La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas notificó ayer formalmente la resolución en que la Universidad Popular del Cesar es declarada sujeto de reparación colectiva como víctima del conflicto armado, debido a los crímenes cometidos contra estudiantes y docentes.

Esta es la puerta para un largo proceso que la academia comenzó desde el año 2016, cuando crearon un Comité de Impulso que informó mediante un oficio a la Defensoría del Pueblo, sobre los desplazamientos, amenazas y asesinatos de las que fueron víctimas estudiantes y docentes por parte de grupos al margen de la ley entre 1987 y el 2006.

Por esta razón, el plantel educativo en memoria de las víctimas busca edificar con el Comité de Impulso el camino a la reparación integral que implica la reconstrucción del tejido social educativo, la dignificación a la memoria, un banco de proyectos, el derecho a la verdad y la no repetición.

De acuerdo con la directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas seccional Cesar- Guajira, Juanita Ramírez, la entidad se encargará de trabajar mancomunadamente con la comisión creada por los estamentos de la academia, para la ejecución de proyectos.

“Luego de los acercamientos que se puedan presentar entre el centro educativo con las distintas dependencias estatales como sujeto de reparación, continúa un proceso de valoración y socialización del daño causado por la violencia para ejecutar planteamientos destinados a la reparación colectiva, en donde jugará un papel transcendental el Comité de Impulso”, dijo la funcionaria.

El comité está integrado por diversos colectivos de trabajo que pertenecen a la comunidad universitaria como: la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU), Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU), Cátedra Macondo (CM), Observatorio de Tierras Territorios y Buen Vivir del Cesar (OTC) así como también; el Centro de Memoria del Conflicto (CMC), Corporación Grupo de Memoria Histórica del Cesar (CGMHC), el Colectivo de Estudiantes y Egresados Euparí Juventud Comunista de Colombia (JUCO), Unión Patriótica (UP) y La Plena Caribe. Prensa Alternativa y Popular y Semilleros de Investigación del Programa de Sociología, así como por varios profesores individualmente considerados.

Entre los planteamientos a proyectar para la reparación integral está la construcción de un centro de investigación al interior de la academia, que permita fortalecer la producción intelectual de fundamentos teóricos que incentiven la producción de resultados para mejorar la calidad académica.

“Es obtener una infraestructura también de paz que no quede meramente en el papel del reconocimiento como víctimas y se haga realidad”, manifestó Enrique Meza, rector de la UPC.

El ideal del laboratorio de investigación, según el docente Helio Fabio Mejía, es incentivar la reconstrucción de tejido social e histórico que permita alcanzar la verdad anhelada que tanto ciudadanos han esperado en medio del conflicto armado que por años ha vivido el país.

“Al fin con estas metas se empieza a ver que el sacrificio de las víctimas no fue en vano que su lucha orientada a conseguir objetivos colectivos en beneficios de la academia puede originar otras consecuencias positivas. Esperamos tener un fuerte apoyo institucional y social para la reivindicación de la universidad como eje importante en el departamento que busca su desarrollo”, agregó el docente que labora en la universidad desde 1983.

La otra proyección está encaminada a la inclusión entre el programa educativo de una cátedra de historia que cuente los pormenores de la violencia a los que sobrevivió la universidad y que dejó como víctimas a varios estudiantes y educadores, en el periodo en que la irrupción e infiltración de grupos armados ilegales era más recurrente en la región.

Ambas iniciativas deberán trabajar en la construcción participativa de un Plan Integral de Reparación Colectiva e identificación de los daños ocasionados a la UPC, lo que representa un desafío que requiere de un trabajo articulado de todos los estamentos de la comunidad universitaria.

“Los importante es recuperar la academia, la excelencia y liderazgo; así como también la libertad de las investigaciones que quieren realizar y que por supuesto nosotros apoyaremos como coordinadores del sistema estatal que busca su bienestar. Haremos lo propio mediante el sistema con las diferentes dependencias para alcanzar los ideales”, puntualizó Juanita Ramírez.

UN PERIODO DE VIOLENCIA

Un mural creado por los estudiantes upecistas en las instalaciones del alma mater lleva el nombre de ‘Semillas de la UPC’, el cual es la representación gráfica que abandera la historia de violencia que un día esas mismas infraestructuras presenciaron.

Fue en el año 1987 cuando milicianos alzados en armas pertenecientes a estructuras criminales al margen de la ley dirigieron acciones violentas contra miembros de organizaciones sociales y populares vinculados a la universidad, que tenían en común la participación en política o actividades de liderazgo dentro y fuera de la comunidad académica, dándose a conocer como voceros sociales; tal es el caso de los profesores José Francisco Ramírez Torres, José David López Teherán y el egresado líder estudiantil Miguel Vicente Arroyo Arias, quienes fueron asesinados en el periodo del mencionado año y hasta 1991.

“Aquellos tiempo fue una época difícil en la universidad, porque las relaciones se fueron también violentando, los compañeros eran objetos de sospechas tras las múltiples amenazas provenientes de diferentes sectores. Como miembro de ASPU en el departamento, recibíamos amenazas por el paramilitarismo, las Farc y hasta de las fuerzas del Estado. El entramado social de la universidad se destruyó porque los conflictos alrededor se resolvieron por vía de las armas, mientras que nosotros solo teníamos la palabra que en un momento dado tuvimos que callar”, dijo Helio Fabio Mejía Henao, miembro de la Asociación Sindical de los Profesores Universitarios, ASPU, del Cesar.
En aquel periodo violento también son asesinados entre el año 1992 y 1998, José Cuello Saucedo, Elizabeth Córdoba Uliana y Rosilda Arias Vásquez, quienes compaginaban con ideales de organizaciones populares de izquierda, como la Unión Patriótica y la Juventud Comunista de Colombia, entre otros.

Otros homicidios perpetrados se dirigieron a los líderes sindicalistas pertenecientes a la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU), Miguel Ángel Vargas Zapata y Luis José Mendoza Manjarrez, que entre sus quehaceres diarios luchaban por la mejoría en la educación. De igual forma, en el año 2004 cuando las amenazas y hostigamientos predominaban contra los ciudadanos, es ultimado el egresado, líder estudiantil y dignatario del pueblo Kankuamo Fredy Antonio Arias, hermano de Jaime Arias, actual cabildo gobernador del pueblo Kamkuamo en el Cesar.

“Mi hermano fue un gran líder luchador por los intereses del pueblo y la educación pública, velaba por los derechos humanos diciendo las atrocidades que cometían contra el pueblo. Recuerdo que en aquel tiempo me decía que íbamos a terminar muerto”, rememoró Jaime Arias, cabildo gobernador del pueblo kankuamo.

La economista, docente y activista política, que jugó un papel trascendental en la Universidad Popular del Cesar, Imelda Daza Cotes, manifestó que ese contexto que perecieron las victimas estaba plagado por todo el país debido a la persecución que grupos violentos emprendieron contra los movimientos de izquierda.

“En ese periodo los que pensaban diferentes no tenían derecho a opinar a realizar oposición ni mucho menos a participar en elecciones y ganar, un panorama similar al actual. La mayoría de las victimas upecistas las conocí eran personas valiosas con excelentes capacidades que estuvieron muy ligadas a al partido de la Unión Patriota, porque me atrevo a decir que en la región ese partido nació en el Cesar. Muy particularmente recuerdo a José Francisco Ramírez Torres, un abogado presidente accionar judicial que fue uno de los negociadores de la marcha campesina que evitó una tragedia en este departamento por la provocación que había hecho el Ejército”, puntualizó la Daza Cotes, quien actualmente en la fórmula vicepresidencial de Timochenko por el partido de las Farc.

OTRAS EXPERIENCIAS

La UPC es la tercera universidad en el país que es reconocida como víctima del conflicto armado sujeto de reparación, después de las universidades públicas del Atlántico y Córdoba, que fueron reconocidas también con esta figura a través de la Ley colombiana 1448 del año 2011.

Según las cifras que maneja el Museo Nacional de la Memoria, CNMH, entre 1990 y 2006 en la Universidad del Atlántico hubo 31 personas víctimas del conflicto armado, 25 de ellas fueron asesinadas y otras 6 murieron en explosiones. En la lista figuran estudiantes, profesores y trabajadores del alma máter, situación que la llevó ser incluida en el Registro Único de Víctimas como sujeto de reparación colectiva, a través de la resolución No. 2015-156962 de 22 de julio de 2015 de la Unidad para las Víctimas.

“Es necesario de emprender el camino de trabajar aún más por la excelencia académica, que este reconocimiento solo sea el inició de un proceso largo que permita la reparación integral para todos, incluyendo aquellas víctimas que truncaron sus sueños por salir huyendo”, concluyó Helio Fabio Mejía Henao, integrante de ASPU, Cesar.

Por Marllelys Salinas

Los familiares de las víctimas contaron sus experiencias en el acto. FOTO VICTIMAS