No sé si exista envidia de la buena, pero cuando el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinoza, anuncia que luego de un año de conversaciones con una empresa cervecera nace una bebida cuya materia prima es la yuca sembrada en ese departamento, pensé en el desarrollo económico que estaría beneficiando a nuestras gentes si no hubiésemos sucumbido políticamente ante una poderosa monarquía, cuyos intereses sobreviven a expensas de la insatisfacción de nuestras necesidades básicas. 

Hoy los protagonistas son los agricultores sucreños, porque sembrarán más de 3.000 nuevas hectáreas de yuca, capitalizando el valor agregado que produce llevarla del campo a la manufactura cervecera. En apoyo a esta iniciativa, el departamento hizo aprobar un incentivo tributario de 24 puntos a la tarifa del impuesto al consumo de cervezas en Sucre, aparte del acompañamiento institucional a la asociación, capacitación, financiación y comercialización gremial que augura una reactivación económica local exitosa. 

El triunfo de la gestión gubernamental sucreña radica en aprovechar el potencial de sus tierras y la vocación agropecuaria de sus productores, ejerciendo el rol integrador frente a la industria para asegurar ganancias mediante la modalidad de agricultura por contrato, en la que se le garantiza el precio de sustentación a los cultivadores, evitando que estos caigan víctimas de los comercializadores, quienes actualmente son los que al final del ejercicio se quedan con las ganancias. El impacto social no se hará esperar.

Algo muy diferente sucede en nuestro departamento. Mientras Sucre ha mejorado los indicadores sociales, con una asignación de regalías de solo 369 mil millones de pesos para el bienio 2021-2022, incluidas las de sus municipios, al Cesar, recibiendo la astronómica cifra de 707.187 millones, según EL PILÓN del 5 de diciembre de 2020, únicamente le alcanza para competir con Chocó y La Guajira esperando a ver quién es más ineficiente en el gasto.       

La razón es sencilla, allá el gobernador es un gerente que promociona las potencialidades de su territorio, invirtiendo en planes y programas de formación académica e infraestructura básica, en una muy bien diseñada estrategia de competitividad, dando como resultado el desarrollo económico local que genera riqueza y movilidad social. Valor público. Al amparo de esa mentalidad el beneficio es colectivo, así la inversión oficial no recaiga directamente en cada beneficiario. 

Acá la visión del mandatario es muy limitada, caprichosa, de espaldas a la realidad del departamento, les preocupa solo cumplir con el producto, más no con el resultado, es decir que poco o nada les interesa el verdadero impacto de los proyectos, así la inversión deja de serlo para convertirse en gasto, al final, lo anunciado con bombos y platillos solo termina siendo un detrimento patrimonial que los organismos de control del Estado han sido incapaces de controlar. El beneficio es solo para los intervinientes en la ecuación contractual.    

Entonces me pregunto, ¿cuándo será que tomaremos la decisión política de cambiar nuestro rumbo? Es la única forma de convertir la frustración en prosperidad, de que nuestro dinero deje de ser el verdugo y quimera del bienestar colectivo, y de que el criterio de inversión de nuestras regalías no sean los suntuosos caprichos de un gobernador motivado más por las formas que por el fondo, ignorando las necesidades humanas, como cuando pagamos la cuota de sostenimiento de un club social con la nevera vacía. Ya es hora de cambiar. Piénsalo y me dices en la urna de votación. Un abrazo.

@antoniomariaA