Muchas historias de desplazamiento envuelve la margen derecha del río Guatapurí, sector en la que habitan personas de diferentes partes del país, especialmente de la Costa Caribe.

En la zona, que ha sido catalogada por las autoridades como de alto riesgo, varios han sido los desalojos que se han efectuado, así como las reubicaciones de las familias de escasos recursos.

Sin embargo, en el último lanzamiento, realizado el pasado 31 de julio, se han generado diversas molestias por aparentes inconsistencias en los procesos.

Hoy, cansados de supuestos atropellos, negligencias y mentiras, los habitantes del Nueve de Marzo, revelaron a EL PILÓN lo oculto de esta margen derecha del río Guatapurí, que alberga a centenares de familias.

Historias detrás de la historia

Luz Mary Ustáris Montero es una mujer que a sus 11 años, a causa del desplazamiento forzado de grupos al margen de la ley, llegó a habitar, junto con su mamá, en un rinconcito del oriente de la capital del Cesar. Años después, con tablas y bolsas construyó un ranchito junto con su compañero sentimental.

Allí permaneció siete años luego que en el 2005, según ella, funcionarios del Fondo de Vivienda de Interés Social, Fonvisocial, le dijeran que tenía que trasladarse a un lote que estaba ubicado más adelante de donde ella se encontraba.

Sin embargo, la tranquilidad que la desplazada tenía se desapareció la última semana de julio de 2014, (nueve años después), cuando le fue notificada una orden de desalojo, dejándola literalmente en la calle.

“A ellos no les ha valido mi discapacidad de la mano, la carta de desplazado ni porque tengo asentamiento kankuamo”, dijo la mujer que está en la lista de las 15 viviendas de las 45 que serán derrumbadas en dicho barrio.

Pero para Luz Mary es solo el comienzo de una historia de lanzamientos que continúa, muy parecida a la de Juana Ortiz, una mujer de casi 60 años, de Pijiño, Magdalena, que al recordar el trágico momento del desalojo realizado el pasado 31 de julio, no daba para controlar su llanto.

“Yo estaba trabajando en una finca, cuando vine ya tenía mi casa sin nada, derrumbada y con todas las cosas en la calle. De los chismes tengo una parte en la Alcaldía y otra en la Permanente Central de Policía y me dijeron que no me los podían entregar porque no tenía casa”, dijo en medio de lágrimas doña Juana, quien no quiso ampararse en el albergue asignado por la administración municipal.

Rafael Pumarejo, desplazado del municipio de Chiriguaná, también tuvo que buscar acomodo en casa de una hija, quien vive en el mismo sector, porque su ranchito fue derrumbado por una máquina y por hombres del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad.

Él tampoco quiso refugiarse en el albergue, su razón: “soy reciclador, tengo más de 3.000 kilos de chatarra y allá no hay dónde meterlo”, aclaró.

No obstante, el lote que era habitado por este hombre fue entregado a otra persona que vivía unos pasos de este ranchito. Este suceso es tal vez lo que muchos de los desalojados se preguntan ¿Por qué me sacan de un lote para que otro se meta? Es el interrogante que desean los afectados que sea resuelto por Fonvisocial, entidad que, aparentemente, dio dicha orden.

“Ellos van a sacar a las 45 familias que estamos aquí en la parte de adelante, que tenemos cuatro y cinco años, para meter a gente que sólo lleva tres o cuatro meses en este lugar. Pero lo que no entendemos es que dicen que van a hacer el parque lineal y no han hecho nada”, dijo Pumarejo.

“Los de Fonvisocial nos dijeron que nos pasarán para aquí adelante porque allá atrás iban a cerrar la cuadra y los que estaban en los lotes donde nos meteríamos, tenían casa supuestamente”, aseguró Jonathan Vanegas, quien tenía cinco años de vivir en la orilla del río.

A Rosa Simanca también los funcionarios de Fonvisocial le habrían prometido un lugar para habitar, pero en el mismo sector y en un lote donde serían ubicadas otras familias, como la de Jonathan.

“Ellos me trajeron para esta zona, mientras me salía la casa en las torres (Lorenzo Morales), y los que estaban en el sitio donde yo vivo actualmente fueron desalojados porque ya tenían casa”, dijo la mujer. Situación que genera en los habitantes una enorme duda ¿Si nos desalojaron porque teníamos casa, por qué nos iban a reubicar en un albergue y a otros nos dejaron en la calle?
Los habitantes especifican que están traumatizados por nuevos desplazamientos causados por la administración municipal -ente territorial, que al parecer ha hecho censos pero “sólo buscaban información de los que iban a desalojar y no los que serían reubicados”- que no socializaría el desalojo y el mismo día de la acción de lanzamiento realizaría la respectiva visita a los afectados.

Ante esta serie de supuestas irregularidades, los líderes comunitarios han interpuesto alrededor de seis tutelas a diferentes juzgados, y una acción popular está en proceso, con el fin de conocer la verdadera realidad de una población tan vulnerable, pero a la vez tan afectada.

Rosmery Borrego, presidente de la Junta de Acción Comunal del sector de Once de Noviembre, afirmó “ellos, (las autoridades municipales), llegaron con un engaño, porque nunca se reunieron con los presidentes de las acciones comunales de la rivera del Guatapurí”.

Borrego agregó “aquí han salido personas para una vivienda con sólo tres meses de estar viviendo en este lugar, mientras que yo que tengo 31 años de habitar aquí no he podido salir para las torres que están entregando. Yo que he aguantado inundaciones y sol y lo peor es que ya me marcaron la casa con una ‘s’ grande para desalojarla”.

Otras de las situaciones que preocupa a los residentes de las margen derecha es la forma en la que han reubicado a las personas, puesto que en una vivienda habitan más de tres familias pero al momento de trasladarlas para las viviendas gratuitas que les entrega el Gobierno Nacional, esos núcleos familiares deben acomodarse en las edificaciones hechas para un hogar, es decir solo benefician a una familia y no a todas las que residen en una casa.

¿Recordando los tiempos de la guerra?

“No han llevado a cabo una reubicación digna para los habitantes de este sector, no nos han socializado nada. Nos ultrajan cuando en frente de la casa nos colocan un bulldozer y dicen: me desocupan el lote, se van a las buenas o a las malas, esa es una actitud que utilizaban antes los paramilitares y hoy estamos sufriendo lo mismo por parte de la administración municipal, en el sistema de violentar los Derechos Humanos de niños, ancianos y discapacitados”, aclaró Hernando Arroyo, presidente de la Junta de Acción Comunal del Nueve de Marzo.

La primera reubicada de las 45 familias programadas para el desalojo del 31 de julio anterior fue María del Rosario, quien comentó que una inspectora le tomó sus datos, luego salió a recorrer el barrio, a los pocos minutos llegaron los uniformados del Esmad y un vehículo para derrumbar la vivienda.

“Yo le pregunté ¿Así de fácil? Si yo tengo dos niños, me dijo que sí, a pesar de mostrarle un documento en el que se afirma que yo siempre he vivido en el sitio”, dijo la joven, quien tomó a sus pequeñas y cerró la puerta de la vivienda para evitar ser desalojada. Sin embargo, un gas lacrimógeno hizo que saliera corriendo del lugar, lo que le causó el rompimiento de un punto de la cesárea que le habían practicado hacía dos meses.

“El señor que me tumbó la casa se burló de mí, yo no hice otra cosa que ponerme a llorar porque me dañaron mis pertenencias, me atropellaron”, dijo la afectada.

Ruth Jiménez, líder comunal, aseguró que el pasado 31 de julio, hicieron una socialización casa por casa y el secretario de Gobierno y la inspectora les dijo que les solucionaría y en ningún momento a las personas visitadas les informaron que les tumbarían las casas, pero a las 2:00 de la tarde el secretario les dijo que iban a proceder.

“No más reinvasiones”

EL PILÓN se comunicó con la gerente del Fondo de Vivienda de Interés Social de Valledupar, Fonvisocial, D’Angela Maestre quien ratificó que sí se están realizando reubicaciones de manera interna en la parte baja.

“Esas personas que reubicamos de manera interna son las que se encuentran en el censo y los que desalojamos son reinvasores del lote que hemos desalojado y los vuelven a invadir algunas familias”, dijo la funcionaria.

Desde hace muchos años también se han escuchado rumores de los supuestos negocios que hacen las familias desplazadas y vulnerables de la margen derecha con los lotes, puesto que algunos que ya han salido beneficiados con los lotes vuelven a invadir con el fin de volver a obtener una vivienda.

Maestre, afirmó “nosotros hicimos un censo para definir la verdadera población que está en la margen derecha y lo que no estén en ese censo y reinvadan serán desalojados. De pronto los demás no podemos desalojarlos porque tienen mucho tiempo, es decir 15 o 10 años de estar viviendo en la margen, pero los que tienen tres o cuatro meses serán desalojados”.

Así mismo, la gerente de Fonvisocial aclaró que las familias que fueron ubicadas en los lotes desocupados mientras que salen beneficiados en la segunda fase de las viviendas gratuitas de la urbanización Lorenzo Morales, donde han sido reubicadas más de 250 familias.

Datos

55 familias de la margen derecha han sido reubicadas en las viviendas de Lorenzo Morales, según líderes comunitarios.

Puntos de vista:

Ruth Jiménez

“Esto de las reubicaciones es un enredo que ni nosotros mismo entendemos tampoco nadie nos ha socializado sobre el hecho de colocar aquí una base militar”

Luz Mary Ustáris Montero

“La Ley 1448 dice que toda persona desplazada que sea mayor de 18 años, saliendo del núcleo familiar tienen derecho a su vivienda y a nosotros nos han maltratado”.

Por Merlin Duarte García/El Pilón
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