Desde los tiempos de Santo Tomás, la expresión “poner el dedo en la llaga” se usa en el lenguaje popular para resaltar la labor de quienes constatan un determinado suceso, independientemente del dolor o la incomodidad que su comprobación pueda causar.

Ese ha sido una vez más el papel de la Contraloría General de la República. En efecto, son aún recientes los hallazgos sobre el Programa de Alimentación Escolar, y ahora el Contralor pone de nuevo el dedo en la llaga, denunciando el manejo que se ha dado a los recursos del Sistema General de Participaciones en materia de Salud.

Los recursos del SGP, si bien son ejecutados por los Departamentos y Municipios, por su carácter exógeno su control es competencia de la CGR. En ejercicio de dicha función, la Contraloría Delegada para el Sector Social acaba de publicar los resultados de una compleja auditoría adelantada al departamento de Córdoba, donde se evidenciaron hallazgos que representarían un eventual detrimento patrimonial por más de 44.000 millones de pesos a los recursos de la salud de los cordobeses.

Según el informe de auditoría, la Gobernación de Córdoba entre los años 2013, 2014 y 2015, les habría pagado directamente a una misma I.P.S. más de 39.000 millones de pesos, por supuestos tratamientos a pacientes con hemofilia.

Esta enfermedad de carácter hereditario, poco común, es considerada por el Ministerio de Salud una de las llamadas enfermedades huérfanas, de poca incidencia en la población. El censo del Ministerio registró en 2013 un total de sólo 13 casos de hemofilia en todo el departamento de Córdoba. Las cifras de la Organización Mundial de la Salud muestran que por cada 5.000 nacimientos, es posible que se presente sólo un caso nuevo de hemofilia. Sin embargo, para el año 2014, la Secretaría de Salud del Departamento habría pagado por un total de 81 casos de hemofilia, lo que significaría que la enfermedad, de un año al otro se habría sextuplicado, o de lo contrario, estaríamos frente a una explosión demográfica sólo justificable en los términos del libro de los Guinness Records.

La EPS a la que se encuentran afiliados los supuestos pacientes afirmó que ninguno de ellos fue diagnosticado con la enfermedad; los laboratorios, cuyos exámenes sirvieron de soporte de los pagos, dicen ahora que ellos no los practicaron; y los médicos firmantes dicen también que sus rúbricas fueron falsificadas.

Lo único entonces sobre lo que hay certeza, es que el Contralor Maya Villazón ya informó de los hechos, no sólo al Fiscal General y al Procurador Ordoñez, sino también al Ministro de Salud, a la Superintendencia de Salud y hasta al Tribunal de Ética Médica, poniéndonos a todos de nuevo el dedo en la llaga, con el que podría ser el trabajo más importante de la Contraloría en materia de salud a nivel de las regiones.

Por Carlos Iván Castro Sabbagh