Yo no planifico, yo ejecuto. ¿Quién se iba a imaginar que esta lapidaria frase, pronunciada con soberbia por el gobernador Luis Alberto Monsalvo, sería la causa de su interdicción judicial y, por consiguiente, la frustración de un pueblo que sigue confiando en la reducción de brechas sociales, mediante la inversión de los recursos públicos? 

Muy seguramente ni él mismo supo lo que dijo, tal vez dejándose llevar por la prepotente euforia de quien cree siempre tener la razón, pero que ha sido impermeable al conocimiento que da la experiencia, así sea corta. Así es, la obnubilación frente a una jugosa contratación pública hace olvidar que ejecutar sin planificar es un atropello a los principios elementales del buen gobierno, convirtiéndolo en un caprichoso mar de improvisaciones. 

La planificación territorial es un ejercicio primordial e importante que no se puede dejar de lado, se asocia entre otros a materias tales como la relación urbano–rural, la protección y sostenibilidad de cuencas hidrográficas, la gestión de riesgos y aspectos físicos de la organización, como la infraestructura y localización de las actividades, zonificaciones, etc. Es materialmente imposible presentar buenos resultados, si no hay un ejercicio de planeación serio; no como la sucesión de eventos aislados, sino como un ciclo de estudios y proyecciones que avanza hacia el logro de los fines del desarrollo.

No es un listado de obras al gusto del gobernante, sino el abordaje de problemáticas en busca de definitivas soluciones desde diferentes flancos, como el económico, el social, ambiental y físico. En ese propósito se debe facilitar efectivos encuentros entre la administración y los actores que intervienen en el desarrollo del territorio. Real concertación.  

El exclusivo contacto económico de campaña entre candidato y electores, léase compra de votos, anula la futura implementación de la planeación. Bajo ese criterio, en ejercicio del poder vienen desconociendo totalmente la participación de las inermes comunidades, las cuales para recibir alguna atención oficial deben ceder a las presiones politiqueras o entrar por medio de sus líderes al círculo de aduladores del antojadizo gobernante.

Es lo que ha venido sucediendo en nuestro departamento, con consecuencias penales para el señor gobernador que no celebramos, pero que sí deben servir como experiencia en el reconocimiento del principio de planeación, citado en reiteradas jurisprudencias por el Consejo de Estado, quien ante su ausencia advierte sobre las “consecuencias nefastas no solo para el logro del objeto contractual, sino también para el interés general y para el patrimonio público”.   

Fue así que en el 2015 el contrato del Plan de Alimentación Escolar-PAE se firmó por 81 días cuando realmente debió ser por los cinco meses del semestre educativo, lo que obligó a realizar prórrogas y adiciones, no se estipuló el número de raciones ni la población beneficiaria, contrataron 1.752 manipuladoras cuando realmente solo se necesitaban 350, no hubo selección objetiva en el proceso pre contractual, en fin, todo un entramado perverso que según la Fiscalía generó un sobrecosto de 2.983 millones de pesos.    

Ahora se contrató la construcción del Centro Cultural de la Música Vallenata. La obra vale casi 140 mil millones de pesos, dirigida por un profesional con dedicación en tiempo del 50%, ¿quién dirigirá el otro 50? El costo del metro cuadrado supera los 22 millones de pesos, mientras que el de modernos edificios está entre 3.5 y 4 millones en promedio. Los Objetivos no son consecuentes con la necesidad, justificación y planteamiento del problema. Los estudios previos son un fiasco. Un monumento a la imprevisión.

Lo peor de todo es que en la cacareada ‘ejecución’, no se aplica la Ley 2056 acerca de las brechas sociales definidas técnicamente por el Departamento Nacional de Planeación-DNP, las cuales, en vez de cerrarse, se abrirán por consecuencia lógica ante la torpeza del gobernador. La opción es el cambio, atrévete. Un fuerte abrazo.