En los últimos años los negocios relacionados con lotes del municipio de Valledupar han generado más de un escándalo, duras confrontaciones se presentaron por las circunstancias que rodean la adquisición del terreno donde se construyó el parque de la leyenda, actual escenario de la fiesta más importante del vallenato, pelito que llego a instancias del Honorable Consejo de Estado cuya sentencia ordena la devolución de ese lote al municipio de Valledupar.

Recientemente se conoció el proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación por lo que llaman “cambiazo” que se efectuó en la administración del exalcalde Freddy Socarrás Reales de un lote de propiedad del municipio por terrenos de propiedad de la señora María López de Reyes, en lo que se considera puede presentarse un detrimento cercano a los $24.000 millones de pesos teniendo en cuenta que los terrenos que recibió el municipio por parte de la señora López de Reyes tenían un valor mucho menor que aquellos que recibió la administración municipal.

Actualmente la administración del señor Augusto Daniel Ramírez Uhía trabaja en el proyecto de acuerdo 006 del 2018 con el fin de concederle “autorización al alcalde de Valledupar para la enajenación de una porción del predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 190-87736 de propiedad del municipio de Valledupar”, la modalidad de este negocio reviste características similares al anterior, el municipio se desprende de una propiedad por un valor muy inferior a lo que realmente determina el mercado, lesionando de manera descarada las finanzas y las propiedades del municipio.

Lo que está ocurriendo parece no importarle a nadie, pero es necesario sonar la alarmas, porque se convirtió en un muy mal hábito de los alcaldes ofrecer los bienes de la administración municipal a precios sospechosamente muy inferiores a los que les corresponde; es decir cuando se trata de vender el municipio casi que regala sus bienes y cuando se trata de comprar el municipio debe acomodarse en ocasiones a las exageradas exigencias del vendedor.

Para este propósito los gobiernos se valen de avalúos que no reflejan la realidad comercial y la valorización que en los últimos años han adquirido ciertos sectores de la ciudad, caso específico lo que se pretende hacer con el lote del IDEMA, este terreno por cuenta de un extraño avalúo se pretende “obsequiar” desconociendo las ventajas que señala el mismo avalúo de un terreno que cuenta con todos los servicios públicos y estar ubicado en una zona de importante actividad de la ciudad, negocio que podría generar para el municipio otro significativo detrimento patrimonial.

Por Carlos Andrés Añez