El estricto control que inició en agosto el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro en la frontera con Colombia, y que fue extendido en septiembre otros tres meses, para evitar el contrabando de gasolina y alimentos, está dando sus resultados, especialmente en el tema del combustible que ingresa de manera ilegal al país a hacerle la competencia a las estaciones de servicio legales, que reiteradamente han dado a conocer su delicada situación financiera por las bajas ventas registradas.

El municipio de La Paz, que se convirtió en el epicentro del almacenamiento y redistribución de gasolina venezolana a otros puntos del Cesar y varios departamentos de la Costa Caribe, presenta hoy otro panorama porque los controles impiden el ingreso de combustible y el poco que queda o que logran traer, deben venderlo a precios exorbitante.

El galón de gasolina de contrabando que llegó incluso a vender a 3.800 pesos, se consigue hoy a 9.000 y 10 mil pesos, lo que no representa para los expendedores ningún negocio debido a que en las estaciones de servicio, el galón de gasolina corriente asciende a los 7.100 pesos.

En Valledupar y otros municipios del norte del Cesar se nota la escasez de gasolina venezolana. Este es el escenario ideal, porque las gasolineras colombianas repuntan en sus ventas y así aumentan los pagos por sobretasa a los municipios, recurso que es invertido en obras para las comunidades. Ahora con la escasez del combustible de contrabando se puso al descubierto que los dueños de las estaciones de servicio no tenían los tanques de almacenamiento llenos y no estaban ocupando todo el cupo asignado, según explican por las bajas ventas (400 galones diarios, que hoy han subido a 3.000 galones), de ahí las largas filas en la estaciones para comprar gasolina.

Con todo este panorama alentador para el gremio expendedor de combustible, es importante tener en cuenta dos aspectos fundamentales que le dan tranquilidad al comprador. El primero es que las gasolineras no vendan el cupo a otras ciudades, sino que lo utilicen en su totalidad y puedan cumplir con la demanda, y el segundo es que las alcaldías, en especial la de Valledupar, haga un control a los surtidores, bien sean mecánicos o electrónicos, para que el cliente tenga la seguridad de que recibe lo que está pagando, haciendo eco a la gran preocupación de muchos propietarios de vehículos sobre la real medida de un galón. Aquí se necesita que el control de precios y medidas se haga urgente y con seguimiento.

Que se acabe la venta de gasolina venezolana, pero que vendan el galón completo de la colombiana. Ofrecer la medida exacta es lo que más interesa e impacta al consumidor de combustible.