Cuentan urbanizadores que durante el siglo XX la llegada masiva de inmigrantes a Valledupar permitió un crecimiento urbanístico basado en asentamientos ilegales que luego eran formalizados por las entidades territoriales. Sin embargo, agregan expertos como el arquitecto Santander Beleño, el proceso era diferente, más ordenado.

Valledupar padece el fenómeno de las invasiones: 26  no formalizadas. Un problema social, legal, económico y de orden público porque  han demostrado las investigaciones, que en estos territorios, sin inversión porque la ley lo impide, se propagan con facilidad  el microtráfico, delincuencia común, pobreza, desempleo, etc. 

¡Valledupar no puede crecer a punta de invasiones! Si continuamos  con esa dinámica pronto empeorará el  caos vehicular;  el agua empeorará su continuidad ante el aumento de la demanda sin planificación. Al contrario, las autoridades, con el apoyo del gremio de la construcción, deben apostarle a un crecimiento planeado, organizado, sin perder la identidad.

Desde este medio, el llamado es a controlar la expansión de una nueva invasión en la ciudad de Valledupar, ubicada entre la urbanización Rafael Escalona y el conjunto cerrado Casas de la Pradera Uno. Particulares se han adueñado del terreno cercando pequeños lotes con madera, bolsas de plástico y zinc, para luego venderlos. También crece otro asentamiento a 500 metros de la misma urbanización Rafael Escalona. En dicho predio las familias ya tienen edificaciones más estables. 

Este fenómeno se podría interpretar como resultado o la consecuencia  de los altos índices de pobreza en la ciudad. También caldo de delincuencia. En el año se han registrado siete homicidios en Brisas de la Popa, Esperanza Oriente (margen derecha), Altos de Pimienta, Bello Horizonte y Singapur. 

Hay personas que las promueven, van apuntando los nombres, luego eventuales compradores del derecho. Es decir, los promotores les venden la ‘propiedad’ ajena que se obtiene de la invasión, que se inician, como esta, sobre bienes que el municipio recibe como cesión de los constructores. Su verdadero destino sería construir parques, puestos de salud, centro vecinal, para la dotación del barrio.    

El gerente de Camacol-Cesar, Hernán Felipe Araújo, señaló que la problemática debe ser tratada en un consejo extraordinario de seguridad donde se convoque, además de la administración municipal, a la Fiscalía “para darle captura a los carteles que están promoviendo las invasiones”. 

“Nosotros le hemos planteado a la administración que revise los programas de vivienda social que tienen habilitados porque los constructores estamos en la disposición de ampliar esos programas y profundizar esa oferta para suplir la necesidad de aquellas personas que no tienen casa”, comentó Araujo. 

Hay que apoyar a la Alcaldía en su propósito de evitar y controlar las invasiones ilegales; y debe saber que cuenta con el respaldo ciudadano a la hora de recuperar sus propias tierras y las de quienes legítimamente tienen una propiedad.