Ya se ha vuelto costumbre en estos tiempos modernos pasar de una grave situación a otra de mayor proporción; veníamos de sufrir una larga sequía por la falta de lluvias, lo cual llegó hasta amenazar con un posible apagón por el desnivel de los embalses, superado en cierto modo ese fenómeno, ahora nos vemos enfrentados a probables estragos del invierno.

Son preocupantes las imágenes que nos llegan sobre la situación del río Cauca en la región caribeña de La Mojana, donde las inundaciones han arrasado con los cultivos y también ponen en peligro al sector ganadero, entre otros renglones productivos.

En el Cesar, esta situación nos evoca las épocas de angustias vividas en el pasado por los habitantes de nuestros municipios ribereños del río Magdalena, al punto que, en esos años, 2010 y 2011, el Gobierno nacional tuvo que ejecutar el programa de ayuda a damnificados denominado ‘Colombia Humanitaria’, el cual en nuestro departamento benefició principalmente a los municipios de La Gloria, Gamarra, Chimichagua, además de habitantes de muchas zonas rurales de otras municipalidades. Se entregaron miles de mercados y se proporcionaron albergues a los afectados.

Pero son precisamente esas experiencias pasadas las que nos obligan a pensar que es necesario que se tomen medidas preventivas para evitar nuevas crisis humanitarias en nuestro territorio cesarense en razón a que los pronósticos que se conocen indican que este invierno apenas comienza y que será de mayor magnitud en los próximos días o meses.

Surge entonces el interrogante: ¿en el Cesar estamos preparados para una nueva ola invernal como la ocurrida en los años 2010 y 2011?, es hora entonces de que tanto el gobierno departamental como los municipales comiencen a reflexionar sobre la respuesta a esta pregunta, bajo el entendido de que son las autoridades gubernamentales las responsables de salvaguardar la integridad de sus comunidades y promover medidas preventivas que mitiguen los riesgos asociados a su entorno.

Urge entonces una planificación a corto, mediano y largo plazo. Pero no solo de las instancias gubernamentales, aquí la sociedad civil también debe asumir responsabilidades y atender el paquete de recomendaciones que ha de establecerse.

Se requiere que los líderes locales, en colaboración con las autoridades ambientales y la comunidad en general, implementen medidas preventivas efectivas para proteger nuestras cuencas hidrográficas, recurso invaluable para la vida. La educación ambiental debe ser una prioridad, con campañas que sensibilicen a la población sobre la importancia de mantener limpias nuestras fuentes de agua y de adoptar prácticas sostenibles en nuestras actividades diarias.

Todo eso debe ir acompañado de políticas gubernamentales de conservación de la biodiversidad y de restauración de ecosistemas ribereños.

Se debe fortalecer la vigilancia y el control para prevenir actividades ilegales como la minería ilegal, la tala indiscriminada y la contaminación industrial. Estas prácticas ponen en peligro no solo la calidad del agua, sino también la salud y el bienestar de las comunidades que dependen de los ríos para su sustento.

Llamamos a la acción a todos los ciudadanos, a sumarse a este esfuerzo colectivo de protección de nuestras cuencas hidrográficas.