Del primero de enero al 31 de marzo, la administración municipal realizó 244 contratos de manera directa por más de 26 mil millones de pesos.
Según el reporte del Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP, con corte al 31 de marzo del presente año, se observa que el 95 % de los procesos que ha adelantado la Alcaldía de Valledupar ha sido mediante la modalidad de contratación directa.
En los primeros tres meses de la gestión del alcalde Augusto Ramírez Uhía, han realizado 244 procesos de forma directa por 26.094 millones de pesos; mientras que por concurso de mérito la contratación fue por 1.585 millones 445 mil pesos, reflejados en cuatro procesos. A través de la modalidad de mínima cuantía hicieron 10 contratos por 366 millones 264 mil pesos y por selección abreviada de menor cuantía, 807 millones 766 mil pesos.
En total la Alcaldía de Valledupar ha contratado a corte de 31 de marzo 37.558 millones de pesos, siendo la modalidad directa la que más pesa en ésta, la mayoría para contratar personal a través de órdenes de prestación de servicios.
Entre los contratos ejecutados de manera directa se destaca el que tiene por objetivo ‘Aunar esfuerzos técnicos y económicos para el desarrollo de acciones para la implementación del Programa de Alimentación Escolar –PAE- con destino a los estudiantes de instituciones educativas oficiales del Municipio’, por la suma de 12.312 millones de pesos.
Otros de los contratos entregados de manera directa por el Municipio de Valledupar es el de ‘Aunar esfuerzos para promover la atención integral de los adultos mayores en condición de vulnerabilidad, indigencia, desnutrición y problemas de salud en los centros de vida de Los Mayales y La Nevada de Valledupar’, por un valor de 1.453 millones de pesos.
De manera directa también adjudicaron el contrato que busca aunar esfuerzos para garantizar el servicio de alimentación escolar que brinde un complemento alimentario durante la jornada escolar a los niños y adolescentes registrados en la matrícula oficial de las instituciones educativas oficiales del resguardo Arhuaco, acorde con los lineamientos técnicos administrativos y estándares para la asistencia alimentaria al escolar, por un valor de 665 millones 948 mil pesos.
De igual modo, el contrato para la administración de la atención educativa en las instituciones educativas oficiales de la zona rural indígena kankuama para garantizar el derecho a la educación propia en el marco del proceso de implementación del sistema educativa indígena, por 3.808 millones de pesos.
Aunque la ley es clara y habla de los principios de transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva del contratista (circular conjunta de Auditoría, Contraloría y Procuraduría), en este caso no se estaría aplicando por el alto porcentaje de contratación de manera directa, según el análisis de expertos en contratación pública.
La Auditoría General de la República en el desarrollo del ‘Proyecto de Control al Control’ realizado el año pasado, encontró que el 47 % de los procesos contractuales de los sujetos vigilados por las contralorías son realizados a través de contratación directa, que en el caso de Valledupar lo supera con creces al ser de 95 %.
Afirma esta circular que “no por el hecho de tratarse (la contratación directa) de una excepción a la regla general de convocatoria pública, las entidades pueden sustraerse de la obligación de cumplir con los principios que rigen la contratación pública” y exhorta a los jefes o representantes legales y ordenadores del gasto de las entidades sometidas al Estatuto de Contratación Estatal, a nivel nacional, a dar estricta aplicación a los principios constitucionales y legales que rigen la actividad.
El asesor jurídico de la Administración Municipal, Rober Martínez Murgas, explicó que la contratación o modalidades de selección no depende de la cuantía, sino del objeto contractual y en el caso de la alimentación escolar, que fue hecho por más de 12 mil millones, obedeció a que el año pasado cuando la administración estaba en manos de Fredys Socarrás, el Concejo no le dio autorización para aprobar vigencias futuras para iniciar el proceso de contratación y por lo tanto no pudo contratar este servicio.
“Como no fueron aprobadas y hubo cambio de vigencia, se iniciaba calendario escolar y no se tenía contratada la alimentación escolar, teníamos dos opciones: una, el Municipio lo contrataba y adelantaba un proceso de licitación o se asociaba con una empresa de reconocida idoneidad, con experiencia en el campo, y en ese caso hizo un convenio de asociación”, explicó Martínez Murgas.
En ese sentido, la administración optó por el convenio, debido a la necesidad urgente porque ya comenzaba el año escolar para los estudiantes de Valledupar, toda vez que una licitación demora alrededor de tres meses y eso retardaba el servicio para la población escolar.
En cuanto al proceso de Adulto Mayor, también fue realizado a través de un convenio de asociación y según Martínez Murgas a nivel nacional la mayoría de entidades están celebrando convenios de asociación, porque es una forma de que el privado haga aportes.
Para la próxima vigencia, asegura, cuando contarán con más tiempo, la Administración proyecta aprovechar al Concejo de Valledupar para presentar vigencias futuras y hacer licitación pública.
En cuanto a los contratos de prestación de servicios explicó que estos no se pueden realizar por otro medio de contratación, además que el Municipio la última reestructuración que hizo fue en el año 2005 y en ese tiempo ha crecido mucho la planta de personal, por lo que debe contratar a los profesionales que apoyen la gestión de la administración.
“Cada contrato de prestación tiene unos estudios previos o justificación de la necesidad, donde el Municipio está precisando por qué es supremamente necesaria la contratación de estas personas. Por ejemplo, para la defensa jurídica el Municipio tienen solo tres abogados y más de 500 procesos, con el personal de planta es imposible, por eso contratamos personal para que apoyen la gestión que realiza el Municipio. Sin embargo, hemos sido austeros en los costos, el pago de un honorario en la Gobernación del Cesar para un abogado son alrededor de siete millones de pesos, el Municipio en promedio no supera los tres millones de pesos”, Martínez Murgas.
Redacción
Del primero de enero al 31 de marzo, la administración municipal realizó 244 contratos de manera directa por más de 26 mil millones de pesos.
Según el reporte del Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP, con corte al 31 de marzo del presente año, se observa que el 95 % de los procesos que ha adelantado la Alcaldía de Valledupar ha sido mediante la modalidad de contratación directa.
En los primeros tres meses de la gestión del alcalde Augusto Ramírez Uhía, han realizado 244 procesos de forma directa por 26.094 millones de pesos; mientras que por concurso de mérito la contratación fue por 1.585 millones 445 mil pesos, reflejados en cuatro procesos. A través de la modalidad de mínima cuantía hicieron 10 contratos por 366 millones 264 mil pesos y por selección abreviada de menor cuantía, 807 millones 766 mil pesos.
En total la Alcaldía de Valledupar ha contratado a corte de 31 de marzo 37.558 millones de pesos, siendo la modalidad directa la que más pesa en ésta, la mayoría para contratar personal a través de órdenes de prestación de servicios.
Entre los contratos ejecutados de manera directa se destaca el que tiene por objetivo ‘Aunar esfuerzos técnicos y económicos para el desarrollo de acciones para la implementación del Programa de Alimentación Escolar –PAE- con destino a los estudiantes de instituciones educativas oficiales del Municipio’, por la suma de 12.312 millones de pesos.
Otros de los contratos entregados de manera directa por el Municipio de Valledupar es el de ‘Aunar esfuerzos para promover la atención integral de los adultos mayores en condición de vulnerabilidad, indigencia, desnutrición y problemas de salud en los centros de vida de Los Mayales y La Nevada de Valledupar’, por un valor de 1.453 millones de pesos.
De manera directa también adjudicaron el contrato que busca aunar esfuerzos para garantizar el servicio de alimentación escolar que brinde un complemento alimentario durante la jornada escolar a los niños y adolescentes registrados en la matrícula oficial de las instituciones educativas oficiales del resguardo Arhuaco, acorde con los lineamientos técnicos administrativos y estándares para la asistencia alimentaria al escolar, por un valor de 665 millones 948 mil pesos.
De igual modo, el contrato para la administración de la atención educativa en las instituciones educativas oficiales de la zona rural indígena kankuama para garantizar el derecho a la educación propia en el marco del proceso de implementación del sistema educativa indígena, por 3.808 millones de pesos.
Aunque la ley es clara y habla de los principios de transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva del contratista (circular conjunta de Auditoría, Contraloría y Procuraduría), en este caso no se estaría aplicando por el alto porcentaje de contratación de manera directa, según el análisis de expertos en contratación pública.
La Auditoría General de la República en el desarrollo del ‘Proyecto de Control al Control’ realizado el año pasado, encontró que el 47 % de los procesos contractuales de los sujetos vigilados por las contralorías son realizados a través de contratación directa, que en el caso de Valledupar lo supera con creces al ser de 95 %.
Afirma esta circular que “no por el hecho de tratarse (la contratación directa) de una excepción a la regla general de convocatoria pública, las entidades pueden sustraerse de la obligación de cumplir con los principios que rigen la contratación pública” y exhorta a los jefes o representantes legales y ordenadores del gasto de las entidades sometidas al Estatuto de Contratación Estatal, a nivel nacional, a dar estricta aplicación a los principios constitucionales y legales que rigen la actividad.
El asesor jurídico de la Administración Municipal, Rober Martínez Murgas, explicó que la contratación o modalidades de selección no depende de la cuantía, sino del objeto contractual y en el caso de la alimentación escolar, que fue hecho por más de 12 mil millones, obedeció a que el año pasado cuando la administración estaba en manos de Fredys Socarrás, el Concejo no le dio autorización para aprobar vigencias futuras para iniciar el proceso de contratación y por lo tanto no pudo contratar este servicio.
“Como no fueron aprobadas y hubo cambio de vigencia, se iniciaba calendario escolar y no se tenía contratada la alimentación escolar, teníamos dos opciones: una, el Municipio lo contrataba y adelantaba un proceso de licitación o se asociaba con una empresa de reconocida idoneidad, con experiencia en el campo, y en ese caso hizo un convenio de asociación”, explicó Martínez Murgas.
En ese sentido, la administración optó por el convenio, debido a la necesidad urgente porque ya comenzaba el año escolar para los estudiantes de Valledupar, toda vez que una licitación demora alrededor de tres meses y eso retardaba el servicio para la población escolar.
En cuanto al proceso de Adulto Mayor, también fue realizado a través de un convenio de asociación y según Martínez Murgas a nivel nacional la mayoría de entidades están celebrando convenios de asociación, porque es una forma de que el privado haga aportes.
Para la próxima vigencia, asegura, cuando contarán con más tiempo, la Administración proyecta aprovechar al Concejo de Valledupar para presentar vigencias futuras y hacer licitación pública.
En cuanto a los contratos de prestación de servicios explicó que estos no se pueden realizar por otro medio de contratación, además que el Municipio la última reestructuración que hizo fue en el año 2005 y en ese tiempo ha crecido mucho la planta de personal, por lo que debe contratar a los profesionales que apoyen la gestión de la administración.
“Cada contrato de prestación tiene unos estudios previos o justificación de la necesidad, donde el Municipio está precisando por qué es supremamente necesaria la contratación de estas personas. Por ejemplo, para la defensa jurídica el Municipio tienen solo tres abogados y más de 500 procesos, con el personal de planta es imposible, por eso contratamos personal para que apoyen la gestión que realiza el Municipio. Sin embargo, hemos sido austeros en los costos, el pago de un honorario en la Gobernación del Cesar para un abogado son alrededor de siete millones de pesos, el Municipio en promedio no supera los tres millones de pesos”, Martínez Murgas.
Redacción