Perdí la cuenta de los rectores en encargo y propiedad que ha tenido la Universidad Popular del Cesar en la última década, pero son innumerables los signos sistemáticos que indican que la naturaleza del alma mater ha sido abortada para engendrar un malévolo conjuro político que ha tenido la fórmula para socavar sus cimientos como lo hace el comején. 

Concibo la política como un ejercicio que requiere liderazgo y autonomía, entiendo la utilidad de las alianzas para disminuir debilidades y ganar fortaleza, pero si este vínculo genera opacidad, porque fueron realizados para favorecimientos particulares, el resultado no puede ser distinto al desastre académico y administrativo que para el caso en comento se refleja en la universidad.   

El entramado montado por la dirigencia política del departamento del Cesar actúa articulado para obtener los escaños de los procesos electorales para integrar el Consejo Superior Universitario. Esta connivencia despliega objetivos politiqueros con jugadores que apuestan atraídos por el encanto de un presupuesto superior a 80 mil millones de pesos anuales, la nómina de 750 profesores, 400 empleados y más de 14 mil estudiantes (datos aproximados). 

Con razón los procesos electorales de la universidad semejan los desarrollados por la actividad política tradicional, en vez de destacarse por el valor intelectual y formación profesional empuñada por los electores y por la naturaleza del contexto académico y universal.  

La Universidad Popular del Cesar debe encarrilarse en el enfoque de las universidades del siglo XXI, las cuales desarrollan esfuerzos en los siguientes interrogantes: ¿la universidad está respondiendo a las necesidades del territorio? ¿Hay pertinencia en las carreras ofrecidas en términos prospectivos? ¿Es suficiente la acreditación institucional y de programas con carácter nacional? ¿Es posible pensar en la acreditación internacional? ¿Qué obstáculos se presentan? ¿Para pensar en un mejoramiento de la calidad y evolución institucional de la universidad, dónde están las prioridades: los profesores, los estudiantes, el plan de estudios, las instalaciones, la investigación y la tecnología? ¿Hasta qué punto el Gobierno nacional es responsable de las actuales dificultades de la universidad?

Dadas las circunstancias sobre los intentos fracasados para la elección del rector de la Universidad Popular del Cesar, las componendas políticas, la inestabilidad institucional y la persistente mediocridad académica, considero menester que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, intervenga al alma mater de los cesarenses. 

Las irregularidades ocurridas son impresentables y constituyen un elemento que despedaza la relación entre universidad y sociedad, caracterizada por la interacción con los mercados, las instituciones, las asociaciones profesionales, los gobiernos locales y nacionales. 

Recientemente fueron emitidos los resultados de QS World University Rankings, que revela las 1.000 mejores universidades de todo el mundo. Dudo que de esto conozcan los altos estamentos de responsabilidad y decisión de la Universidad Popular del Cesar. Entiendan que la función de la universidad está apoyada en la llamada triple hélice (Estado, Empresa, Universidad), para implementar la estrategia fundamental para el desarrollo de tres acciones prioritarias en el mundo de hoy: la competitividad, la innovación y la transformación de la universidad.