Publicidad
Categorías
Categorías
Informes Especiales - 11 enero, 2017

Obras inconclusas y sobrecostos que le cuestan al Cesar

La actual administración departamental tiene la dispendiosa tarea de no dejar perder las obras que inició el gobierno anterior y proyectar nuevas inversiones.

Lo que se anunció como desarrollo en obras para el Cesar actualmente es incertidumbre, los proyectos de infraestructura financiados con recursos provenientes de las regalías del carbón y desembolsados desde las arcas del departamento quedaron desfinanciados o en su defecto las firmas constructoras no cumplieron.

Los informes de los entes de control muestran que se necesitan cerca de $100.000 millones para terminar los proyectos iniciados por el exgobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco, quien planeó su gobierno para ser recordado como su tío Lucas Gnecco Cerchar o Hernando Molina Araújo, tal como lo reconoció en julio de 2014 en entrevista para EL PILÓN, en la que sostuvo que los exgobernadores “permanecen en la memoria de los cesarenses por su trabajo y las obras”.

El exdiputado del Cesar, Carlos Daniel Rocha Quintero, advirtió que las irregularidades iniciaron con los procesos licitatorios porque “en muchos de los casos se presentó un solo proponente, quiere decir que fueron irregulares, y la mayoría de estos contratistas son barranquilleros y cartageneros”.

En diciembre del año anterior, la Contraloría General de la República, dentro de una Actuación Especial de Fiscalización, evidenció 11 hallazgos fiscales por más de $50.538 millones, consecuencia de irregularidades que se presentaron en la ejecución de contratos de obra desarrollados por la gobernación del Departamento del Cesar durante la vigencia 2015.
“Falta de planeación en contratos de obra en anticipos y plazos de ejecución estimados; callas en el seguimiento, supervisión e interventoría en avances de de las mismas y el estado de los contratos”, fueron algunas de las anomalías que denunció el ente de control.

Son 11 obras incluidas en ese informe emitido por el contralor Edgardo Maya Villazón, entre las que se destacan el Estadio Armando Maestre Pavajeau, donde se encontraron deficiencias en los acabados a la vista, fisuras en los pisos y abolladuras en las barandas, así como la instalación de accesorios eléctricos que incumplen con la normatividad, estableciendo un hallazgo fiscal por $5.167 millones.

Hallazgos que la comunidad aplaudió considerando onerosa la inversión; por ejemplo, en el Estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar invirtieron cerca de $59.000 millones en la primera fase, que serviría para albergar al menos 5.000 espectadores, mientras que en el municipio de Sahagún, Córdoba, donde ya se entregó el Estadio de Fútbol Armando Tuirán Paternina, con capacidad para 4.000 espectadores, el costo fue de $15.000 millones. A la fecha, el Armando Maestre Pavajeau no ha sido terminado a pesar de que su construcción inició en 2014 y tenía como tiempo de 18 meses para su ejecución. La obra debía ser entregada en julio de 2015, teniendo en cuenta que los constructores Consorcio GMP Construcciones y Grupo Capitol, pidieron dos prórrogas; la primera de dos meses y una última de 30 días.

De igual manera, los contratos del Muelle y Parador Turístico de Chimichagua, Cesar, fases I y II, presentan un detrimento por $717 millones, correspondiente a sobreprecios y fallas constructivas; otros contratos auditados fueron los de la construcción de vías en los municipios de Becerril y La Jagua de Ibirico, donde a pesar de las reparaciones a la malla vial, aún persiste el deterioro de las carreteras que siguen presentando agrietamientos y fisuras. Aquí la Contraloría encontró un detrimento patrimonial en cuantía de $15.750 millones.
“Durante el periodo en el que fui diputado vi con mucha preocupación que las obras en el Cesar, específicamente las desarrolladas en la administración Monsalvo, presentaban una serie de inconsistencias en la demora y ejecución de las mismas. Advertimos sobre la Universidad Nacional, la vía El Zanjón – Pueblo Bello, el estadio de fútbol, que son las obras con significado de advertencia en cuanto a la ejecución de recursos y el tiempo”, manifestó el exdiputado del partido Conservador.

Advirtió que frente a la Universidad Nacional, sede Caribe, existía un plazo de 18 meses y el contrato inició el 15 de julio de 2013, “actualmente tiene el 60 % de ejecución, está solicitando y necesita adiciones por más de $20.000 millones para terminarla”.

Rocha Quintero aseguró que para la vía El Zanjón – Pueblo Bello se contrató la construcción de 30 kilómetros y se realizaron 20, adicionalmente faltó un puente que se licitó de manera diferencial. “Quedó un faltante de ocho kilómetros y necesita una inversión multimillonaria de más de $17.000 millones”, declaró Rocha.

“Así tenemos un sinnúmero de obras en el Cesar como es la obra del Hospital José David Padilla Villafañe, la entrada al municipio de Chimichagua que tiene las irregularidades habidas y por haber, los hospitales de Chimichagua y El Copey”, denunció el opositor de la anterior administración departamental.

Agregó que la mayor preocupación que puede existir es el sobrecosto que cargará el departamento por las obras que no han sido terminadas. “Por este clientelismo político, que no hay otra forma de cómo llamarlo, por este comercio de contratos que no solamente se presenta en el Cesar, todas las obras se ven afectadas”, destacó Rocha.

En agosto de 2016, el también exdiputado Julio Casadiegos Navarro aseguró en diálogo con este medio que luego de una investigación a las obras mencionadas anteriormente encontró a los contratistas con la respuesta de tener desfinanciación para culminarlas.

Fue así como reveló que el contrato para intervenir el estadio de fútbol tenía vicios de corrupción porque “lo proyectó José Julián Vásquez Buelvas, quien es conocido como el zar de las licitaciones públicas en la costa Caribe”.

Efectivamente, EL PILÓN encontró que a Vásquez Buelvas, sobre quien hizo referencia Julio Casadiegos, la Procuraduría General de la Nación lo sancionó por 11 años, en fallo de primera instancia (2014), por incrementar injustificadamente el patrimonio de un tercero en la Gobernación de Bolívar en su condición de gobernador (e). De igual manera está vinculado por el mismo ente a una investigación por posibles irregularidades presentadas en las etapas precontractual y contractual de cinco procesos licitatorios suscritos en el 2010 en el departamento del Bolívar, en su calidad de director del Departamento Administrativo Jurídico.

“Con el diputado Casadiegos expusimos que ese carrusel de la contratación de Bogotá había llegado al Cesar, caso específico la vía El Zanjón – Pueblo Bello, en donde Suárez y Silva, quien contrató el Bogotá las ambulancias que tuvieron irregularidades, tenían el 45 % en ese contrato pero bajo la figura de Odeka SAS, por eso la estructura y contratación del gobierno anterior son los mismos con las mismas”, complementó Carlos Daniel Rocha.

Fue más allá del gobierno de Luis Alberto Monsalvo Gnecco y señaló que el Cesar eligió a un nuevo gobierno, en cabeza de Francisco Ovalle Angarita, de quien se pensaba terminaría las obras, pero no ha sido así.
“Ha sido un gobierno paquidérmico, que simplemente ha cumplido la función de tapar unas faltas o tratar de subsanar las irregularidades que se cometieron en el gobierno anterior”, aseguró.

Los seguimientos e inversiones del nuevo gobierno
El gobierno de Francisco Ovalle Angarita dice estar comprometido con la culminación de las obras inconclusas en el Cesar. El secretario de Infraestructura, Federico Martínez Daza, afirmó que existe el compromiso de inyectar recursos.
“Lo que corresponde a la segunda fase de El Zanjón – Pueblo Bello, ya se montó a página el año pasado y estamos en proceso de contratación. La Universidad Nacional está avanzando en buen término, hemos terminado las aulas, cafetería y servicios generales; estamos esforzándonos en el edificio de la biblioteca que es el más complicado, en el más atrasado, tuvimos problemas a final del 2016 por el invierno porque la estructura es metálica y cuando había tormentas no se podían utilizar grúas, ya con el verano que está cursando vamos a acelerar”, indicó Martínez Daza.

Sobre el Hospital José David Padilla Villafañe de Aguachica, dijo que a finales de febrero de estar prácticamente listo teniendo en cuenta que la dotación está en proceso de adjudicación.

La Unión Temporal Hospital El Copey, representada legalmente por Harry Villalobos Tejada, es la encargada de construir ese centro asistencial; la firma certificada en Barranquilla fue la ganadora del proceso licitatorio hecho por la gobernación que aprobó una inversión de $9.377 millones.

“En la construcción del hospital de El Copey está cursando un proceso de incumplimiento por parte del contratista, es un proceso con la Oficina Jurídica, el 12 de enero se tiene la última audiencia. Se encuentra en un atraso significativo lo que nos dio para iniciar el proceso sancionatorio, las obras avanzan en un 30 % de avance”, aclaró el funcionario.

Mientras tanto, en este gobierno ya se tiene aprobado recursos para obras como la reestructuración del patinódromo Elías Ochoa Daza, así como un parque biosaludable en el mismo lugar; la pavimentación para Manaure – San José de Oriente – El Rincón; Guacoche – Guacochito; La Mata – Saloa; y Montecito – Platanal, en el municipio de Río de Oro.

“Viene mucha infraestructura para el Cesar, de tal manera que las inversiones se sigan viendo y se siga moviendo la economía a través de esta inversión social”, puntualizó el secretario de Infraestructura departamental.

El exdiputado Carlos Daniel Rocha calcula que según la denuncia de la Contraloría, existe un faltante de $50.000 millones para que las obras inconclusas puedan ser terminadas.
La obra de pavimentación de la doble calzada de la avenida Ciro Pupo, en La Paz, Cesar, presentó anomalías en su construcción y fallas en la calidad de las obras ejecutadas, generando un detrimento por $1.108 millones.

En este gobierno de Francisco Ovalle Angarita ya se tiene aprobado recursos para obras como la reestructuración del patinódromo Elías Ochoa Daza.

“Si tenemos un gobierno que los contratos los rifa y los vende, los contratistas nunca van a terminar las obras porque simplemente se están ejecutando negocios o portafolios de negocios con los recursos del Cesar”: Carlos Daniel Rocha Quintero.

Por Redacción EL PILÓN

Informes Especiales
11 enero, 2017

Obras inconclusas y sobrecostos que le cuestan al Cesar

La actual administración departamental tiene la dispendiosa tarea de no dejar perder las obras que inició el gobierno anterior y proyectar nuevas inversiones.


Lo que se anunció como desarrollo en obras para el Cesar actualmente es incertidumbre, los proyectos de infraestructura financiados con recursos provenientes de las regalías del carbón y desembolsados desde las arcas del departamento quedaron desfinanciados o en su defecto las firmas constructoras no cumplieron.

Los informes de los entes de control muestran que se necesitan cerca de $100.000 millones para terminar los proyectos iniciados por el exgobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco, quien planeó su gobierno para ser recordado como su tío Lucas Gnecco Cerchar o Hernando Molina Araújo, tal como lo reconoció en julio de 2014 en entrevista para EL PILÓN, en la que sostuvo que los exgobernadores “permanecen en la memoria de los cesarenses por su trabajo y las obras”.

El exdiputado del Cesar, Carlos Daniel Rocha Quintero, advirtió que las irregularidades iniciaron con los procesos licitatorios porque “en muchos de los casos se presentó un solo proponente, quiere decir que fueron irregulares, y la mayoría de estos contratistas son barranquilleros y cartageneros”.

En diciembre del año anterior, la Contraloría General de la República, dentro de una Actuación Especial de Fiscalización, evidenció 11 hallazgos fiscales por más de $50.538 millones, consecuencia de irregularidades que se presentaron en la ejecución de contratos de obra desarrollados por la gobernación del Departamento del Cesar durante la vigencia 2015.
“Falta de planeación en contratos de obra en anticipos y plazos de ejecución estimados; callas en el seguimiento, supervisión e interventoría en avances de de las mismas y el estado de los contratos”, fueron algunas de las anomalías que denunció el ente de control.

Son 11 obras incluidas en ese informe emitido por el contralor Edgardo Maya Villazón, entre las que se destacan el Estadio Armando Maestre Pavajeau, donde se encontraron deficiencias en los acabados a la vista, fisuras en los pisos y abolladuras en las barandas, así como la instalación de accesorios eléctricos que incumplen con la normatividad, estableciendo un hallazgo fiscal por $5.167 millones.

Hallazgos que la comunidad aplaudió considerando onerosa la inversión; por ejemplo, en el Estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar invirtieron cerca de $59.000 millones en la primera fase, que serviría para albergar al menos 5.000 espectadores, mientras que en el municipio de Sahagún, Córdoba, donde ya se entregó el Estadio de Fútbol Armando Tuirán Paternina, con capacidad para 4.000 espectadores, el costo fue de $15.000 millones. A la fecha, el Armando Maestre Pavajeau no ha sido terminado a pesar de que su construcción inició en 2014 y tenía como tiempo de 18 meses para su ejecución. La obra debía ser entregada en julio de 2015, teniendo en cuenta que los constructores Consorcio GMP Construcciones y Grupo Capitol, pidieron dos prórrogas; la primera de dos meses y una última de 30 días.

De igual manera, los contratos del Muelle y Parador Turístico de Chimichagua, Cesar, fases I y II, presentan un detrimento por $717 millones, correspondiente a sobreprecios y fallas constructivas; otros contratos auditados fueron los de la construcción de vías en los municipios de Becerril y La Jagua de Ibirico, donde a pesar de las reparaciones a la malla vial, aún persiste el deterioro de las carreteras que siguen presentando agrietamientos y fisuras. Aquí la Contraloría encontró un detrimento patrimonial en cuantía de $15.750 millones.
“Durante el periodo en el que fui diputado vi con mucha preocupación que las obras en el Cesar, específicamente las desarrolladas en la administración Monsalvo, presentaban una serie de inconsistencias en la demora y ejecución de las mismas. Advertimos sobre la Universidad Nacional, la vía El Zanjón – Pueblo Bello, el estadio de fútbol, que son las obras con significado de advertencia en cuanto a la ejecución de recursos y el tiempo”, manifestó el exdiputado del partido Conservador.

Advirtió que frente a la Universidad Nacional, sede Caribe, existía un plazo de 18 meses y el contrato inició el 15 de julio de 2013, “actualmente tiene el 60 % de ejecución, está solicitando y necesita adiciones por más de $20.000 millones para terminarla”.

Rocha Quintero aseguró que para la vía El Zanjón – Pueblo Bello se contrató la construcción de 30 kilómetros y se realizaron 20, adicionalmente faltó un puente que se licitó de manera diferencial. “Quedó un faltante de ocho kilómetros y necesita una inversión multimillonaria de más de $17.000 millones”, declaró Rocha.

“Así tenemos un sinnúmero de obras en el Cesar como es la obra del Hospital José David Padilla Villafañe, la entrada al municipio de Chimichagua que tiene las irregularidades habidas y por haber, los hospitales de Chimichagua y El Copey”, denunció el opositor de la anterior administración departamental.

Agregó que la mayor preocupación que puede existir es el sobrecosto que cargará el departamento por las obras que no han sido terminadas. “Por este clientelismo político, que no hay otra forma de cómo llamarlo, por este comercio de contratos que no solamente se presenta en el Cesar, todas las obras se ven afectadas”, destacó Rocha.

En agosto de 2016, el también exdiputado Julio Casadiegos Navarro aseguró en diálogo con este medio que luego de una investigación a las obras mencionadas anteriormente encontró a los contratistas con la respuesta de tener desfinanciación para culminarlas.

Fue así como reveló que el contrato para intervenir el estadio de fútbol tenía vicios de corrupción porque “lo proyectó José Julián Vásquez Buelvas, quien es conocido como el zar de las licitaciones públicas en la costa Caribe”.

Efectivamente, EL PILÓN encontró que a Vásquez Buelvas, sobre quien hizo referencia Julio Casadiegos, la Procuraduría General de la Nación lo sancionó por 11 años, en fallo de primera instancia (2014), por incrementar injustificadamente el patrimonio de un tercero en la Gobernación de Bolívar en su condición de gobernador (e). De igual manera está vinculado por el mismo ente a una investigación por posibles irregularidades presentadas en las etapas precontractual y contractual de cinco procesos licitatorios suscritos en el 2010 en el departamento del Bolívar, en su calidad de director del Departamento Administrativo Jurídico.

“Con el diputado Casadiegos expusimos que ese carrusel de la contratación de Bogotá había llegado al Cesar, caso específico la vía El Zanjón – Pueblo Bello, en donde Suárez y Silva, quien contrató el Bogotá las ambulancias que tuvieron irregularidades, tenían el 45 % en ese contrato pero bajo la figura de Odeka SAS, por eso la estructura y contratación del gobierno anterior son los mismos con las mismas”, complementó Carlos Daniel Rocha.

Fue más allá del gobierno de Luis Alberto Monsalvo Gnecco y señaló que el Cesar eligió a un nuevo gobierno, en cabeza de Francisco Ovalle Angarita, de quien se pensaba terminaría las obras, pero no ha sido así.
“Ha sido un gobierno paquidérmico, que simplemente ha cumplido la función de tapar unas faltas o tratar de subsanar las irregularidades que se cometieron en el gobierno anterior”, aseguró.

Los seguimientos e inversiones del nuevo gobierno
El gobierno de Francisco Ovalle Angarita dice estar comprometido con la culminación de las obras inconclusas en el Cesar. El secretario de Infraestructura, Federico Martínez Daza, afirmó que existe el compromiso de inyectar recursos.
“Lo que corresponde a la segunda fase de El Zanjón – Pueblo Bello, ya se montó a página el año pasado y estamos en proceso de contratación. La Universidad Nacional está avanzando en buen término, hemos terminado las aulas, cafetería y servicios generales; estamos esforzándonos en el edificio de la biblioteca que es el más complicado, en el más atrasado, tuvimos problemas a final del 2016 por el invierno porque la estructura es metálica y cuando había tormentas no se podían utilizar grúas, ya con el verano que está cursando vamos a acelerar”, indicó Martínez Daza.

Sobre el Hospital José David Padilla Villafañe de Aguachica, dijo que a finales de febrero de estar prácticamente listo teniendo en cuenta que la dotación está en proceso de adjudicación.

La Unión Temporal Hospital El Copey, representada legalmente por Harry Villalobos Tejada, es la encargada de construir ese centro asistencial; la firma certificada en Barranquilla fue la ganadora del proceso licitatorio hecho por la gobernación que aprobó una inversión de $9.377 millones.

“En la construcción del hospital de El Copey está cursando un proceso de incumplimiento por parte del contratista, es un proceso con la Oficina Jurídica, el 12 de enero se tiene la última audiencia. Se encuentra en un atraso significativo lo que nos dio para iniciar el proceso sancionatorio, las obras avanzan en un 30 % de avance”, aclaró el funcionario.

Mientras tanto, en este gobierno ya se tiene aprobado recursos para obras como la reestructuración del patinódromo Elías Ochoa Daza, así como un parque biosaludable en el mismo lugar; la pavimentación para Manaure – San José de Oriente – El Rincón; Guacoche – Guacochito; La Mata – Saloa; y Montecito – Platanal, en el municipio de Río de Oro.

“Viene mucha infraestructura para el Cesar, de tal manera que las inversiones se sigan viendo y se siga moviendo la economía a través de esta inversión social”, puntualizó el secretario de Infraestructura departamental.

El exdiputado Carlos Daniel Rocha calcula que según la denuncia de la Contraloría, existe un faltante de $50.000 millones para que las obras inconclusas puedan ser terminadas.
La obra de pavimentación de la doble calzada de la avenida Ciro Pupo, en La Paz, Cesar, presentó anomalías en su construcción y fallas en la calidad de las obras ejecutadas, generando un detrimento por $1.108 millones.

En este gobierno de Francisco Ovalle Angarita ya se tiene aprobado recursos para obras como la reestructuración del patinódromo Elías Ochoa Daza.

“Si tenemos un gobierno que los contratos los rifa y los vende, los contratistas nunca van a terminar las obras porque simplemente se están ejecutando negocios o portafolios de negocios con los recursos del Cesar”: Carlos Daniel Rocha Quintero.

Por Redacción EL PILÓN