La aprobación de la Ley 550 era la noticia más esperada por la administración de Fredys Socarrás Reales, porque es la apuesta para lograr la liberación de recursos que requiere el ejecutivo para ejecutar el Plan de Desarrollo 2012-2015.

Aunque el municipio de esta manera pierde cierto grado de autonomía debido a la coadministración que hará el Ministerio de Hacienda, es una oportunidad para sanear fiscalmente a la administración, que entre otras cosas este fue el mismo camino seguido por Barranquilla para salir de la crisis financiera en que estaba y el inicio de la transformación de la gran ciudad que hoy se refleja al resto del país. La comparación es exigente porque plantea un gran reto para Valledupar, pues mientras Barranquilla es centro industrial, ciudad investigadora y puerto de entrada y salida de los flujos de los TLC con el Atlántico Norte, la capital cesarense se ha especializada en ser un centro receptor de servicios y consumos, con una apuesta por la construcción que no es un bien exportable, por lo tanto exige mayor creatividad, innovación y estrategias de parte de la Administración Municipal.

La Ley 550 de 1999 genera además de cosas buenas, otras no tan positivas, como el impacto que se presentará entre las entidades financieras que le prestan al Municipio y los proveedores. Esto será una situación transitoria, mientras se recupera la confianza, y a partir de allí lo importante es que los ingresos superen a los gastos y se logre obtener superávit, lo que le permitirá a la Administración hacer inversiones sociales y obras, y atender deudas nuevas, causadas después de la admisión a la Ley de Reestructuración, mientras las deudas anteriores, que son las que quedan congeladas, se pagarán de acuerdo con las condiciones, intereses y plazos acordados o negociados con los acreedores.
 
La aprobación de la Ley 550 es apenas una primera etapa, puesto que ahora comienza un estudio a todas las cuentas por pagar del municipio, tanto las que están Tesorería como en la justicia administrativa para concertar el mejor acuerdo, según la capacidad de pago del municipio. La Administración Municipal tendrá con esta Ley más controles y en ocasiones se harán lentos los procesos de trámites y algunos pagos.

De todas maneras, los beneficios priman en este caso, pues el Municipio se quita el respirador artificial que tenía debido a la asfixia provocada por las deudas de más de 200 mil millones, que causaban embargos tras embargos. El camino apenas comienza.