El secretario de la Transparencia del Gobierno Nacional, Camilo Enciso, emitió un comunicado a la opinión pública ante la información que dio a conocer el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre pago de sobornos por la firma Odebrecht en Colombia.
Aclara que en la información que hizo pública el Departamento de Justicia de los Estados Unidos señala en forma específica que entre 2009 y 2010 se pagaron 6,5 millones de dólares a un funcionario en Colombia.
Durante ese lapso sólo existe un contrato entre Odebrecht y el Gobierno Nacional:
• Ruta del Sol sector 2. Adjudicado en diciembre del 2009 por el anterior INCO, bajo la administración de Gabriel García Morales, viceministro de transporte de Andrés Uriel Gallego. En este caso sólo un proponente fue habilitado durante el proceso contractual.
Este contrato fue adicionado por la ANI para incluir la ruta Ocaña-Gamarra (Cesar) en marzo de 2014.
Adicionalmente Odebrecht ha tenido dos contratos con el gobierno nacional:
1. Carretera Puerto Boyacá-Chiquinquirá. Adjudicada en abril de 2012 por el Invias. Hubo 16 proponentes y la obra fue terminada a satisfacción.
2. Contrato para la navegabilidad del rio Magdalena. Adjudicado en agosto de 2014 por Cormagdalena, por su director. Este afluente pasa por cuatro municipios del Cesar.
Ambos contratos benefician al departamento del Cesar y aunque no se han ejecutado en un ciento por ciento, una vez se finalicen el impacto en el transporte será considerable.
Sin embargo, el retraso puede ser mayor porque según anunció la Secretaría de Transparencia “En el momento en que las autoridades establezcan el origen ilícito de cualquier contrato se procederá a declarar su caducidad, sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar. El Gobierno Nacional ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación que adelante la investigación a la mayor brevedad para identificar a todos los responsables”.
La presidencia de la república emitió un comunicado en el que explica lo siguiente:
“Desde mediados de 2015, tan pronto estalló el escándalo de Odebrecht en Brasil, el Gobierno Nacional ha dado pasos firmes para avanzar en acciones de cooperación armónica con las autoridades de ese y otros países, con el fin de lograr el esclarecimiento y judicialización de los actos de corrupción de esa empresa en Colombia.
El día de ayer (jueves), con ocasión de la información publicada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y del comunicado de prensa publicado por la Casa de Nariño, el Senador Álvaro Uribe hizo una serie de declaraciones, una de las cuales cuestionó de manera tendenciosa una reunión sostenida por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, con el Presidente de Odebrecht, en Panamá.
Esa reunión tuvo lugar el 9 de abril de 2015 en el marco de la Cumbre de las Américas, en desarrollo de una serie de encuentros del Señor Presidente con empresarios, las cuales incluyeron al Presidente de Coca-Cola y otros, algo necesario para el país y absolutamente normal, en este tipo de escenarios.
En esa reunión participaron la Canciller, la Ministra de Comercio, la directora de Procolombia, el Secretario Privado del Presidente y otros funcionarios.
En ese momento no existía ninguna sospecha de que Marcello Odebrecht o su compañía hubiesen participado en actos de corrupción en Colombia u otros países.
Con relación a los sobornos de Odebrecht en Colombia, el Gobierno Nacional ha conocido que la persona que recibió 6.5 millones de USD en desarrollo de una conducta criminal que merece todo el repudio de la sociedad colombiana, es un alto funcionario de la administración del gobierno Uribe.
Rechazamos de manera categórica esos hechos y pedimos a la justicia actuar con la mayor dureza en contra de cualquier servidor público que en cualquier momento hubiese consentido, facilitado o encubierto actos de corrupción.
De otra parte, pedimos a los entes de control y a la Fiscalía General actuar con el mayor rigor, celeridad y determinación en las investigaciones relacionadas con los proyectos de Reficar y Bioenergy y, especialmente, en la identificación del origen de los problemas, presuntos fraudes y sobrecostos de los mismos.
Adicionalmente, el Gobierno Nacional hace una invitación respetuosa, pero enfática al sector empresarial para que incremente su compromiso con las políticas internas de prevención de la corrupción.
El país puede tener la seguridad de que no dudaremos en usar con la mayor severidad la Ley Antisoborno, impulsada y sancionada por este Gobierno, para poner punto final a los abusos de empresarios, contratistas y funcionarios corruptos.
Por último, esperamos que los involucrados en cualquier episodio de corrupción le den la cara al país y a la justicia, y no recurran al sofisma de distracción de la persecución política para evadir las consecuencias de sus conductas”.