La Procuraduría General de la Nación solicitó a la administración de la ciudad de Valledupar que remita el acto administrativo por medio del cual se crea el Comité Territorial del Mecanismo Articulador que plantea el Decreto 1710 de 2020, a través del cual sectores de justicia, educación, trabajo, salud, entre otros, abordan de manera integral la violencia contra las mujeres como estrategia de gestión pública. 

Esta petición del Ministerio Público es con motivo de la vigilancia y seguimiento al cumplimiento del citado decreto del Ministerio de Salud y Protección Social que ordenó a los departamentos, distritos y municipios realizar el proceso para adoptar y transitar hacia el ‘mecanismo articulador para el abordaje integral de las violencias por razones de sexo y género…’. 

También abarca los hechos que vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por lo que la Procuraduría requirió la misma información a los 1.103 municipios y los 32 departamentos del país. 

‘MELLO CASTRO NO HA CREADO EL MECANISMO ARTICULADOR’

A pesar de esta solicitud, EL PILÓN conoció que el municipio de Valledupar no ha respondido sobre las acciones entre las diferentes sectoriales frente al problema de las violencias de género expresadas mediante el machismo y la intrafamiliar hacia los menores de edad, entre otras. 

En la capital del Cesar han sido víctimas: Carmen Isabel Losada Bueno, ultimada con elemento contundente, el pasado 26 de enero; Luiselen Michelle Rodríguez, asesinada por su compañero sentimental, el 30 de enero; Sindy Julieth Bustos Ospino falleció por asfixia en vía a La Mesa, el 4 de febrero; Nurys Milagro Rubiano, violentada a golpes, el 10 de febrero; María de los Ángeles Araújo, el 4 de abril y 15 del mismo mes, Alix Mercado. 

Esta casa editorial contactó a la administración del alcalde Mello Castro para conocer los avances sobre el particular y desde la Oficina de Gestión Social indicaron que “no ha llegado un cuestionario o solicitud por parte de la Procuraduría sobre este tema”. 

No obstante, la jefe de esta sectorial, Karen Estrada, dijo que aunque no han creado el acto administrativo han venido “trabajando de manera articulada para proteger los derechos de las mujeres, la niñez y  la adolescencia de Valledupar”. 

Estrada se refirió a la política pública de equidad de género que tiene el municipio desde el año 2019 y a la estrategia ‘Las queremos vivas’, campaña con la que han sensibilizado  a 1.190 personas en este año, conforme contó. 

A su turno, Nancy Daza Díaz, miembro de la junta directiva del Consejo Consultivo de Mujeres del Valle de Upar, apuntó que la administración local “además de no haber creado el comité que ordenó el Gobierno nacional, tampoco tienen ruta de intervención psicosocial y se están gastando los recursos de las mujeres”. 

Para Daza Díaz, el alcalde no le ha dado cumplimiento a las líneas programáticas de la política pública y “eso lo sabe la Procuraduría, por eso están presionando para que se creen en todo el país los comités”, subrayó. 

EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR 

Ahora bien, han respondido a la solicitud de la Procuraduría en Astrea, El Paso, La Jagua de Ibirico, Manaure, Pailitas, Pueblo Bello y San Diego, por lo que faltan 18 municipios, es decir, más del 60 % del departamento no ha esclarecido la ruta de atención requerida. 

En lo corrido de este 2022 en el Cesar, han asesinado a 14 mujeres, 6 de ellas en Valledupar, según lo registrado por la prensa local, lo que evidencia que en la capital del departamento es donde más se reportan estos casos. 

EL PILÓN también indagó en la administración departamental sobre las medidas preventivas y de atención a estos casos, pero no se logró obtener información oportuna. 

Sin embargo, Dency Navarro, coordinadora de la Red de Mujeres Comunales del Cesar, consideró que la violencia contra las mujeres en esta región se ha incrementado “por la inoperancia de la Alcaldía y la Gobernación, por lo que toca trabajar con las uñas por culpa de las instituciones”. 

¿HASTA CUÁNDO LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES? 

La procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, Viviana Mora Verbel, ha dicho que “el objetivo es poder contar con el directorio nacional de las presidencias y secretarías técnicas del mecanismo articulador que permita actuar de forma más oportuna, eficiente y expedita frente a los casos de feminicidios, violencia sexual, explotación sexual, y demás violencias”. 

Es preciso mencionar que aunque el Decreto 1710 del 19 de diciembre se expidió hace más de un año, la Capital Mundial del Vallenato no ha creado este grupo técnico y operativo territorial para proteger al 52 % de su población, es decir, las mujeres.

POR ANDREA GUERRA / EL PILÓN. 

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