Como en la fábula ‘La ardilla’, de Tomás Iriarte, después de tantas idas y venidas, tantas vueltas y revueltas, se radicó, con mensaje de urgencia, el proyecto de reforma tributaria en el Congreso de la República y solo en ese momento el Gobierno destapó sus cartas, cuyos ases eran la ampliación de la base del impuesto de renta y la del IVA. Con ello se pretendía recaudar $28 billones, de los cuales al descontar los $4.6 billones que corresponden al Sistema General de Participaciones (SGP) le daba un neto a la nación de $23.4 billones.

La reacción en contra del proyecto no se hizo esperar, el rechazo fue general, al punto que el presidente Duque no cuenta con el apoyo en el Congreso para su trámite y aprobación, ni siquiera con su propio partido. En todo el país se adelantaron y continúan adelantándose marchas y movilizaciones de protesta contra el engendro. Y no es para menos.

Nadie duda sobre la necesidad de arbitrar los recursos para cubrir el déficit, pero lo inadmisible de esta reforma era su carácter alcabalero, injusto, desproporcionado y sobre todo que la mayor carga impositiva recayera sobre la clase media, acentuando la regresividad del Estatuto tributario.  

En medio de la crispación causada y el reclamo generalizado para que el Gobierno retirara el proyecto de reforma y se dé la concertación con los partidos políticos, con los gremios, los sindicatos, las organizaciones sociales y la sociedad civil, para tratar de conciliar el que podría ser un texto consensuado, el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Duque y su exministro de Hacienda, insistieron con terquedad aragonesa en su trámite.

Pero todo fue en vano, al presidente Duque no le quedó otro camino que el retiro del impopular proyecto. 

En medio de este zambapalo, la turbación del orden público y la pandemia, la Andi y Fenalco-Acopi le presentaron al Gobierno y al Congreso una propuesta, la cual coincido con el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo en calificar como sensata. Su propuesta consiste básicamente en el aplazamiento de la entrada en vigor de varios de los beneficios tributarios que se les dispensaron a las empresas en la reforma tributaria anterior, entre ellos el descuento del ICA, la reducción de la tarifa de renta, que sumados a un impuesto sobre el patrimonio y otras adehalas más, con el cual se podría lograr un recaudo de $12.4 billones. 

Por su parte, FENALCO y ACOPI están dispuestos a renunciar a 2 de los 3 días sin IVA, lo cual le representaría al Gobierno nacional ingresos adicionales por valor de $1 billón. De modo que, sumadas estas dos propuestas, que están sobre la mesa, le representarían al Gobierno nacional $13.4 billones  de mayores ingresos y podrían servir de base para el nuevo proyecto. De esta manera ni se ampliaría la base del impuesto de renta ni se ampliaría la base del IVA, que intentaron aprobar y que mereció el más rotundo rechazo.