Recientemente se ha especulado sobre la gestión del Contralor Delegado para el Sector Social, de la Contraloría General de la República, José Antonio Soto Murgas. Podría decirse que la exposición a la infamia es parte del precio que se paga cuando se asume la función pública, aunque de igual forma, la calidad de servidor le permite al funcionario validar a diario su condición de la única forma posible: son los resultados los que lo califican y en el caso de la Contraloría las cifras no mienten.

Como asesor externo del máximo organismo de Control Fiscal, en particular de la Contraloría Delegada para el Sector Social, y conociendo además a Soto Murgas, he evidenciado cómo, dentro de las actuaciones más importantes contra la corrupción, adelantadas por el Contralor Maya Villazón, en por lo menos tres se ha dado el concurso decidido de Soto Murgas: el Programa de Alimentación Escolar – PAE, con hallazgos por más de 29.537 millones de pesos; el Cartel de la Hemofilia en Córdoba, con hallazgos por más de 44.812 millones de pesos; y la auditoría a los Juegos Nacionales con hallazgos por más de 43.153 millones de pesos. La Contraloría ejerce así, con veracidad y sin excesos de protagonismo, un rol de liderazgo que hoy el país le reconoce.

Sobre la gestión de Maya Villazón ya hemos escrito antes en este mismo diario y en otros medios (Lea la columna: ¡El Dedo en la Llaga!), y como resulta propio de su talante, el Contralor se ha empeñado en la construcción de una entidad seria: quienes lo rodean podrán confirmar que lo único que exige para trabajar con él es honestidad, pero que además, no le tiembla la mano para tomar decisiones contra la corrupción o para apartar de su lado a quienes no dan la talla.

Por su parte, si algo caracteriza a Soto Murgas es que su intensidad es inversamente proporcional a su estatura; cuando prioriza un tema se vuelve repetitivo. Una de sus frases permanentes es que “son los funcionarios de carrera administrativa quienes tienen la experiencia y el conocimiento, por lo que en el trabajo de ellos se soportan los resultados de la Contraloría”.

En la auditoría que destapó el Cartel de la Hemofilia en Córdoba, trabajaron 14 funcionarios, todos de carrera administrativa. Por la gravedad de los hallazgos, que estremecieron al país no sólo por tratarse de recursos de la salud, sino por haber usado las llamadas enfermedades huérfanas, el mismo Contralor Maya Villazón los puso en conocimiento del Fiscal General y del Procurador, incluso antes que finalizara el proceso auditor. Además, Maya Villazón no dudó en darles la connotación de Impacto Nacional y ordenó adelantarlos a través de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.

Que un funcionario cumpla con las obligaciones del cargo para el que fue nombrado, no debería sorprendernos. Pero en un país donde todo el mundo se termina acomodando, deben resaltarse los trabajos que trascienden. No bastan el conocimiento y la intensidad, sino que se requiere también mucha “berraquera”, para ponerle la firma a auditorías, como lo hizo Soto Murgas con las mencionadas. De otra parte, valdría la pena preguntarse qué intereses habrá detrás de municipios como La Jagua de Ibirico y Codazzi, cuando se pretende manchar la gestión de la Contraloría para que no se evidencien los resultados de las auditorías que están por culminar.

*LL.M. (Heidelberg)

Profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Javeriana.

Por Carlos Iván Castro Sabbagh