Por Redacción Política.

El director nacional de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Giovani Yule, estuvo este viernes reunido con campesinos y víctimas del conflicto armado en el departamento del Cesar.

Junto a él estuvieron funcionarios de la Agencia Nacional de Tierra (ANT), la Organización de las Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo, funcionarios de Tamalameque, Chimichagua, la Unidad para las Víctimas, entre otros.

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¿Cuál era el objetivo del encuentro?

El objetivo de la reunión era en cumplimiento de un acta de compromiso que hizo el Gobierno nacional con las comunidades campesinas del municipio de Chimichagua que están haciendo la solicitud de tierras. Estuvimos haciendo la revisión y el seguimiento de esos compromisos que se firmaron el 7 de octubre del 2022.

En el informe que se dio por parte de las instituciones, mostramos a la comunidad en lo que hemos avanzado que ha sido prácticamente en los estudios técnicos a los predios para mirar si no tienen ningún problema en términos jurídicos y administrativos para que la Agencia Nacional de Tierra pueda hacer los avalúos y las compras.

Se observó que 16 predios fueron presentados, de los cuales 8 están en proceso de restitución, eso significa que sobre esos ocho predios no se puede hacer ninguna compra por parte de la Agencia Nacional de Tierra hasta que no se culmine el proceso de las etapas administrativa y jurídica que tiene que ver con resolver asuntos del despojo territorial.

En ese sentido, la Agencia Nacional de Tierra va a seguir haciendo los procedimientos para hacer los avalúos y el resto de los estudios para que al final se compren las tierras y solucionar el problema de las comunidades que están reclamándolas.

¿Cómo avanza el proceso de compra de predios en el Cesar teniendo en cuenta que el año pasado realizaban estudios topográficos en el municipio de Chimichagua?

Lo cierto es que el predio que quedó más adelantado en términos técnicos y con todas las viabilidades es ‘La Oficina’ que comprende más de 2.000 hectáreas en Chimichagua.

Lo que están diciendo las comunidades es que hay otros sectores, no solo los campesinos, sino también indígenas y afros que tienen el mismo propósito de reclamar tierras, entonces estamos estableciendo un espacio más regional para acordar la petición más general y avanzar en la reforma agraria, política que encabeza el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez.

Desde la Unidad de Restitución de Tierras, la ANT, el Ministerio del Interior, las alcaldías de Chimichagua y Tamalameque y otras instituciones vamos a establecer un espacio más amplio para tener una ruta que nos pemrita una solución integral para la región.

Al término de la reunión firmamos nuevamente el acta que corresponde en comprometernos con viabilizar la compra de los predios que están jurídica y administrativamente viables para que se haga el procedimiento.

También nos acompañó la Unidad Nacional de Protección (UNP) por denuncias que habían hecho las comunidades sobre amenazas a líderes sociales, allí se pudo mirar una ruta para la protección de las personas que están vulnerables ante la violencia y los conflictos de la región.

¿Y qué adelantos hay para las comunidades de Tamalameque?

En Tamalameque están a la expectativa, pero creo que más adelante también empiezan a haber ofertas ahí y en los otros municipios que mencionaron las comunidades porque precisamente para eso haremos un ejercicio interinstitucional.

¿Cuándo será la próxima reunión?

Quedamos en que apenas tuviéramos resultados por parte de las instituciones nacionales, sobre todo de la Agencia Nacional de Tierra, haríamos otra jornada para presentar informe a las comunidades. La idea es que nos podamos juntar la Unidad de Restitución de Tierras, la Agencia Nacional de Tierra, la Unidad para las Víctimas, en coordinación con la Gobernación y las alcaldías para seguir avanzando en las soluciones.

¿Cuántos procesos de restitución de tierra hay en el departamento del Cesar?

Las solicitudes que se han tramitado en toda la vida de la Unidad de Restitución de Tierra tenemos 8.141, pero desde las administraciones anteriores solo tenemos aprobado el 31%, eso significa que en estos momentos solamente estamos haciéndole el proceso a 2.138 solicitudes.

Este es precisamente un asunto que en el nuevo Gobierno estamos revisando porque no puede ser que sobre 100 solicitudes, el 69% estén negadas. A nivel nacional, hemos hecho más o menos una revisión de 400 solicitudes que tenían mal procedimiento y por eso las han rechazado, hemos revocado esos rechazos y hemos dado trámite porque en términos nacionales obedece a 50.000 hectáreas.

En la institución había prácticamente un equipo profesional para revisar las solicitudes, y aquellas que en su mayoría trasladaran con proyectos macroeconómicos de temas mineroenergéticos entonces lo rechazaban.

Esa figura la eliminamos cuando llegamos nosotros porque aquí las instituciones están es para cumplirle a las víctimas, no para responder a los proyectos macroeconómicos del país.

También estamos tratando de modificar la Ley 1448 en lo que tiene que ver con procesos que no tienen oposición para que en la etapa administrativa podamos concretar la materialización y entrega de estos terrenos a las víctimas y no pasen a la etapa judicial que es donde, regularmente, más se demora el proceso.

Sabemos que en muchos de estos predios hay segundos ocupantes de buena fe y ahí la idea es que por medio del Plan de Desarrollo se puedan beneficiar a estas personas porque también tienen la necesidad de las tierras y son sujetos de tener sus fincas para hacer su vida familiar, social, cultural y espiritual.

¿Qué avances hay en el caso de la hacienda La Gloria o Bellacruz en La Gloria, sur del Cesar?

Es un proceso emblemático, casos más fuertes y lo hemos priorizado. En este momento está en etapa probatoria y por supuesto vamos a colocar todos los elementos necesarios, tanto administrativos como jurídicos para que las víctimas puedan tener acceso a la restitución.

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