“Es difícil porque se siente uno limitado para acceder a cualquier servicio. Ni en la Alcaldía, la Gobernación, zonas peatonales y demás espacios en Valledupar”, afirmó Jesús Alberto Urueta Quintero, al referirse a los impedimentos que existen en la capital del Cesar para que las personas en estado de discapacidad puedan realizar libremente cualquier actividad.

Este estudiante, de cuarto semestre Sociología en la Universidad Popular del Cesar, se siente excluido del desarrollo de la sociedad, al igual que los más de 16.000 ciudadanos que permanecen en dicha condición en esta parte del país.

“La ciudad no está pensada para nosotros, hay lugares inexistentes de zonas peatonales, la integridad de uno se ve en peligro. No se ha hecho una campaña de sensibilización para que las personas nos tengan en cuenta”, afirmó Urueta Quintero.

El universitario agregó “un tema tan sencillo y visible de observar son los nuevos buses que llegaron a Valledupar y se están implementando en el servicio de transporte público, los que no están adecuados para nosotros. Eso nos impide llegar a un empleo u otro lugar al que uno desea ir y nos toca tomar cuatro taxis en ida y vuelta, que representan 20.000 pesos diarios y 600.000 mensuales”.

“Yo rechacé un empleo porque no hay posibilidad que vaya al trabajo y vuelva con ese sistema de transporte, y a las empresas no se les ha exigido para que las personas gocen del ejercicio pleno de sus derechos”, aseguró.
Esta dificultad móvil también ocasiona otras dificultades en estos ciudadanos que ameritan una especial atención, los que expresan que ni las maleteras de los taxis están adecuados para cargar con una silla de rueda o demás herramientas necesarias para estas personas.

Así mismo, aseguran que pocas son las vías por donde se pueden movilizar porque no existen zonas peatonales y si las hay no son las adecuadas, así como las infraestructura de las entidades públicas y privadas a donde deben recurrir para cualquier diligencia o simplemente para cumplir alguna labor.

Hecho que, muchas veces, lo cohíbe en salir a las calles para evitar molestias, apatías y decepción de las pocas facultades de los gobiernos de turno para la atención de esta población de gran necesidad.

Las leyes que los cobijan

La Ley 1618 del 27 de febrero del 2013, establece que en la sociedad se deben eliminar las barreras arquitectónicas y actitudinales que impidan el libre desarrollo en las personas con discapacidad, sin embargo estas normas, evidentemente se omiten en esta ciudad.

“No necesitamos leyes, solo que apliquen las que hay. Un ejemplo claro es el de las empresas, que como a ellas no les exigen que apliquen se cohíben de contratarlos porque deben adecuar las instalaciones y brindarnos el apoyo total. No acepto la idea que nosotros estemos en exclusión. Somos cognitivamente igual a las demás personas”, mencionó el estudiante Jesús Alberto.

Por su parte, Elkin Suárez Leiva, un hombre que también sufre la exclusión de las administraciones en programas de vivienda, salud y demás, afirmó que en dicha ley se garantiza y asegura el ejercicio efectivo de los derechos de las personas en situación de discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión y acciones afirmativas.

Suárez Leiva advirtió que, según la Ley 1145 del 2007, todas las entidades estatales deberán incorporar en sus planes de desarrollo una política pública de discapacidad, la que no se ve en Valledupar, según él.

El Plantón por exclusión

El 14 de mayo, las personas con discapacidad en Valledupar se reunirán, a partir de las 8:00 de la mañana, en la plaza Alfonso López para exigirle a la administración municipal  la inclusión de sus derechos, los que, al parecer, han sido vulnerados.

La principales razones de la protesta se basan en que en el municipio esta población no es tenida en cuenta para los programas de vivienda, trabajo, y muchas edificaciones  no tienen acceso para ellos.

Así mismo aseguran que el bienestar será para toda la comunidad ya que nadie está exento de una discapacidad.

Por Merlin Duarte García/El Pilón
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