Luego de leer el hecho noticioso “Cure contra Maya Villazón: ¿En qué se gastaron $18 billones de la energía?”, publicado en el diario El Universal el día 6 de septiembre de 2018, me veo obligado a realizar una necesaria aclaración, dado a que las expresiones usadas en la noticia contienen información errónea, imprecisa y equivocada, que al ser difundida de esa forma distorsionan el concepto público sobre una administración de la cual hice parte activa y que siempre tuvo un serio compromiso de trabajo y responsabilidad con el país.

Si bien el tema abordado por la referida nota es probablemente el más complejo en términos técnicos del sector eléctrico, la administración del Contralor Maya Villazón atendió de forma responsable, en el marco propio de las funciones constitucionales y competencias, los asuntos que hacen parte de la dinámica del sistema eléctrico colombiano durante el periodo 2014 – 2018.

Para el caso particular que se controvierte en la referida nota de prensa, se llevaron a cabo todas las acciones de control fiscal sectorial de carácter macro y micro posibles para vigilar el uso de los recursos públicos. A manera de referencia se elaboraron ejercicios de control fiscal que fueron compartidos con el país: alertas sobre los riesgos en el abastecimiento del gas natural, especialmente para la región caribe; seguimiento a los recursos del cargo por confiablidad; evaluación de la Gestión a la intervención estatal frente a la crisis generada por el cargo por confiabilidad, como fue el caso de Termocandelaria S.C.A. E.S.P.; y también el seguimiento a la situación de la prestación del servicio eléctrico a cargo de la empresa Electricaribe S.A. E.S.P.

La Honorable Representante Cure, en su derecho de efectuar control político, y el país como constituyente primario, pueden recordar los múltiples pronunciamientos que fueron de público conocimiento y que permitieron cuidar las políticas y los intereses públicos de los colombianos y la región caribe. En concreto, el cargo por confiabilidad fue empleado para evitar los costos de un racionamiento; sin embargo, no es un recurso que haga parte del Presupuesto General de la Nación, sino un cargo de un mercado en competencia regulada. No obstante, tuvo la identificación de irregularidades relevantes para el periodo del año 2015 – 2016, que se dieron por deficiencias en materia de planeación y que llevaron a la necesidad de adelantar ajuste de tarifas, impactando al componente de subsidios cubiertos con recursos del Presupuesto General de la Nación. Igualmente, se evidenció como el Ministerio de Minas fue ineficaz frente a la crisis energética, donde faltó diligencia y coordinación entre las instituciones, y las medidas propuestas fueron tardías.

También quedó claro como algunas de las empresas no solo no le están dando el uso indicado por el regulador, sino que pueden incurrir en riesgos de iliquidez para la época en que se hacen exigibles las Obligaciones de Energía en Firme (OEF), convirtiéndolo en un riesgo para el sistema eléctrico. Tal fue el caso de Termocandelaria, que terminó siendo intervenida por la Superservicios, con los costos que ello implicó para el país.

La Honorable Representante pareciera olvidar u omitir, que el descubrimiento de las inconsistencias en millones de facturas se llevó a cabo durante la Administración Maya Villazón, a través de técnicas modernas como el Big Data, siendo él quien dio a conocer a la opinión pública la gravedad del asunto.

Con respecto a lo que la protagonista de la nota denomina una “opaca gestión que solo logró recuperar el 5 % de $148 mil millones en procesos fiscales y que de 1.810 de ellos en el Caribe solo logró rescatar $8 mil millones”, nuevamente es mi deber hacer la siguiente precisión: para el período 2014-2018 la administración del Dr. Edgardo Maya Villazón obtuvo resarcimiento del patrimonio del Estado por la suma de $744.337 millones de pesos, la cifra más alta recaudada en la historia de la Contraloría General de la República, incrementando en más de 330% lo recaudado en el período 2010-2014, e igualmente estableciendo un record histórico en materia de hallazgos fiscales, como en el caso de Reficar, por más de $2.400 millones de dólares.

Si bien los cuestionamientos de la Honorable Representante Cure están dentro de sus facultades, resultan equivocados. No es el control fiscal posterior, que es la competencia de la Contraloría General de la República, ni tampoco una administración en particular, como el caso de la más reciente entre 2014-2018, la que se deba señalar como responsable de una problemática tan compleja que, como se ha aclarado aquí, se encuentra rodeada de las acciones y omisiones de muchas otras instancias, tanto públicas como privadas.

Por Mauricio Gutiérrez Dangond