Después del almuerzo de aquel miércoles, 28 de noviembre de 1990, el cabildo gobernador Luis Napoleón Torres Crespo, Ángel María Torres Arroyo y Antonio Hugues Chaparro Torres, abordaron un bus en La Terminal de Transportes de Valledupar con destino a Bogotá. Por esos días, se discutía en la capital del país lo que serían las elecciones de 70 delegatarios de la Asamblea Nacional Constituyente que se firmó finalmente en 1991.

Los tres líderes aprovecharon la parada del bus en un restaurante de Curumaní para merendar. Hoy no se sabe si los hombres armados y vestidos de civil que llegaron por ellos en una camioneta Toyota color blanco, los dejaron comer, pero se sabe que sus cuerpos aparecieron el 2 de diciembre con disparos en la cabeza y signos de tortura. Los cadáveres en estado de descomposición, fueron hallados en tres lugares diferentes: Ángel María Torres Arroyo fue hallado en el corregimiento de Cuatro Vientos, jurisdicción de El Paso; Luis Napoleón Torres Crespo fue encontrado en el corregimiento de Loma Linda, perteneciente a Bosconia, y el cuerpo sin vida de Antonio Hugues Chaparro Torres fue recogido en Pueblo Nuevo, corregimiento de El Difíci, Magdalena.

Antes del secuestro, tortura y asesinato, los tres líderes participaban activamente del encuentro nacional de pueblos indígenas por la defensa de los territorios ancestrales, el derecho a la tierra y la persecución por parte de grupos armados al margen de la ley. Luis Napoleón, Antonio Hugues y Ángel María habían jugado papeles fundamentales en la defensa de derechos humanos de su comunidad; la expulsión de los padres capuchinos de Nabusimake fueron algunos de sus luchas más aguerridas. El día de la desaparición, en Valledupar fueron retenidos por el Ejército Nacional, sin justa causa, los arhuacos José Vicente Villafañe y su hermano, Amado Villafañe. Luego de golpes e intimidaciones los dejaron libres, hechos que quedaron consignados en el dictamen del Comité de Derechos Humanos.

Los mataron en estado de indefensión. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió un llamado de atención al Estado colombiano en 1997, en donde no solo instaba a hacer justicia y reparación a las víctimas, además daba reconocimiento a los detalles de los hechos, que quedaron consignados como prueba: a los líderes arhuacos los mataron militares del Batallón de Artillería Numero 2, La Popa, establecido en Valledupar. Por esos hechos fueron vinculados a investigación el teniente coronel Luis Fernando Duque Izquierdo y el teniente Pedro Fernández Ocampo, como oficiales al mando de la cuadrilla que perpetró la masacre.

El dictamen del Comité de Derechos Humanos, al que tuvo acceso EL PILÓN, dice entre sus apartes: “2.3 Pronto se supo que los dirigentes arhuacos no habían llegado nunca a Bogotá. El 12 de diciembre de 1990 una delegación de los arhuacos fue a Curumaní para corroborar la información que habían recibido sobre el secuestro de sus dirigentes. Al parecer el 28 de noviembre de 1990 el chófer del autobús en el que viajaban los dirigentes arhuacos había denunciado a la policía de Curumaní que cerca de las 16:00 horas, cuando el autobús se había detenido en un restaurante de esa localidad, cuatro hombres armados obligaron a tres pasajeros indígenas a subir a un automóvil; a pesar de ello, la policía no había investigado la denuncia”.

También se registra en el documento que: “2.2 Manuel de la Rosa Pertuz Pertuz también fue detenido el 28 de noviembre de 1990 cuando salía de su casa para ayudar a los hermanos Villafañe; le llevaron al cuartel de “La Popa” donde, según se denuncia, recibió malos tratos, se le vendó los ojos y fue interrogado por oficiales del Ejército. Fue puesto en libertad el 29 de noviembre hacia las 19:15 horas. Amarilys Herrera Araujo, la esposa de hecho de Amado Villafañe Chaparro, también fue detenida en la noche del 28 de noviembre de 1990, llevada a “La Popa” e interrogada. Fue puesta en libertad aproximadamente a la 1:00 horas del 29 de noviembre de 1990. En los últimos dos casos no había orden de detención, pero se privó a ambas personas de la posibilidad de obtener asistencia jurídica”.

“Aún hoy me asombra el liderazgo de mi padre”: Zarwawico Tórres
En la Casa Indígena de Valledupar, Zarwawico Torres, hijo de Luis Napoleón, tomó la palabra en la conmemoración de los 27 años de la masacre, para recordar que el crimen sigue impune. El líder de la Confederación Nacional Indígena le dijo a EL PILÓN que el Estado no debe olvidar que su padre y sus líderes fueron asesinados y torturados en medio del secuestro.

“Hemos estado reclamando la justicia, la verdad de los hechos, que aún siguen en la impunidad. Estamos en esta conmemoración entendiendo que en este momento con el movimiento pacífico que hemos tenido, nos ha hecho recordar todos los hechos que de alguna manera sucedían.

Fueron señalados como objetivos por su defensa de los derechos, el Estado mismo sintió que habría mucho peso en el pueblo arhuaco si él (Luis Napoleón) seguía como líder”, manifestó.
El bebé que salvó a Leonor

La Comisionada de Derechos Humanos del pueblo arhuaco, Leonor Zalabata, por poco viaja a Bogotá a representar a su etnia en el encuentro de los pueblos indígenas con miras a la Constituyente. Luis Napoleón, cabildo gobernador la invitó a acompañarlos en el viaje, sin imaginarse siquiera el trágico destino.

“La directiva de ese momento me invitaron a Bogotá, pero yo estaba embarazada. Mi hijo nació el 1 de diciembre, el día que a ellos los torturaron y asesinaron. Nosotros estuvimos en ese momento en la mesa para la Constituyente en Valledupar, apoyábamos la Constituyente a través del indígena Lorenzo Muelas”, expresó Leonor.

Teyrungumu Torres Zalabata, primer físico arhuaco de la Universidad Nacional, hijo de Leonor, tiene hoy 27 años.

Miedo a la prescripción

Una de las mayores preocupaciones del pueblo arhuaco, así como del Centro Nacional de Memoria Histórica, es que el caso prescriba, pues no ha sido declarado aun como Crimen de lesa humanidad.

“Nosotros en cumplimiento del mandato de la Vicepresidencia de la República, acompañamos la conmemoración, pero a 27 años de los hechos consideramos preocupante que está muy cerca la prescripción, los delitos aún no se ha encontrado en justicia ordinaria y justicia penal militar suficientes elementos para determinar que fueron delitos de lesa humanidad y nuestra preocupación es que prescriba “, manifestó Maria del Rosario Arango, profesional del Centro Nacional de Memoria Histórica. El Centro, en busca de reparación integral para las víctimas, conocer la verdad que rodearon los hechos continúa acompañando a los indígenas quienes aseguran que seguirán presionando para que se haga justicia.

El caso tiene un “avance” en la Corte Suprema

El abogado de las víctimas, Gabriel Romero, lidera una carrera contra el tiempo. El profesional del derecho protagoniza una lucha por que la Corte Suprema de Justicia revise con mayor celeridad el caso de los arhuacos masacrados por militares del Batallón La Popa, y se dé resolución favorable para las familias Torres y Chaparro.

“Hoy que se conmemoran 27 años, detenidos por una alianza del Ejercito Nacional, miembros de estructuras paramilitares del Cesar, es importante manifestar que, pese a la profunda impunidad que ha habido en este caso, a que el primer abogado Eduardo Umaña Mendoza haya sido asesinado, y a que se ha negado a las familias el derecho a saber la verdad y que haya justicia.

Tenemos un pequeño avance consistente en que la Corte Suprema de Justicia hoy está estudiando revisar el cese del procedimiento que se hizo contra dos altos oficiales, el comandante del Batallón La Popa y un oficial que participaron en las torturas de los hermanos Villafañe y que también participaron en los actos que terminaron en la muerte de estos tres líderes espirituales”, afirmó el abogado de las víctimas, Gabriel Romero.

Según el jurista, hay suficientes pruebas y se busca que aparezcan los otros nombres de responsables intelectuales de los hechos que aun no han salido a la luz. “Es importante decir que el Ejército Nacional en la época, veía como enemigos a los pueblos indígenas entre ellos los arhuacos. Es ampliamente conocido que a los indígenas de las zonas rurales en Valledupar se les persiguió por supuesta colaboración a frentes guerrilleros de las Farc y el ELN”, sostuvo.

“A 27 años del crimen y 20 años de la decisión de Naciones Unidas, no hay decisiones penales”, Centro Nacional de Memoria Histórica.

Abogado de las víctimas ha anunciado que existe un avance en el caso, 27 años después de ocurridos los hechos: la Corte Suprema de Justicia revisa aspectos relacionados con lo narrado por las víctimas. Se busca que se condene a los responsables.

Por Andrés Llamas Nova
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