Alcalde presentó informe a entes de control

Una ejecución financiera del 97% frente a una ejecución técnica menor al 50% es el estado de los tres contratos suscritos por la anterior administración municipal en Chiriguaná, que hoy están en la mira de los organismos de control y que han producido las primeras sanciones disciplinarias.
En sesión de la Comisión Regional de Moralidad del Cesar en esa localidad, el alcalde Gustavo Aroca, reveló que pese a los esfuerzos de su administración que ha logrado que los contratistas avancen en la ejecución de las obras, siguen los retrasos de estos contratos que suman $80 mil millones de pesos, por lo que acatará la solicitud de los entes de control de iniciar un estudio para determinar si es viable la ejecución  o se debe proceder a la liquidación y hacer efectivas las cláusulas.
En el informe, Aroca Dajil, mostró las acciones de la administración con los contratistas del  contrato por $49 mil millones para el acueducto regional, el de $12 mil millones para alcantarillado pluvial y $17 mil millones, para infraestructura educativa.

“Encontramos situaciones que la situación financiera no se compadece con la ejecución física de las obras y hay entonces que tomar las decisiones bajo el acompañamiento de estos entes de control para poder terminarlas, o declarar un incumplimiento para poder avanzar en la dinámica de este gobierno que ya tiene un Plan de Desarrollo nuevo aprobado”, dijo el mandatario.

Función de advertencia

El Procurador Regional, Jesús Muñoz Vega, destacó que ese organismo ya ha iniciado la acciones y se han producido sanciones individuales por la realización de los contratos de infraestructura educativa y de alcantarillado pluvial sin la interventoría y que actualmente hay una función de advertencia para que la actual administración determine si se alcanzan a ejecutar o deben ser liquidados estos contratos.

“La administración actual está debidamente advertida, para que funcionalmente cumpla por la salvaguarda de estos recursos, con las cláusulas exorbitantes o incumplimiento de tales contratos”.

En ese sentido, el gerente de la Contraloría General de la República en el Cesar, José Antonio Soto, destacó que hay una situación particular en cuanto al contrato de infraestructura educativa que no habían tenido en cuenta estos organismos.

“Se contrató la adecuación en el año 2010 de 19 instituciones educativas del municipio y los informes indican que solamente nueve o diez pudieron intervenirse y que a fecha de hoy, se procede a liquidar el contrato toda vez que el contratista le exige a la actual administración 4 mil millones de pesos, que la actual administración no está dispuesta a comprometer, ya estarán entonces después de esta liquidación los organismos de control y la Fiscalía entrar a mirar que decisiones tomar a partir de este acto administrativo de liquidación del contrato”.

No hay archivos, ni soportes

Uno de los puntos que más inquietó al representante de la Contraloría, es la dificultad para la realización en las auditorías en ese municipio, donde no cuentan con un archivo, ni una carpeta con soportes de la contratación y los giros.

“El municipio de Chiriguaná, no cuenta con un sistema para el manejo del archivo de los documentos soportes de la ejecución de los recursos de regalías, los expedientes no se encuentran clasificados, identificados, ni ordenados; en consecuencia los soportes de pagos realizados y los contratos no contienen el registro total de las actuaciones que soportan el proceso contractual. Esta situación evidencia falta de gestión, organización y control documental por parte de la administración municipal, lo que incrementa el riesgo de inconsistencia y pérdida de documentos, además de dificultar la consulta y seguimiento de las actividades realizadas”.

La audiencia de la comisión estuvo presidida por el Procurador Regional del Cesar, Jesús Muñoz Vega; el Contralor Departamental, Gustavo Aguilar;  el Procurador Provincial, Alberto Valle Campo;  la directora seccional de Fiscalía, Luisa Pinto;  el gerente de la Controlaría General de la República, José Antonio Soto; y el personero de Valledupar, Alfonso Campo y la contralora municipal de Valledupar, Mercedes Vásquez, como invitados permanentes.