Es el viejo y conocido adagio popular que enseña que nadie debe ir más allá de lo que conoce, y es justamente por ello que lo he traído a colación pues observo con mucha preocupación que algunos comandantes de la Policía, luego de conjurar situaciones de vandalismo y, proceder a la captura de los presuntos infractores, en estricto cumplimiento de su deber misional, que no es otro que garantizar la paz y la convivencia ciudadana, toman los micrófonos de los diferentes medios para manifestar, sin el menor pudor, que se trató de un acto terrorista. No estoy mintiendo, ocurrió en Pereira (Risaralda) donde una manifestación de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira, terminó en hechos vandálicos protagonizados por encapuchados, que arrojaron artefactos incendiarios a la vivienda del Comandante de la Policía, sin importarles que adentro se encontraban algunas personas. No quiero con esto, minimizar la gravedad del hecho en cuestión, pero si dejar claro, que a las autoridades de la fuerza pública, no están para calificar las conductas punibles, pues la labor de calificar estos hechos, una vez se denuncien, investigar y judicializar, es de la competencia exclusiva de la Fiscalía General de la Nación. Esa misma recomendación va dirigida a todos los alcaldes, y secretarios de gobierno, y muy especialmente al ingeniero civil, y actual burgomaestre de Medellín, Federico Gutiérrez quien refiriéndose a hechos ocurridos en el estadio Atanasio Girardot, en los que un desadaptado arrojó a la cancha de futbol una navaja, en momentos en que se desarrollaba el encuentro entre Medellín y Millonarios, manifestó sin ningún empacho, que se trató de una tentativa de homicidio (¡!).

Insisto, no quiero con este comentario atenuar la gravedad del citado hecho, pero si hacer un llamado a la prudencia, dejando claro, que calificar las conductas punibles no es de la competencia de la Fuerza Pública, ni de los alcaldes. A la policía, le basta con entrar a restablecer el orden público, capturar a los implicados y ponerlos a disposición de la autoridad competente, en tanto que a los alcaldes le corresponde informar a la opinión pública sobre lo ocurrido, las acciones que se han emprendido hasta ese momento, y si se quiere, manifestar su repudio frente a estos hechos de vandalismo, pero en manera alguna debe cederse a la tentación de entrar a calificar la conducta penal, pues ello no es de su resorte, y se expone a equívocos innecesarios.

Nota de cierre: A dos meses de terminarse la administración de Augusto Ramírez Uhia, se escucha hablar del inconcluso tanque de almacenamiento de agua, de la inconclusa Casa en el Aire, pero nada se dice de la restauración del mural del maestro Piedrahita: “Tierra de Dioses”. El mayor atentado a la cultura de Valledupar.