, lo que quiere decir que las oportunidades laborales en esa localidad en la minería son pocas.
El periodista Miguel Ángel Castilla Camargo publicó en una columna de este periódico, la denuncia de los pobladores de esas poblaciones sobre los perjuicios que han ocasionado las empresas mineras después de varias décadas de funcionamiento en los municipios y veredas del Cesar.
Siete mil habitantes, entre trabajadores, extrabajadores y personas de la comunidad del Corredor Carbonífero del Cesar, de los municipios de La Jagua de Ibirico, El Paso, Chiriguaná, Becerril, y Codazzi, entablaron una ‘Acción de Grupo’ ante la Fiscalía General de la Nación contra las multinacionales Drummond, Carbones de La Jagua, Colombian Natural Resources, Prodeco S.A., Consorcio Minero Unido y Carbones El Tesoro.
La denuncia penal fue presentada por lesiones personales, daños en los recursos naturales y contaminación ambiental, para un total de 43 mil poderes otorgados a las firmas de abogados, DS Legal Solutions y Al Abogados.
¿Qué es una Acción de Grupo?
La acción de grupo se encuentra desarrollada por la Ley 472 de 1998 en el artículo tercero, la principal característica de esta acción es que debe ser presentada por una pluralidad o conjunto de personas a las cuales se les haya causado un daño, es decir, que los perjuicios causados a cada uno de los integrantes del grupo debieron ser generados por las mismas causas, el artículo mencionado define la acción de grupo de la siguiente manera:
“Son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas”.
Mohamed Osman Díaz
[email protected]