En el marco del Día Nacional de Reconocimiento de la Mujer Buscadora, que se conmemora el 22 de octubre, emergen las conmovedoras historias de dos mujeres que siguen luchando por hallar a sus familiares desaparecidos en el conflicto armado de Pueblo Bello, Cesar. Sus testimonios revelan el dolor de la desaparición forzada y la impunidad frente a un proceso de verdad y justicia que avanza lentamente.
Karen Castro Aguirre: la espera sin respuestas
Karen Castro Aguirre vive el dolor continuo por la desaparición de su hermano Carlos Alfredo Castro Aguirre, visto por última vez en junio de 2004, cuando salió de Fundación en busca de trabajo. Era albañil y el sostén de su madre, María Otilia, quien tocó todas las puertas y enfrentó la dolorosa acusación de que su hijo era un guerrillero abatido. “Lo describieron vestido con camuflado, como si fuera un combatiente”, recuerda Karen.
El acompañamiento a la familia se ha dado a través de organizaciones como el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la Asociación de Familiares Unidas por un solo Dolor. Sin embargo, tras 21 años, la búsqueda sigue sin resultados. Cuenta que en 2024 se exhumaron cerca de 285 cuerpos en el cementerio Eccehomo de Valledupar y aunque algunos coinciden con las características de las personas desaparecidas, las identificaciones aún no llegan.
La lenta respuesta institucional y la impunidad son algunos de los mayores obstáculos. Karen denuncia que las audiencias en la Jurisdicción Especial para la Paz no han ofrecido la verdad esperada. “Los militares insistieron en que no conocen cómo se eligieron las víctimas ni cómo se planearon esos crímenes. Sus relatos fueron fríos, sin empatía”. Para ella, la verdad completa aún está lejos y sin ella, la justicia se ve lejana.
El impacto emocional es profundo. La madre de Carlos Alfredo murió sin haber encontrado respuestas y la familia ha sufrido amenazas y estigmatización por exigir justicia. “Las audiencias han sido frustrantes, sentimos soledad y desconfianza hacia las instituciones. Tememos que los más de 30 militares involucrados puedan eludir sanciones reales”, expresa.
Ante las autoridades, Karen lanza un mensaje contundente: “No pedimos favores, exigimos respuestas. Cada día sin verdad es violencia. Queremos que el Estado actúe con urgencia y humanidad para hallar los restos y la dignidad que merecen Carlos Alfredo y todos los desaparecidos. La JEP debe avanzar y proteger el Eccehomo, y no conceder beneficios hasta que se haga justicia”.
Rocío Escorcia: la búsqueda de verdad
Rocío Escorcia recuerda con lágrimas el día en que su hermano Jhon Jader Escorcia salió de Fundación, Magdalena, a recoger café en la Sierra Nevada, el 28 de junio de 2004. “Al mes nos dijeron que los habían dado de baja el 30 de julio, pero no nos entregaron el cuerpo, y cuando uno no tiene cuerpo, no puede hacer duelo”, relata. Para ella, vivir sin un cadáver que confirme la muerte es un sufrimiento sin cierre.
La búsqueda se intensificó en 2007, cuando EL PILÓN informó sobre cuerpos identificados en Medicina Legal, entre ellos el de su hermano. Sin embargo, al intentar reclamar los restos, recibió una cruel respuesta: “No, mija, olvídese. Esos restos los sacaron en bolsas negras y los llevaron al cementerio en una caja pública”. Este hecho, cuenta Rocío, fue un golpe más duro que la pérdida en sí misma. “Fue como empezar a buscar no a mi hermano, sino sus restos”.
Finalmente, en 2016 recibió los restos de Jhon Jader, pero el impacto emocional fue devastador para su madre. “Se enfermó de tristeza; los médicos no encontraron ninguna enfermedad física, solo melancolía. Murió en 2018”, explica Rocío. A su mamá y al resto de su familia les costó creer que el ejército había matado a su hijo, por eso asistieron a las audiencias realizadas por la JEP en Valledupar del 8 al 10 de octubre de 2025.
Para ella, su hermano era un joven trabajador que luchaba por sacar adelante a su hijo nacido prematuro. Confiesa que cuando su hermano aceptó la oferta para recolectar café en Santa Clara, no lo dudó, pero ese fue el último día que lo vieron con vida.
Sobre las audiencias y el proceso judicial, Rocío tiene claridad: “Esperamos justicia, verdad y que no se repita. Queremos limpiar el nombre de nuestros familiares, que no eran delincuentes sino muchachos nobles de bien. Queremos memoria con verdad para que las futuras generaciones conozcan lo que pasó”.
Hasta encontrarlos
Estas historias personales dan rostro al drama de cientos de familias colombianas que, tras décadas, aún buscan a sus desaparecidos. El caso de Pueblo Bello es uno de muchos en el país, marcado por ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, donde el Batallón La Popa está vinculado a más de 30 militares implicados.
En Colombia, existen más de 21.000 mujeres buscadoras que dedican su vida a localizar a sus familiares víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto armado, según datos recientes del Sistema Nacional de Búsqueda. Estas mujeres, que incluyen a más de 1.500 afrocolombianas, 1.200 indígenas y miles de campesinas, enfrentan múltiples riesgos como la estigmatización, amenazas y violencia basada en género, además de la impunidad que persiste en los casos de desaparición. La Ley 2364 de 2024 busca reconocer y proteger sus derechos, pero el camino sigue siendo arduo en la lucha por la verdad y la justicia para miles de familias afectadas.
Katlin Navarro Luna
