La protesta es un derecho ciudadano que tiene respaldo constitucional, consolidado con la Carta Política de 1991, a través de la cual los colombianos pueden expresar, reclamar, sugerir y pedir en el marco del respeto y la legalidad, que le sean garantizados y reconocidos sus derechos individuales o colectivos.
La protesta es un derecho ciudadano que tiene respaldo constitucional, consolidado con la Carta Política de 1991, a través de la cual los colombianos pueden expresar, reclamar, sugerir y pedir en el marco del respeto y la legalidad, que le sean garantizados y reconocidos sus derechos individuales o colectivos.
Los estudiantes de universidades públicas del Cesar manifestaron durante varias semanas sus criterios con relación a los cambios anunciados por el gobernador Luis Alberto Monsalvo a la Ordenanza 005 de 2008, que le dio vida al Fondo Educativo Departamental para la Educación Superior –Fedescesar, los cuales se concretaron y reiteraron cuando el mandatario presentó el Proyecto reformatorio 00017 de 2013 en sesiones extraordinarias de la Asamblea del Cesar, finalmente aprobado luego de los tres debates reglamentarios, para constituirse en la Ordenanza 080 del seis de agosto de 2013.
En ese contexto, también algunos congresistas cesarenses y la Universidad Popular del Cesar expresaron sus críticas y sugirieron ajustes al proyecto, que en su gran mayoría no fueron atendidos por los diputados. Incluso EL PILÓN en editorial del pasado dos de agosto, indicó que una polémica que inició desde febrero de este año, pudo solucionarse durante las sesiones ordinarias de la Asamblea y no en las extraordinarias, en las que generalmente aprueban los proyectos a pupitrazo limpio, tal como ocurrió.
Durante la discusión del proyecto se presentaron protestas estudiantiles en las calles de Valledupar, frente a la Asamblea y la misma Gobernación del Cesar, lo que constituye una muestra de las libertades ciudadanas para manifestar las inconformidades por las medidas que tome el Estado a través de sus instituciones.
Sin embargo, la decisión extrema de un sector de los estudiantes de la Universidad Popular del Cesar de paralizar las actividades académicas y administrativas en las tres sedes de Valledupar, no es una forma correcta y oportuna de protesta porque la etapa de discusión del proyecto ya pasó y la ordenanza es un hecho real que sólo le falta su publicación en la Gaceta Departamental para entrar en vigencia. Ahora los estudiantes o miembros de la comunidad podrán interponer o hacer valer sus inconformidades a través de acciones legales en los estrados judiciales.
Con el cese de actividades los únicos afectados directos son los mismos estudiantes de la UPC, que acaban de iniciar el semestre. Es de anotar que esta Universidad tiene 14 mil estudiantes y sólo se benefician con las ‘becas’ o créditos condonables de Fedescesar el 30% de éstos; es decir, cuatro mil miembros de la comunidad estudiantil, que en su mayoría no participa o no está de acuerdo con el paro. También existe un alto volumen de estudiantes que se matricularon con créditos otorgados por entidades privadas y la parálisis les genera graves problemas, porque en primer lugar no reciben las clases, y en segundo lugar, deben pagar intereses y capital sin recibir el servicio educativo por culpa del paro.
EL PILÓN hace un llamado sensato a la comunidad estudiantil para que reflexione y considere un cambio de actitud frente a las vías de hecho, especialmente porque no es responsabilidad de la UPC la presentación, estudio y aprobación de la mencionada Ordenanza, por lo cual no debe afectarse la dinámica del calendario académico de este semestre. Ahora se espera el Decreto reglamentario de esta nueva Ordenanza que definirá el procedimiento a seguir, que seguramente centralizará la administración de Fedescesar en las oficinas de la Gobernación del Cesar y no en cada universidad, a las cuales se les debe garantizar el giro de los recursos financieros que les adeuda la Administración Departamental por ‘becas’ del primero y segundo semestre 2013.
La protesta es un derecho ciudadano que tiene respaldo constitucional, consolidado con la Carta Política de 1991, a través de la cual los colombianos pueden expresar, reclamar, sugerir y pedir en el marco del respeto y la legalidad, que le sean garantizados y reconocidos sus derechos individuales o colectivos.
La protesta es un derecho ciudadano que tiene respaldo constitucional, consolidado con la Carta Política de 1991, a través de la cual los colombianos pueden expresar, reclamar, sugerir y pedir en el marco del respeto y la legalidad, que le sean garantizados y reconocidos sus derechos individuales o colectivos.
Los estudiantes de universidades públicas del Cesar manifestaron durante varias semanas sus criterios con relación a los cambios anunciados por el gobernador Luis Alberto Monsalvo a la Ordenanza 005 de 2008, que le dio vida al Fondo Educativo Departamental para la Educación Superior –Fedescesar, los cuales se concretaron y reiteraron cuando el mandatario presentó el Proyecto reformatorio 00017 de 2013 en sesiones extraordinarias de la Asamblea del Cesar, finalmente aprobado luego de los tres debates reglamentarios, para constituirse en la Ordenanza 080 del seis de agosto de 2013.
En ese contexto, también algunos congresistas cesarenses y la Universidad Popular del Cesar expresaron sus críticas y sugirieron ajustes al proyecto, que en su gran mayoría no fueron atendidos por los diputados. Incluso EL PILÓN en editorial del pasado dos de agosto, indicó que una polémica que inició desde febrero de este año, pudo solucionarse durante las sesiones ordinarias de la Asamblea y no en las extraordinarias, en las que generalmente aprueban los proyectos a pupitrazo limpio, tal como ocurrió.
Durante la discusión del proyecto se presentaron protestas estudiantiles en las calles de Valledupar, frente a la Asamblea y la misma Gobernación del Cesar, lo que constituye una muestra de las libertades ciudadanas para manifestar las inconformidades por las medidas que tome el Estado a través de sus instituciones.
Sin embargo, la decisión extrema de un sector de los estudiantes de la Universidad Popular del Cesar de paralizar las actividades académicas y administrativas en las tres sedes de Valledupar, no es una forma correcta y oportuna de protesta porque la etapa de discusión del proyecto ya pasó y la ordenanza es un hecho real que sólo le falta su publicación en la Gaceta Departamental para entrar en vigencia. Ahora los estudiantes o miembros de la comunidad podrán interponer o hacer valer sus inconformidades a través de acciones legales en los estrados judiciales.
Con el cese de actividades los únicos afectados directos son los mismos estudiantes de la UPC, que acaban de iniciar el semestre. Es de anotar que esta Universidad tiene 14 mil estudiantes y sólo se benefician con las ‘becas’ o créditos condonables de Fedescesar el 30% de éstos; es decir, cuatro mil miembros de la comunidad estudiantil, que en su mayoría no participa o no está de acuerdo con el paro. También existe un alto volumen de estudiantes que se matricularon con créditos otorgados por entidades privadas y la parálisis les genera graves problemas, porque en primer lugar no reciben las clases, y en segundo lugar, deben pagar intereses y capital sin recibir el servicio educativo por culpa del paro.
EL PILÓN hace un llamado sensato a la comunidad estudiantil para que reflexione y considere un cambio de actitud frente a las vías de hecho, especialmente porque no es responsabilidad de la UPC la presentación, estudio y aprobación de la mencionada Ordenanza, por lo cual no debe afectarse la dinámica del calendario académico de este semestre. Ahora se espera el Decreto reglamentario de esta nueva Ordenanza que definirá el procedimiento a seguir, que seguramente centralizará la administración de Fedescesar en las oficinas de la Gobernación del Cesar y no en cada universidad, a las cuales se les debe garantizar el giro de los recursos financieros que les adeuda la Administración Departamental por ‘becas’ del primero y segundo semestre 2013.