Por hechos acontecidos en el año 2003, en el corregimiento de Cañaverales, zona rural del municipio de San Juan del Cesar, sur de La Guajira, cuando se desarrollaba un proceso electoral, en el cual fue herido un hombre, quien posteriormente falleció; la Nación y el Ministerio de Defensa Nacional, fueron condenados a pagar cerca de 500 millones de pesos, que hace parte de una demanda de reparación directa impetrada en septiembre de 2012.

La trascendental sentencia fue proferida en fallo de segunda instancia, por el Tribunal Administrativo de La Guajira, después que fuera negada inicialmente por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión judicial de Riohacha, en septiembre del mismo año.

Cronología de los hechos
El caso objeto de la demanda ocurrió en el corregimiento de Cañaverales, población distante a 35 minutos de la cabecera municipal del municipio de San Juan del Cesar, el 25 de octubre de 2003, cuando los colombianos votaban por un referendo constitucional y la fuerza pública no prestó el servicio de seguridad, en ninguno de los sitios donde se instalaron las mesas (40 en la zona rural y 29 en la zona urbana); la situación coyuntural fue aprovechada por grupos armados al margen de la ley, que destruyeron los documentos electorales de los corregimientos de Caracolí, Los Cardones, La Sierrita, La Peña de los Indios y el Hatico de los Indios.

El día 26 de octubre se desarrollaron en todo el país, las elecciones para gobernadores, alcaldes, diputados y concejales. Al corregimiento de Cañaverales, aproximadamente a la 1:30 de la tarde, llegaron dos hombres con el ánimo de llevarse el material electoral; varias personas intentaron impedirlo, pero sorpresivamente los dos individuos lanzaron una granada, en el centro educativo donde se desarrollaba el proceso democrático, causando, de esa forma, heridas graves a varias personas, entre los que se encontraba José Alfonso Granadillo Molina, quien fue trasladado de inmediato al hospital San Rafael de San Juan del Cesar y por la gravedad de las heridas, fue remitido a la ciudad de Valledupar, donde falleció el 28 de octubre del 2003.

Cabe destacar que el proceso electoral fue suspendido en las poblaciones que se alteró el orden público, desarrollándose únicamente en los lugares donde se presentó normalidad. En esa oportunidad resultó electo Arnoldo Marulanda, como alcalde de San Juan del Cesar y como gobernador del departamento, los guajiros eligieron a José Luís González Crespo.

Al año siguiente, el Consejo Nacional Electoral, autorizó la realización de las elecciones en las poblaciones afectadas.

La sentencia
La parte resolutiva del fallo, condena a la Nación, al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional, a pagar a favor de los demandantes, (padre, madre, esposa y hermanos) a título de perjuicios morales, la suma equivalente a 650 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que ascienden a 418.827.500 pesos.
Igualmente, los demandados fueron condenados a pagar a la demandante, Ana Isabel Amaya Negrete, en calidad de compañera permanente y a título de perjuicios materiales, la suma de 41.634.000 pesos, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de la providencia.

Redacción EL PILON