El ente acusador emitió 52 órdenes de captura a implicados en casos de detrimento patrimonial en diferentes entidades del departamento.
En un operativo que la Fiscalía General de la Nación, denominó “Bolsillo de Cristal” en el departamento de La Guajira, en donde se investigan irregularidades en la alimentación escolar, salud, obras y justicia, se emitieron el pasado jueves 52 órdenes de capturas de las cuales a 41 se le imputan cargos y 11 más serán acusadas, entre los que se encuentran implicados, el exgobernador Jorge Pérez Bernier y el exalcalde de Riohacha, Rafael Ceballos Sierra.
El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en una rueda de prensa dijo que estas acciones se implementan para enfrentar la corrupción, logrando ya los primeros resultados de la intervención integral en el departamento de La Guajira, donde resultan comprometidos funcionarios públicos, contratistas y particulares.
Con respecto a los manejos de los recursos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, se están investigando dos contratos por más de 3 mil 421 millones de pesos, destinados para la atención integral de 1.400 niños de cero a cinco años y madres gestantes o lactantes, en los que según la investigación de la Fiscalía existe un peculado del orden de 1.495 millones de pesos.
“Se encontraron facturas falsas, cobraron de manera irregular más de quinientos millones de pesos. Además, realizaron cobros de arrendamiento que superan el doble del valor real y se efectuó pagos a celadores que no prestaron el servicio u obtenían ingresos menores a los reportados”, expresó el fiscal general.
Se estableció que el Icbf Regional Guajira contrató con la Asociación Asomilenio, cuya representante legal es Daisy Villar. Por estas irregularidades, un juez de la República expidió 14 órdenes de capturas, por considerar que los implicados cometieron los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento público, falsedad en documento privado y concierto para delinquir. A la fecha se han capturado doce personas.
Así mismo, en el municipio de Albania se revisó el programa que se ejecutó entre marzo y junio de 2011, con el propósito de “reducir la mortalidad infantil”, a través de los convenios 008 y 041, donde se encontraron inconsistencias por un monto de 18.990 millones de pesos, en los que están involucrados la alcaldía, la Secretaría de Salud municipal y el hospital local.
“Dentro de ese proceso contractual se desconocieron los principios de planeación, transparencia, economía y selección objetiva; y sin haber realizado estudios previos técnicos y financieros que justificaran la necesidad específica de la contratación”, indicó Néstor Humberto Martínez.
En esta investigación está en juego la presunta apropiación de 6.591 millones de pesos a través de sumas no canceladas a contratistas, inejecución de contratos, por lo que se adelanta acusación contra once (11) personas y continúa las indagaciones respecto de otras.
De otro lado, el fiscal anunció que se indaga sobre el Plan Departamental de Aguas de La Guajira, que se presentó como la redención para varias poblaciones que padecen por el mal servicio de acueducto y que incluye los acueductos de Camarones en Riohacha, Manaure y Uribia, Los Pondores, en San Juan del Cesar, Dibulla y los acueductos veredales de San Pedro en Barrancas.
En esta investigación, se priorizó el acueducto Camarones; y en este caso, la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción, dispuso la imputación de cargos a once personas, entre quienes se encuentran el entonces alcalde de Riohacha, Rafael Ricardo Ceballos Sierra y el representante del consorcio Aguas para un Pueblo, Yusif Habib Mustafá, como posibles responsables de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
Se detectó una serie de presuntas irregularidades en la construcción y puesta en marcha del Sistema Integral de Alcantarillado y Acueducto del corregimiento de la ciudad de Riohacha, por $12.102.990.500.
Dentro de la investigación se evidenció que la inversión efectuada por la alcaldía no correspondía con las obras construidas y que el contratista subcontrató el total de la obra con terceros.
“Aunque la obra fue terminada, a la fecha no se encuentra en funcionamiento, el agua no es apta para el consumo humano y al parecer se presentaron sobrecostos. Estas personas estarán en audiencia pública el próximo 17 y 18 de noviembre”, indicó la Fiscalía.
Con respecto a la educación, la Fiscalía investiga una acción hecha por el exgobernador Jorge Pérez Bernier, en donde el año 2009, se contrató la construcción de 42 megacolegios por un valor de 149 mil millones de pesos, donde según el ente investigador, se encontraron sobrecostos y facturación falsa en los anticipos que generaron un detrimento al departamento de 22 mil millones de pesos.
Por estos hechos se han expedido nueve órdenes de captura, de las cuales 4 fueron materializadas y se hizo la respectiva imputación de cargos. Además de Pérez Bernier, otros cinco exfuncionarios fueron implicados como posibles responsables de los delitos de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.
Con respecto a estas acusaciones, Jorge Pérez Bernier, indicó que durante su segundo mandato, los contratos se cumplieron a cabalidad y como lo manda la ley y las obras que se construyeron están para la muestra en varios municipios de la Guajira.
“Estaré en la audiencia de imputación de cargo que me imponga la Fiscalía 11 Delegada ante la Corte e iniciaré mi defensa para aclarar todos los puntos que ellos consideren que no se hicieron bien, dentro del proceso de contratación”, afirmó el exmandatario departamental.
De otro lado, con respecto a la salud, a través de la IPS Mareigua y la clínica odontológica de Maicao, en los últimos dos años, habrían cobrado de manera ilegal recursos de la salud, mediante la modalidad de traslados inconsultos de afiliados indígenas a otras IPS, creando doble afiliación, lo que permite que la IPS beneficiaria obtenga pagos indebidos provenientes del Fosyga.
Cuatro órdenes de captura, se ha hecho efectivas dos de ellas y procedió con la imputación.
Asimismo, ha dispuesto la formulación de cargos en contra de siete (7) personas por los delitos de peculado, fraude procesal y falsedad en documento público.
La Fiscalía capturó dos funcionarios de la Rama Judicial, la fiscal Elena Gómez Durán y un técnico investigador del CTI, Felipe Castrillón, a quienes les endilgan los delitos de concusión en concurso heterogéneo con falsedad ideológica en documento público.
El ente acusador emitió 52 órdenes de captura a implicados en casos de detrimento patrimonial en diferentes entidades del departamento.
En un operativo que la Fiscalía General de la Nación, denominó “Bolsillo de Cristal” en el departamento de La Guajira, en donde se investigan irregularidades en la alimentación escolar, salud, obras y justicia, se emitieron el pasado jueves 52 órdenes de capturas de las cuales a 41 se le imputan cargos y 11 más serán acusadas, entre los que se encuentran implicados, el exgobernador Jorge Pérez Bernier y el exalcalde de Riohacha, Rafael Ceballos Sierra.
El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en una rueda de prensa dijo que estas acciones se implementan para enfrentar la corrupción, logrando ya los primeros resultados de la intervención integral en el departamento de La Guajira, donde resultan comprometidos funcionarios públicos, contratistas y particulares.
Con respecto a los manejos de los recursos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, se están investigando dos contratos por más de 3 mil 421 millones de pesos, destinados para la atención integral de 1.400 niños de cero a cinco años y madres gestantes o lactantes, en los que según la investigación de la Fiscalía existe un peculado del orden de 1.495 millones de pesos.
“Se encontraron facturas falsas, cobraron de manera irregular más de quinientos millones de pesos. Además, realizaron cobros de arrendamiento que superan el doble del valor real y se efectuó pagos a celadores que no prestaron el servicio u obtenían ingresos menores a los reportados”, expresó el fiscal general.
Se estableció que el Icbf Regional Guajira contrató con la Asociación Asomilenio, cuya representante legal es Daisy Villar. Por estas irregularidades, un juez de la República expidió 14 órdenes de capturas, por considerar que los implicados cometieron los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento público, falsedad en documento privado y concierto para delinquir. A la fecha se han capturado doce personas.
Así mismo, en el municipio de Albania se revisó el programa que se ejecutó entre marzo y junio de 2011, con el propósito de “reducir la mortalidad infantil”, a través de los convenios 008 y 041, donde se encontraron inconsistencias por un monto de 18.990 millones de pesos, en los que están involucrados la alcaldía, la Secretaría de Salud municipal y el hospital local.
“Dentro de ese proceso contractual se desconocieron los principios de planeación, transparencia, economía y selección objetiva; y sin haber realizado estudios previos técnicos y financieros que justificaran la necesidad específica de la contratación”, indicó Néstor Humberto Martínez.
En esta investigación está en juego la presunta apropiación de 6.591 millones de pesos a través de sumas no canceladas a contratistas, inejecución de contratos, por lo que se adelanta acusación contra once (11) personas y continúa las indagaciones respecto de otras.
De otro lado, el fiscal anunció que se indaga sobre el Plan Departamental de Aguas de La Guajira, que se presentó como la redención para varias poblaciones que padecen por el mal servicio de acueducto y que incluye los acueductos de Camarones en Riohacha, Manaure y Uribia, Los Pondores, en San Juan del Cesar, Dibulla y los acueductos veredales de San Pedro en Barrancas.
En esta investigación, se priorizó el acueducto Camarones; y en este caso, la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción, dispuso la imputación de cargos a once personas, entre quienes se encuentran el entonces alcalde de Riohacha, Rafael Ricardo Ceballos Sierra y el representante del consorcio Aguas para un Pueblo, Yusif Habib Mustafá, como posibles responsables de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
Se detectó una serie de presuntas irregularidades en la construcción y puesta en marcha del Sistema Integral de Alcantarillado y Acueducto del corregimiento de la ciudad de Riohacha, por $12.102.990.500.
Dentro de la investigación se evidenció que la inversión efectuada por la alcaldía no correspondía con las obras construidas y que el contratista subcontrató el total de la obra con terceros.
“Aunque la obra fue terminada, a la fecha no se encuentra en funcionamiento, el agua no es apta para el consumo humano y al parecer se presentaron sobrecostos. Estas personas estarán en audiencia pública el próximo 17 y 18 de noviembre”, indicó la Fiscalía.
Con respecto a la educación, la Fiscalía investiga una acción hecha por el exgobernador Jorge Pérez Bernier, en donde el año 2009, se contrató la construcción de 42 megacolegios por un valor de 149 mil millones de pesos, donde según el ente investigador, se encontraron sobrecostos y facturación falsa en los anticipos que generaron un detrimento al departamento de 22 mil millones de pesos.
Por estos hechos se han expedido nueve órdenes de captura, de las cuales 4 fueron materializadas y se hizo la respectiva imputación de cargos. Además de Pérez Bernier, otros cinco exfuncionarios fueron implicados como posibles responsables de los delitos de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.
Con respecto a estas acusaciones, Jorge Pérez Bernier, indicó que durante su segundo mandato, los contratos se cumplieron a cabalidad y como lo manda la ley y las obras que se construyeron están para la muestra en varios municipios de la Guajira.
“Estaré en la audiencia de imputación de cargo que me imponga la Fiscalía 11 Delegada ante la Corte e iniciaré mi defensa para aclarar todos los puntos que ellos consideren que no se hicieron bien, dentro del proceso de contratación”, afirmó el exmandatario departamental.
De otro lado, con respecto a la salud, a través de la IPS Mareigua y la clínica odontológica de Maicao, en los últimos dos años, habrían cobrado de manera ilegal recursos de la salud, mediante la modalidad de traslados inconsultos de afiliados indígenas a otras IPS, creando doble afiliación, lo que permite que la IPS beneficiaria obtenga pagos indebidos provenientes del Fosyga.
Cuatro órdenes de captura, se ha hecho efectivas dos de ellas y procedió con la imputación.
Asimismo, ha dispuesto la formulación de cargos en contra de siete (7) personas por los delitos de peculado, fraude procesal y falsedad en documento público.
La Fiscalía capturó dos funcionarios de la Rama Judicial, la fiscal Elena Gómez Durán y un técnico investigador del CTI, Felipe Castrillón, a quienes les endilgan los delitos de concusión en concurso heterogéneo con falsedad ideológica en documento público.