El actual Gobierno, como parte de su discurso de campaña, nos endosó a los colombianos toda clase de deudas ancestrales con las negritudes, indígenas y los sectores más desfavorecidos históricamente. 

Personalmente reconozco la deuda social que por años hemos tenido con el campo colombiano, que ha padecido el abandono estatal por décadas y que nos causó, entre otros efectos dañinos, el desplazamiento forzado, reemplazar nuestra vocación económica predominantemente agrícola y ganadera por la actividad minera, y en consecuencia, una dependencia de la explotación de carbón y petróleo. 

Por eso celebro que este Gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, tenga dentro de sus prioridades darle la importancia a la construcción de vivienda de interés prioritario y social rural, la cual contará con el 20% del valor del presupuesto de ese Ministerio, que para el año 2023 es de 2,26 billones de pesos. 

Es decir, 452 mil millones de pesos irían enfocados a financiar la política de vivienda rural. Si bien es relevante,  en comparación con el rezago es aún insuficiente, pero algo es algo, como decimos coloquialmente.  

El programa de vivienda rural que plantea el Gobierno Petro para los próximos 4 años de su mandato se soportaría en cuatro pilares: promover la participación empresarial en la construcción de vivienda rural dispersas y centros poblados; promocionar y fortalecer las alianzas público populares y acciones populares de vivienda; concurrencia con recursos de regalías para financiar soluciones de vivienda, conforme a lo consignado en el Decreto 625 de 2022.

 Esto no parece ser muy coherente con los anuncios reiterativos de la ministra de Minas y el propio presidente de “decrecer” en la minería extractiva, que es la gran fuente de recursos de regalías y que han venido siendo utilizados para financiar proyectos de vivienda gratuitas prioritaria y social, tanto en el área urbana y rural de todo el país. 

Prescindir de ellos haría inviable esta apuesta por la vivienda rural y la implementación de una Política de Vivienda Rural con progresividad presupuestal, con la que estoy muy de acuerdo. 

Sin embargo, para que esta política de Vivienda Rural bien intencionada no se quede en demagogia y en propuestas irrealizables, el Ministerio de Vivienda deberá realizar serios ajustes al esquema de operación.

Si bien es cierto, ha habido avances, como el incremento en el valor de los subsidios, al pasar de $16 a hasta $70 millones, así como una mayor área de construcción de las viviendas, al pasar de 36M2 a 50M2, de dos alcobas a 3 alcobas, y adicionalmente un espacio para las herramientas para trabajar la tierra, la tramitología en los procesos, la falta de articulación de los diferentes actores e ineficiencia operativa de las entidades que han estado a cargo de su ejecución, son los grandes desafíos con que dicha cartera tendrá que lidiar si en verdad quiere que la vivienda rural se convierta de  cenicienta a protagonista en este Gobierno. 

Claudia Núñez Padilla