Podemos decir sin temor a equivocarnos que la falta de justicia y administración de la misma en este país se convierte en el combustible que multiplica la violencia en todas sus expresiones. Este hecho se manifiesta en disímiles formas, entre ellas, los brotes de corrupción cada día más abismales, burocracia excesiva, violación al código ético, sobre todo en el sector laboral, contratación indebida, cohecho… En ese asalto al poder, no hay ni el interés, ni la seriedad para aplicar la legalidad, menos los planes de desarrollo; se percibe de manera creciente una gran falta de rigor jurídico, de motivación bien fundamentados y claramente expuestos para llegar a una correcta decisión.

Se exige al ciudadano el cumplimiento de requisitos inexistentes en la normatividad, requisitos estos que se adoptan sin atender las reglas, sin una valoración de los hechos, sin análisis de las disposiciones aplicables y en fin carentes de una motivación lógica. En este maremagno de consecuencias, la gestión positiva se invisibiliza, aunque a todas luces sea palpable, perdiéndose entre tanto incoherencia e injusticia. El ciudadano del común tiene la percepción que los exponentes de la justicia sancionan con más severidad un delito menor que a uno de gran impacto; ejemplo, aquel que se robó una gallina le aplican siete años y a otro que desfalca la ciudad le dan la misma pena, pero, a diferencia de aquel, que está en la cárcel, este tiene casa por cárcel.

Son muchas las falencias que hoy se presentan desde el punto de vista administrativo, jurídico, disciplinario, errores por actuación u omisión; ese cambio se logra creando conciencia acerca de la necesidad de dar cumplimiento a los derechos, tú tienes derechos, aquel también. Ante tanta irregularidad y despropósito la gente reacciona con indignación, mostrando el rostro de la tragedia, que suscita una ola de dolor y rechazo, abriéndose la disposición para apoyar el diseño e implementación, calidad y buena orientación de la intervención del Estado, que proporcionará en buena parte su legitimidad y una verdadera gobernanza.

La justicia de hoy mira con interpretación subjetiva y conveniente la resolución de conflictos; los mide desde el punto de vista político y económico, pero sin atención al significado y efecto que tiene el concepto de justicia real, objetiva y verdadera, bajo una perspectiva jurídica. La verdadera justicia está enmarcada dentro de la objetividad, igualdad, transparencia y libertad; acciones estas afirmativas que de cumplirse de manera cabal se convierten en fiel testimonio de inclusión, participación, reconocimiento y garantía de derechos a ciencia cierta y conciencia plena; extendidas en su exacta como real dimensión.

En este orden de ideas es fundamental articular mecanismos que se alineen con la verdadera justicia que se requiere para el logro de una real transformación que va de la mano con los principios éticos y compromisos sociales. Esto, en torno a una constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo, pero desgraciadamente no es así, se antepone el revanchismo, el interés personal, factores que potencian un poder negativo, donde la fuerza de la justicia se vuelve ejercicio de la injusticia activa.