Por: Amylkar D. Acosta M1
El afán con el que se ha venido tramitando este proyecto por parte de sus promotores no ha dado pábulo para la reflexión y el análisis sereno del mismo. Una de las ligerezas en las que se ha incurrido, que puede convertirse a la postre en un impasse insalvable es la omisión de la consulta previa integral y completa a los pueblos indígenas asentadas en el área de influencia de la explotación de RNNR, toda vez que ellas también se verían afectadas por la reforma al régimen de regalías. En efecto, tal y como lo prescribe el artículo 11 de la Ley 756 de 2002, a ellos les asiste actualmente el derecho a que el 20% de las regalías que le corresponde al municipio y el 5% de las del departamento “se asignarán a inversiones en las zonas en donde estén asentadas las comunidades indígenas”, el cual se vería claramente vulnerado.
Los artículos 6, 7 y 15 del Convenio 169 del año 1989 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) así lo exigen y Colombia es signataria del mismo, el cual adquirió su poder vinculante con su ratificación a través de la Ley 21 de 1991, desarrollada posteriormente por el artículo 76 de la Ley 99 de 1993, reglamentada mediante el Decreto 1320 de 1998 y el Decreto Ley 200 del 3 de febrero de 2003. También tiene asidero en los artículos 7 y 330 de la Carta y al hacer parte del bloque de constitucionalidad es de obligatorio cumplimiento. Es más, Colombia al suscribir la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas en mayo del año pasado se comprometió a cumplir sus estipulaciones, las cuales amparan dichos derechos, que son inalienables.
Hay amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional al respecto y precisamente por la transgresión de estas normas se cayeron la Ley Forestal, el Estatuto Rural y la reforma reciente del Código de Minas puede correr la misma suerte; en todos los casos por haberse saltado a la torera el requisito de la consulta previa siempre que se tomen decisiones que afecten a los pueblos indígenas, sean ellas de carácter administrativo, legislativo o con más veras si se trata de una reforma constitucional. Este es el caso de La guajira y el Cesar, particularmente. Definitivamente, de la carrera no queda sino el cansancio, a quienes ya se frotan las manos y les brillan los ojos, locos de contento, ante la expectativa de participar de esa especie de tómbola con las regalías, les puede pasar lo de la lechera de Samaniego.
El trámite de este proyecto de acto legislativo  se ha topado con obstáculos inesperados, a pesar de que, como lo afirma María Teresa ronderos, “son más los municipios y departamentos que se ven beneficiados por la reforma a las regalías” o por lo menos eso le han hecho creer. Pero, es que su defensa además de floja es presa de sus propias contradicciones; al tiempo que se dice que los actuales beneficiarios no verían menguados sus recursos, el Senador Roy Barrera, Coordinador Ponente en el Senado de la República, luego de advertir que “lo que buscamos es que haya una verdadera equidad en la distribución de las regalías”, no tiene empacho en espetar que “no se trata de un despojo de recursos a nadie. Pero, las regalías directas van a bajar de un 100% al 20% al 2014. De eso se trata, de redistribuir mejor esos dineros”.
En todo caso el debate se ha ido decantando y por parte del mismo Gobierno se ha empezado a dimensionar el daño que se le infligiría a las regiones productoras de no consultar el interés de las mismas. Al final se tendrá que arribar a una solución de compromiso, de una reforma que no sea el producto de la imposición sino de la concertación, de la deliberación y no de los conciliábulos; a ello le apostamos. Alejandro Gaviria, Decano de Economía de la Universidad de los Andes, hace un buen diagnóstico del estado actual de este proyecto: “uno podría fácilmente imaginarse una mejor reforma, más enfocada, menos cositera, sin tantos cajoncitos, pero la política es un asunto complejo. Con todo, la reforma actual es un buen ejemplo de posibilismo, un compromiso entre lo deseable y lo factible”. Ojalá impere la sensatez.

Bogotá, diciembre 5 de 2010

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