Desde que funciona la entidad, año 2012, y hasta mediados de febrero de 2023, a la dirección territorial de los dos departamentos han llegado 8.141 solicitudes de víctimas que esperan recuperar sus tierras despojadas o que tuvieron que ser abandonadas por la violencia armada.
Es viernes por la tarde y en las oficinas de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) para el Cesar y La Guajira, ubicadas en Valledupar, hay mucho por hacer: los funcionarios se mueven de un lado a otro, leen documentos con concentración o atienden a víctimas del conflicto armado.
La directora territorial de la entidad, Astrid Navarro, tiene en sus manos las cifras históricas de solicitudes de restitución en estos dos departamentos: 8.141, “de las cuales solo se han podido gestionar 8.126 con 15 sin focalización de predios, muchas veces por la zona en la que están ubicados”, explica Navarro.
De esos casos fueron finalizados 7.057, dejando como resultado a 2.138 víctimas que pudieron iniciar la etapa administrativa de restitución, posibilidad que fue negada para 4.919 personas campesinas.
Es decir, la negación es del 69 %, un panorama que también inquieta al director nacional de la URT, Giovani Yule, puesto que hay departamentos con negativas del 80 y hasta del 90 % de las solicitudes.
¿Qué piensa hacer ante esta situación?
Es necesario revisar cómo se estaban atendiendo a las víctimas porque es un índice demasiado alto. En esta administración lo que estamos haciendo es revisando muchos de esos casos que fueron negados y nos estamos focalizando en la población adulto mayor que son cerca de 1.700 de las 4.919 personas que recibieron una negativa.
Hay adultos mayores que están en pobreza extrema o enfermos y eso hace que tengamos que atenderlos rápidamente, entonces estamos revisando esos casos de personas mayores de 60 años o más, incluso algunas han muerto, y revocándolos porque el centro de este Gobierno es la víctima.
También vamos a revisar los casos de connacionales, es decir, los colombianos que se fueron para el exterior porque con ellos se cometió un falla y es que la víctima debe acompañarnos al predio para que lo reconozca y evidentemente ellos no podían hacerlo por estar fuera o porque no se tenía el contacto.
¿Y cómo avanza el proceso de las 2.138 personas que sí lograron inscribirse para lograr la restitución?
Ya se han presentado 1.975 casos del Cesar y La Guajira ante los jueces, y de esos, los juzgados y el tribunal en Cartagena han resuelto 709 sentencias, la mayoría a favor de las víctimas.
Ha ido como achicándose la Unidad, cuando esto empezó era mucho más grande porque había más casos, pero desafortunadamente no los inscribieron. La Ley 1448 de 2011 estableció que las personas que pueden solicitar restitución deben ser casos que hayan ocurrido a partir del 1 de enero de 1991.
¿Cómo es el proceso de atención a una víctima de despojo o abandono forzoso?
El proceso para atender a la víctima en la Unidad es hacer la inscripción, ahí asignan un código y se decide si te inscribes o no. Si te inscribes entras a una etapa administrativa que es donde la Unidad va al predio, hace la georreferenciación, se hacen las pruebas sociales y a partir de esos estudios que duran alrededor de 4 meses es que se decide si se inscribe el proceso para que un abogado inicie la etapa judicial y lo registra ante el juez.
Cuando hay fallo a favor de la víctima, viene la etapa posfallo donde sale una sentencia y a la persona se le restituyen sus derechos con la entrega del predio, si es rural recibe un proyecto productivo por 40 salarios mínimos, asesoría y capacitación durante 24 meses para desarrollar su proyecto, más una vivienda.
También hay una ruta colectiva que atiende a las poblaciones étnicas como consejos comunitarios y resguardos. Tenemos casos en Tamalameque, Chiriguaná, La Jagua de Ibirico, Agustín Codazzi, entre otros. En La Guajira tenemos resguardos y consejos comunitarios en Barrancas, Dibulla, Uribia, Riohacha, Albania…
¿Cree que en su administración se resuelvan los más de 4.000 casos negados?
No. Un proceso debería salir en un año o año y medio, pero hay casos que han durado hasta 3 años por factores como el orden público, el temor de la víctima que no se atreve a ir a la visita predial. En Pueblo Bello pasaron como 4 o 5 años que no se podía hacer visita en campo por los temas de seguridad.
¿Para usted qué significa restituir?
Para mí la restitución es un proceso integral de resarcimiento de la dignidad porque no solo es la compensación como entregar la tierra en sí, sino también la posibilidad de que la víctima pueda recuperar la vida que llevaba porque el desarraigo familiar, cultural y productivo hace que las personas pierdan su dignidad.
Conocí un caso de desplazados de Becerril que terminaron pidiendo limosna en Neiva, Huila, después de tener ferretería, dos fincas, casas, son situaciones duras.
¿Usted es víctima del conflicto armado?
Sí, del paramilitarismo, aunque nunca hice el registro. En el 2000 iba viajando para Cartagena con mi esposo porque acababan de asesinar a su hermano en Bogotá y lo iban a trasladar para Cartagena, en ese momento no teníamos el dinero para los pasajes y como teníamos una moto Honda 125 nos fuimos en ella con un maletín lleno de ropa de luto.
Cuando íbamos por Plato nos cogieron dos camionetas y salieron hombres armados, digo yo que eran metralletas, nos bajaron, nos tiraron al piso y nos pidieron la moto para ‘hacer unas vueltas’. Uno decía “mátalos, mátalos”, pero otro decía que “no, ¿pa’ qué?”.
Yo tenía a mis niños pequeños, les dije que íbamos para un sepelio y les mostré la ropa de luto, entonces nos dejaron tirados en la carretera. Nosotros aún estábamos pagando la moto y la utilizaron para asesinar a una cantidad de personas en Plato, en la zona de Zambrano; hicimos la denuncia, pero nos tocó seguir pagando las cuotas que nos faltaban.
¿Y cómo llegaron a Cartagena?
Fue un proceso traumático, duramos como una hora en la vía, donde pasó un bus de Brasilia y nos llevó hasta el Carmen de Bolívar, de pronto no le parecimos sospechosos. Mi esposo recordó que tenía un primo en Mompox, ahí cerca, y él nos prestó $400.000 porque estábamos llevados en esa época.
Al poco tiempo vivimos una situación más compleja, mi esposo es ingeniero civil y trabajamos con contratos con el Estado en temas de vías y los paramilitares nos extorsionaban con las obras, secuestraban los equipos y las maquinarias si no tenías para pagar, llegamos a perder prácticamente todo.
Lea: El Cesar y La Guajira tienen nueva directora de la Unidad de Restitución de Tierras
Por Andrea Guerra Peña / EL PILÓN.
@andreaguerraperiodista
Desde que funciona la entidad, año 2012, y hasta mediados de febrero de 2023, a la dirección territorial de los dos departamentos han llegado 8.141 solicitudes de víctimas que esperan recuperar sus tierras despojadas o que tuvieron que ser abandonadas por la violencia armada.
Es viernes por la tarde y en las oficinas de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) para el Cesar y La Guajira, ubicadas en Valledupar, hay mucho por hacer: los funcionarios se mueven de un lado a otro, leen documentos con concentración o atienden a víctimas del conflicto armado.
La directora territorial de la entidad, Astrid Navarro, tiene en sus manos las cifras históricas de solicitudes de restitución en estos dos departamentos: 8.141, “de las cuales solo se han podido gestionar 8.126 con 15 sin focalización de predios, muchas veces por la zona en la que están ubicados”, explica Navarro.
De esos casos fueron finalizados 7.057, dejando como resultado a 2.138 víctimas que pudieron iniciar la etapa administrativa de restitución, posibilidad que fue negada para 4.919 personas campesinas.
Es decir, la negación es del 69 %, un panorama que también inquieta al director nacional de la URT, Giovani Yule, puesto que hay departamentos con negativas del 80 y hasta del 90 % de las solicitudes.
¿Qué piensa hacer ante esta situación?
Es necesario revisar cómo se estaban atendiendo a las víctimas porque es un índice demasiado alto. En esta administración lo que estamos haciendo es revisando muchos de esos casos que fueron negados y nos estamos focalizando en la población adulto mayor que son cerca de 1.700 de las 4.919 personas que recibieron una negativa.
Hay adultos mayores que están en pobreza extrema o enfermos y eso hace que tengamos que atenderlos rápidamente, entonces estamos revisando esos casos de personas mayores de 60 años o más, incluso algunas han muerto, y revocándolos porque el centro de este Gobierno es la víctima.
También vamos a revisar los casos de connacionales, es decir, los colombianos que se fueron para el exterior porque con ellos se cometió un falla y es que la víctima debe acompañarnos al predio para que lo reconozca y evidentemente ellos no podían hacerlo por estar fuera o porque no se tenía el contacto.
¿Y cómo avanza el proceso de las 2.138 personas que sí lograron inscribirse para lograr la restitución?
Ya se han presentado 1.975 casos del Cesar y La Guajira ante los jueces, y de esos, los juzgados y el tribunal en Cartagena han resuelto 709 sentencias, la mayoría a favor de las víctimas.
Ha ido como achicándose la Unidad, cuando esto empezó era mucho más grande porque había más casos, pero desafortunadamente no los inscribieron. La Ley 1448 de 2011 estableció que las personas que pueden solicitar restitución deben ser casos que hayan ocurrido a partir del 1 de enero de 1991.
¿Cómo es el proceso de atención a una víctima de despojo o abandono forzoso?
El proceso para atender a la víctima en la Unidad es hacer la inscripción, ahí asignan un código y se decide si te inscribes o no. Si te inscribes entras a una etapa administrativa que es donde la Unidad va al predio, hace la georreferenciación, se hacen las pruebas sociales y a partir de esos estudios que duran alrededor de 4 meses es que se decide si se inscribe el proceso para que un abogado inicie la etapa judicial y lo registra ante el juez.
Cuando hay fallo a favor de la víctima, viene la etapa posfallo donde sale una sentencia y a la persona se le restituyen sus derechos con la entrega del predio, si es rural recibe un proyecto productivo por 40 salarios mínimos, asesoría y capacitación durante 24 meses para desarrollar su proyecto, más una vivienda.
También hay una ruta colectiva que atiende a las poblaciones étnicas como consejos comunitarios y resguardos. Tenemos casos en Tamalameque, Chiriguaná, La Jagua de Ibirico, Agustín Codazzi, entre otros. En La Guajira tenemos resguardos y consejos comunitarios en Barrancas, Dibulla, Uribia, Riohacha, Albania…
¿Cree que en su administración se resuelvan los más de 4.000 casos negados?
No. Un proceso debería salir en un año o año y medio, pero hay casos que han durado hasta 3 años por factores como el orden público, el temor de la víctima que no se atreve a ir a la visita predial. En Pueblo Bello pasaron como 4 o 5 años que no se podía hacer visita en campo por los temas de seguridad.
¿Para usted qué significa restituir?
Para mí la restitución es un proceso integral de resarcimiento de la dignidad porque no solo es la compensación como entregar la tierra en sí, sino también la posibilidad de que la víctima pueda recuperar la vida que llevaba porque el desarraigo familiar, cultural y productivo hace que las personas pierdan su dignidad.
Conocí un caso de desplazados de Becerril que terminaron pidiendo limosna en Neiva, Huila, después de tener ferretería, dos fincas, casas, son situaciones duras.
¿Usted es víctima del conflicto armado?
Sí, del paramilitarismo, aunque nunca hice el registro. En el 2000 iba viajando para Cartagena con mi esposo porque acababan de asesinar a su hermano en Bogotá y lo iban a trasladar para Cartagena, en ese momento no teníamos el dinero para los pasajes y como teníamos una moto Honda 125 nos fuimos en ella con un maletín lleno de ropa de luto.
Cuando íbamos por Plato nos cogieron dos camionetas y salieron hombres armados, digo yo que eran metralletas, nos bajaron, nos tiraron al piso y nos pidieron la moto para ‘hacer unas vueltas’. Uno decía “mátalos, mátalos”, pero otro decía que “no, ¿pa’ qué?”.
Yo tenía a mis niños pequeños, les dije que íbamos para un sepelio y les mostré la ropa de luto, entonces nos dejaron tirados en la carretera. Nosotros aún estábamos pagando la moto y la utilizaron para asesinar a una cantidad de personas en Plato, en la zona de Zambrano; hicimos la denuncia, pero nos tocó seguir pagando las cuotas que nos faltaban.
¿Y cómo llegaron a Cartagena?
Fue un proceso traumático, duramos como una hora en la vía, donde pasó un bus de Brasilia y nos llevó hasta el Carmen de Bolívar, de pronto no le parecimos sospechosos. Mi esposo recordó que tenía un primo en Mompox, ahí cerca, y él nos prestó $400.000 porque estábamos llevados en esa época.
Al poco tiempo vivimos una situación más compleja, mi esposo es ingeniero civil y trabajamos con contratos con el Estado en temas de vías y los paramilitares nos extorsionaban con las obras, secuestraban los equipos y las maquinarias si no tenías para pagar, llegamos a perder prácticamente todo.
Lea: El Cesar y La Guajira tienen nueva directora de la Unidad de Restitución de Tierras
Por Andrea Guerra Peña / EL PILÓN.
@andreaguerraperiodista