Como ya lo dijimos, el Gobierno Nacional quemó sus últimos cartuchos el pasado fin de semana intentando llegar a un acuerdo con el CEO de Gas Natural – Fenosa, empresa española con el 83 % de las acciones de Electricaribe, Isidre Fainé, pero los esfuerzos resultaron infructuosos y se levantaron de la mesa sin llegar a algún avenimiento. El Gobierno insistió en la necesidad de una capitalización de la empresa, para que esta, además de cubrir sus obligaciones vencidas con el mercado eléctrico pudiera también cumplir con su parte del Plan5Caribe, que compromete inversiones del orden de los $1.1 billones en la infraestructura del Sistema de Transmisión Local y las líneas de distribución, que son de su responsabilidad como Operador de red en la región Caribe.

Estas negociaciones se adelantaron en medio de la seguidilla de impagos, que obligaron a XM, como Administrador de la Operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN) a poner en marcha los procesos de “limitación de suministro” del fluido eléctrico al mercado servido por Electricaribe, a la espera de que esta cubriera las garantías exigidas. Ello significaba para los 2.5 millones de usuarios de esta empresa soportar tres horas diarias, que podrían ampliarse a cuatro horas, de racionamiento programado, que se vendrían a sumar a los no programados a los que los resignados usuarios ya están acostumbrados. El plazo límite del último de ellos se vencía el miércoles 16 de los corrientes.

Ante la inminencia del racionamiento programado, la Superintendencia se vio compelida a actuar, pues sólo ella está facultada por el artículo 59 la Ley 142 de 1994 y la Resolución 116 de 1998 de la CREG, para interrumpir o suspender el procedimiento de la “limitación de suministro”. Y la única forma de hacerlo era mediante la toma de posesión de Electricaribe y proceder en consecuencia, como en efecto lo hizo el Superintendente José Miguel Mendoza.

Dos fueron las razones invocadas por la Superintendencia de Servicios Públicos para la toma de posesión, mediante la Resolución 20161000062785 del 14 de noviembre, previo concepto favorable de la CREG: la primera que, según el reporte de la firma Deloitte, Auditora externa de Electricaribe, esta estaba en un “claro riesgo de inviabilidad financiera”, pues además de no contar con los recursos suficientes para garantizar su operación, proyectándose un déficit de caja para fin de año del orden de los $655.313 millones, sus posibilidades de acudir a la banca para su financiamiento eran cada vez “más limitadas”. Ello entrañaba, además, un riesgo sistémico que podría llegar a afectar a todo el SIN por el efecto dominó que hubiera podido desencadenarse ante sus reiterados incumplimiento con los generadores. La segunda, tiene que ver con el incumplimiento de parte de Electricaribe tanto de la Ley 142 de 1994 como de la Ley 143 del mismo año, que establecen claramente que el servicio de energía se debe prestar con eficiencia, calidad y continuidad.

Ahora bien, esta intervención por parte de la Superintendencia no va a resolver como por ensalmo los problemas de la eficiencia, calidad y continuidad en la prestación del servicio, porque su solución pasa por la corrección del rezago histórico de las inversiones que han debido hacerse en su momento y no se hicieron. De allí la premura con que debe ejecutarse el Plan5Caribe que apunta a la solución del problema estructural.

Por lo pronto, la toma de posesión de Electricaribe nos libra de los racionamientos programados que venían en camino, habida cuenta que ya se tienen pólizas vencidas por valor de $165.905 millones, las cuales serán cubiertas por la nueva administración, encabezada por su Presidente Edgardo Sojo y el Agente Especial Javier Lastra, apelando a un préstamo por parte del Fondo Empresarial por valor de $120.000 millones, que ya está en trámite para solventarlo.

Hay que entender que esta intervención por parte de Electricaribe, que dio lugar a la toma de posesión no es el punto de llegada sino el punto de partida, en procura de la solución definitiva de la problemática de Electricaribe, empresa esta que se ha convertido en una pesadilla para la región Caribe. La Superintendencia se va a tomar cuatro meses, aproximadamente, antes de tomar la decisión con respecto al carácter de su toma de posesión, para definir si esta se va a limitar a la reorganización y refinanciación de la empresa, para lo cual cuenta con el apoyo de la consultora estadounidense Treta Tech o si va más allá, disponiendo su liquidación para dar paso a un nuevo Operador.

Por Amylkar D. Acosta Medina

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